La decisión judicial ignora, según el letrado de la defensa, el vídeo aportado a la causa, que muestra los hechos.
La Marea, 28 mayo 2021. Miquel Ramos
El juzgado de primera instancia nº 5 de Alcorcón (Madrid) ha archivado las denuncias de varios activistas por los golpes recibidos durante una carga policial posterior a la paralización del desahucio de una mujer y sus cuatro hijos en septiembre de 2019. No obstante, se mantiene la acusación contra tres personas que resultaron detenidas por haber, supuestamente, agredido a los agentes.
Según las declaraciones de los agentes y de los cerrajeros que actuaron, a quienes los manifestantes identificaron como miembros de una empresa que se dedica a ejecutar desahucios, los activistas golpearon la furgoneta de estos y les impidieron el paso. Fue entonces cuando varios agentes de la Policía Nacional intercedieron y cargaron, lo que causó heridas a cinco personas y dos de ellas fueron detenidas.
Vídeo en torno al desahucio
Esta decisión judicial ignora, según el letrado de la defensa, el vídeo aportado a la causa. Según consta en el recurso que ha presentado este abogado, “[en] el vídeo es tan evidente y objetivo lo que sucede que es difícil comprender el tenor del auto objeto del recurso”, y califica de “ciertamente sorprendente y frustrante” que el juzgado de instancia indique que la actuación de la Policía es proporcionada y en el ejercicio legítimo de su cargo, “además de anticipar el debate que debe quedar precluido al acto del juicio oral”. El letrado hace referencia a las lesiones de sus clientes, “de una claridad y brutalidad manifiesta”, para oponerse al archivo de la causa sobre las mismas.
La versión de los investigados es totalmente distinta, y se remonta a meses antes, cuando, según una de las activistas, varios de sus compañeros empezaron a recibir amenazas y coacciones por parte de varios miembros de una empresa de desahucios, tratando de intimidarlos. Según su denuncia, hombres corpulentos, con ropas negras y con actitud desafiante iban incluso a los domicilios de los miembros de los colectivos del barrio para advertirles que no se interpusieran ante los desahucios.
Es por esto que, el día del desahucio fallido identificaron a varios de los supuestos “cerrajeros” como miembros de este grupo, explica una de las personas imputadas. “La Policía avisó a estos hombres y se retiran a una furgoneta que estaba enfrente de la convocatoria. Al pasar al lado de los manifestantes, empiezan a señalarles y a reírse de ellos antes de marcharse”, asegura. Los manifestantes, según su versión, les gritaron desde la distancia, ya que el dispositivo policial los separó desde el primer momento.
Heridas por golpes
Según las personas investigadas, incluso se aportó a la causa un vídeo grabado desde dentro de dicha furgoneta donde se observa que los manifestantes están a cierta distancia. Aun así, los agentes, siempre de acuerdo con la versión de los manifestantes, empezaron a golpearles sin motivo alguno: “Uno de los policías propina un puñetazo en la cara a uno de los compañeros”, iniciando así la secuencia que recoge el vídeo, explica una de las personas heridas, que tuvo que ser atendida en el hospital por un golpe de porra en la cabeza que requirió siete grapas.
Según el juez, el vídeo «no recoge el principio de los hechos que motivan la actuación policial, y en la que en todo caso se recoge cómo los agentes de la policía intentan que los manifestantes se retiren del lugar de los hechos”.
Las dos personas detenidas durante los incidentes y una tercera son investigadas por un presunto delito de alteración del orden público, atentado agente de la autoridad y delito leve de lesiones. El abogado de la defensa ha presentado un recurso de apelación por vulneración de derechos fundamentales: “No existe prueba alguna de la comisión por mis representados de ilícito alguno; es más, de nuevo en los vídeos se acredita su nulo acometimiento frente a ningún agente, por lo que en este sentido sí debe decretarse el sobreseimiento libre de los mismos, por cuanto no existe ni prueba ni indicio alguno, puesto que el atestado redactado por los agentes es refutado de forma objetiva por los vídeos obrantes en la causa».
