Archivan la denuncia a policías y mantienen la acusación a activistas heridos en un desahucio

La decisión judicial ignora, según el letrado de la defensa, el vídeo aportado a la causa, que muestra los hechos.

La Marea, 28 mayo 2021. Miquel Ramos

El juzgado de primera instancia nº 5 de Alcorcón (Madrid) ha archivado las denuncias de varios activistas por los golpes recibidos durante una carga policial posterior a la paralización del desahucio de una mujer y sus cuatro hijos en septiembre de 2019. No obstante, se mantiene la acusación contra tres personas que resultaron detenidas por haber, supuestamente, agredido a los agentes. 

Según las declaraciones de los agentes y de los cerrajeros que actuaron, a quienes los manifestantes identificaron como miembros de una empresa que se dedica a ejecutar desahucios, los activistas golpearon la furgoneta de estos y les impidieron el paso. Fue entonces cuando varios agentes de la Policía Nacional intercedieron y cargaron, lo que causó heridas a cinco personas y dos de ellas fueron detenidas. 

Vídeo en torno al desahucio

Esta decisión judicial ignora, según el letrado de la defensa, el vídeo aportado a la causa. Según consta en el recurso que ha presentado este abogado, “[en] el vídeo es tan evidente y objetivo lo que sucede que es difícil comprender el tenor del auto objeto del recurso”, y califica de “ciertamente sorprendente y frustrante” que el juzgado de instancia indique que la actuación de la Policía es proporcionada y en el ejercicio legítimo de su cargo, “además de anticipar el debate que debe quedar precluido al acto del juicio oral”. El letrado hace referencia a las lesiones de sus clientes, “de una claridad y brutalidad manifiesta”, para oponerse al archivo de la causa sobre las mismas.

La versión de los investigados es totalmente distinta, y se remonta a meses antes, cuando, según una de las activistas, varios de sus compañeros empezaron a recibir amenazas y coacciones por parte de varios miembros de una empresa de desahucios, tratando de intimidarlos. Según su denuncia, hombres corpulentos, con ropas negras y con actitud desafiante iban incluso a los domicilios de los miembros de los colectivos del barrio para advertirles que no se interpusieran ante los desahucios. 

Es por esto que, el día del desahucio fallido identificaron a varios de los supuestos “cerrajeros” como miembros de este grupo, explica una de las personas imputadas. “La Policía avisó a estos hombres y se retiran a una furgoneta que estaba enfrente de la convocatoria. Al pasar al lado de los manifestantes, empiezan a señalarles y a reírse de ellos antes de marcharse”, asegura. Los manifestantes, según su versión, les gritaron desde la distancia, ya que el dispositivo policial los separó desde el primer momento. 

Heridas por golpes

Según las personas investigadas, incluso se aportó a la causa un vídeo grabado desde dentro de dicha furgoneta donde se observa que los manifestantes están a cierta distancia. Aun así, los agentes, siempre de acuerdo con la versión de los manifestantes, empezaron a golpearles sin motivo alguno: “Uno de los policías propina un puñetazo en la cara a uno de los compañeros”, iniciando así la secuencia que recoge el vídeo, explica una de las personas heridas, que tuvo que ser atendida en el hospital por un golpe de porra en la cabeza que requirió siete grapas. 

Según el juez, el vídeo «no recoge el principio de los hechos que motivan la actuación policial, y en la que en todo caso se recoge cómo los agentes de la policía intentan que los manifestantes se retiren del lugar de los hechos”. 

Las dos personas detenidas durante los incidentes y una tercera son investigadas por un presunto delito de alteración del orden público, atentado agente de la autoridad y delito leve de lesiones. El abogado de la defensa ha presentado un recurso de apelación por vulneración de derechos fundamentales: “No existe prueba alguna de la comisión por mis representados de ilícito alguno; es más, de nuevo en los vídeos se acredita su nulo acometimiento frente a ningún agente, por lo que en este sentido sí debe decretarse el sobreseimiento libre de los mismos, por cuanto no existe ni prueba ni indicio alguno, puesto que el atestado redactado por los agentes es refutado de forma objetiva por los vídeos obrantes en la causa».

Entrevista.Deportación de migrantes en Ceuta: “El Mediterráneo es una fosa común, mueren miles de personas”

En Alerta Spoiler hoy conversamos con Miquel Ramos, periodista del NYT en español, Público, TV3 y otros medios, quién reside en el Estado español sobre la brutalidad del Gobierno español que expulsó miles de migrantes en Ceuta.

Jueves 20 de mayo Izquierda Diario (Argentina)

Aquí te dejamos las principales definiciones de Ramos, y te invitamos a ver la entrevista completa. “El Gobierno de España tiene un convenio con marruecos para controlar que las personas no crucen las fronteras.”  “Marruecos dejó que crucen las fronteras para presionar a España y la UE en otros asuntos.”  “El gobierno de España emplazó al ejército para controlar las 6 mil personas que vinieron”  “Marruecos se aprovecha de las necesidades de la gente que emigra para poner a España en aprietos, para chantajear a la UE”. “Las personas llegaron nadando a Ceuta.”  “La necesidad de migrar está por encima de cualquier política migratoria que pueda implementar Europa.”  “Europa paga a estos países para que los migrantes no lleguen al continente.”  “La única política migratoria europea es la militarización y la paga a países africanos para que no abran las fronteras”  “El rey de marruecos es un dictador que vive en la más absoluta opulencia mientras tiene a su pueblo muerto de hambre.”  “El Mediterráneo es una gran fosa común donde mueren miles de personas por no existir vías seguras para llegar a Europa.”  “Europa entiende la migración como si fuese una amenaza o terrorismo.”  “Europa instrumentaliza la inmigración como fuerza de trabajo por encima de personas con necesidades”  “Toda persona que llegue a un país de forma irregular tiene derecho a que se analice su situación por ley”  “Aquí no se ha analizado la situación de la gente, se la ha devuelto en caliente a marruecos sin tener en cuenta sus DDHH”  “Hay connivencia de autoridades europeas en estas deportaciones.”  “La población de Marruecos está sometida a una dictadura, están empobrecidos por falta de trabajo y servicios.”  “En España se aprovechan de la vulnerabilidad de esta gente, se basan en la explotación de los migrantes.”  “La población marroquí es rehén de su gobierno y de la complicidad europea.”  “Hace unos años agentes de la guardia civil dispararon contra personas que nadaban hacia la costa con varias personas muertas quedando impunes”  “Las vulneraciones de los DDHH en las fronteras son constantes”  “En España existe una prisión especial para personas que inmigraron de forma irregular”  “Son deportados de forma irregular y hasta en condición de sedación”  “Las mafias muchas veces son las que se aprovechan de estas personas para hacer negocios con estas personas”

La impunitat de l’extrema dreta al País Valencià

El programa Zoom (À Punt) analitza les agressions i actes violents de l’extrema dreta valenciana, que la premsa ha recollit en els últims 50 anys. Entre les que figures morts; agressions; atacas a seus, locals i monuments; atemptats amb explosius, incendis i boicots

La Fiscalía pide siete meses de prisión para la portavoz de Hogar Social por desobediencia

  • El Ministerio Público expone que Melisa Domínguez “se negó reiteradamente a acatar las órdenes” de los policías para que depusiese su actitud de permanecer sentada junto a la puerta de entrada de la sede del PSOE
La Fiscalía de Madrid solicita siete meses de prisión para la portavoz de la organización ultraderechista Hogar Social, Melisa Domínguez, por un delito de desobediencia. Los hechos investigados sucedieron en enero de 2020, cuando miembros del colectivo ultraderechista acudieron a la sede del PSOE a manifestarse después de que ese mismo día la Policía les hubiese desalojado de un edificio que estaban ocupando cerca de Plaza de España (Madrid).

El escrito de acusación recoge que el 9 de enero de 2020 Domínguez “se dirigió junto a otras quince personas, todas ellas integrantes del colectivo Hogar Social Madrid, a la sede del Partido Socialista Obrero Español” y se sentaron “en el suelo junto a la puerta de entrada y en el espacio comprendido entre ésta y los tornos y controles de seguridad”, según expone el departamento de prensa del Ministerio Público en un comunicado.

“La acusada se identificó como portavoz del grupo y se negó reiteradamente a acatar las órdenes que le fueron dadas por el responsable de seguridad de la sede y por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para que abandonara el lugar”, expone la Fiscalía, que detalla que Domínguez continuó “persistiendo en su negativa, hasta que, finalmente, los agentes policiales tuvieron que desalojarla contra su voluntad” .

En un auto, emitido el 15 de febrero, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Madrid descartó que Domínguez cometiese un delito de allanamiento, como solicitaba la defensa del PSOE, que ejerce la acusación particular. Para la magistrada, “basta el visionado del contenido de las imágenes aportadas para comprobar” cómo ni Domínguez ni el resto de manifestantes “trataron de pasar los tornos de acceso a las instalaciones del partido, situándose en la zona de acceso y en las puertas de entrada al edificio desde la calle”, aunque a su vez reconoce que “la presencia del grupo en el lugar dificultó la entrada y salida a la sede del partido”. Y se limitó a enmarcar los hechos en un presunto delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad.