20N – 2022: Insultos a las víctimas del franquismo y actos de enaltecimiento del fascismo

Autorizan actos fascistas en recuerdo de Franco y José Antonio Primo de Rivera a pesar de la nueva Ley de Memoria Democrática. Una marcha falangista con saludos fascistas y exhibición de banderas y símbolos de la dictadura, varias misas y el peregrinaje habitual de nostálgicos al Valle de Cuelgamuros el 20N con insultos a las víctimas del franquismo.

Ayuso como excusa

El pasado domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en Madrid para defender la sanidad pública y denunciar la mala gestión del Gobierno de Ayuso. Ha sido inútil el esfuerzo de la derecha por tapar el fracaso de su modelo de gestión de los servicios públicos así como el de ocultar el éxito de la protesta. Por mucho que sus voceros y compinches se esfuercen en minimizarlo y en criminalizarlo, tanto las imágenes de la multitudinaria protesta como las razones de la misma, sitúan a la derecha en un terreno difícil, haciendo malabares discursivos para salir al paso, insultando a los manifestantes e incluso difundiendo bulos sin ningún tipo de vergüenza. Sacando el comodín de ETA, llamando ‘pancarteros’ a los manifestantes, y tratando de memos a sus seguidores diciendo que quien defiende la sanidad pública está en realidad conspirando para instalar una república federal laica en España.

El telón de acero que la presidenta construyó para mantener a raya el comunismo que se cernía sobre el resto de España durante y después de la pandemia, y que le sirvió para ganar las últimas elecciones, tiene ya varias grietas que a la derecha le está costando tapar. La estrategia consistía en tratar de situar a toda su oposición en el comunismo, agitando el viejo fantasma y oponiéndolo a la supuesta libertad que ofrecen ella y sus socios. Sin embargo, el plan no funciona tanto cuando quien es usuario de la sanidad pública, aunque la haya votado, entiende perfectamente la reivindicación de la manifestación, e incluso estaba allí, al ver que le resulta imposible ser atendida por un médico cuando lo necesita.

Situar en el comunismo la defensa de los servicios públicos es un error de cálculo de la derecha, que regala a la izquierda una de las banderas más preciadas de las democracias liberales. Partiendo de la esquizofrenia manifiesta de la derecha, que, por una parte, reivindica la buena salud y la mejor gestión de los servicios públicos, pero por otra, acusa a quien pide no solo defenderla sino mejorarla, destapa la trampa. Pintar cualquier medida socialdemócrata de comunista, por mucho que en la cabeza de los neocons sea un plan perfecto, puede tener un efecto bumerán que normalice todavía más el comunismo que pretenden estigmatizar.

Thank you for watching

La batalla cultural que la derecha lleva años librando contra el sentido común progresista no es infalible. Estos contrapiés de la derecha, hoy respecto a la sanidad pública, pero mañana sobre cualquier otro asunto de interés público, son los puntos débiles de toda la carcasa neoliberal que luego, encima, se arroga el patrimonio de la buena gestión de la cosa pública. Ayuda, además, a presentar a la izquierda, con todas sus diferencias, contradicciones y miserias, como la única garante de los servicios públicos, los que usa la gran mayoría de la ciudadanía, vote a quien vote.

Pero sería un error también leer esta batalla tan solo en términos electorales. La movilización por la sanidad pública no fue obra, como dice la derecha, de un complot de las izquierdas institucionales, de los partidos, sino que surgió de los propios profesionales y movimientos sociales que llevan años peleando por los servicios públicos. Estas plataformas deben pelear para no ser patrimonializadas por nadie, por mucho que se arrimen los políticos para salir en la foto, y por mucho que se estimule en estas movilizaciones la vía electoral para echar a los malos gestores. Nadie nos asegura que, una vez esté fuera Ayuso, los servicios públicos se vuelvan eficientes, aumenten su calidad y se vuelvan universales. Ni que la sanidad ni el resto de servicios públicos y derechos humanos estén garantizados allá donde no gobierna la derecha.

Esta semana hemos visto cómo la Policía entraba a golpe de maza para desahuciar a una familia con menores y enfermos de cáncer en el barrio madrileño de Tetuán, y esto no es competencia de Ayuso precisamente. También hemos visto cómo, con la propuesta de derogación del delito de sedición, se incluye todavía más pena al delito de desórdenes públicos con algunos añadidos que dejan a los pies de los caballos a numerosos movimientos sociales y actos de protesta pacífica a merced demasiadas veces de las versiones policiales. Tampoco es cosa de Ayuso la masacre de Melilla que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trata de esquivar ante la avalancha de evidencias y la investigación del Defensor del Pueblo. Y así podríamos enumerar infinidad de asuntos del actual Gobierno, que nos señala el caos sanitario en Madrid pero esquiva cínicamente sus propias miserias que afectan también a nuestros derechos y libertades.

Quizás la sanidad sea un punto de partida para volver a ver las calles llenas por múltiples reivindicaciones, no solo contra Ayuso por su gestión de la sanidad en Madrid, sino también en otras partes del Estado donde los servicios fallan y los derechos se ven mermados, gobierne quien gobierne. Reducir la responsabilidad de la pauperización de los servicios públicos, los mangoneos y el autoritarismo a las políticas del PP y sus socios es lo que quieren los partidos de la oposición en Madrid, pero no sirve para el conjunto del Estado, donde gobiernan otras formaciones y estos y otros problemas se repiten. Porque el problema es el modelo neoliberal que durante años se han empeñado en apuntalar unos y otros gobiernos.

Salvar lo que queda de los servicios públicos, tan vitales para unos y tan suculentos para el negocio de otros, es hoy tildado de comunismo, algo que ni lo es ni pretende serlo, por mucho que se empeñe la derecha. Usan la excusa de Ayuso para retomar el poder y hacer un poco menos daño que ella, pero sin tocar demasiado el marco, sin cambiar las reglas del juego. Porque por mucho que nos traten de convencer con el caos de la gestión sanitaria madrileña para atizar otro fantasma, el de la derecha y la extrema derecha, más les vale aplicar todas aquellas medidas que garantizaran de verdad una vida digna más allá de la cita con el médico, ahora que todavía gobiernan y todavía pueden. No teman que los llamen comunistas. Prediquen con el ejemplo.

Columna de opinión en Público, 16 de noviembre 2022

Nos mean y dicen que llueve

Cuando el tiempo nos da la razón, quizás sea ya demasiado tarde. Es por eso por lo que tardan tanto en reconocer la verdad quienes la podrían haber reconocido antes, pero no lo hicieron para quedar impunes y esperar que su relato se instalase en las páginas de la historia oficial. Es lo que hemos visto con el rey emérito cuando han salido periodistas cortesanos a admitir que mintieron y ocultaron información para salvaguardar la institución, e incluso, según ellos, también la democracia. Sabían que el Rey hacía negocios sucios, que la liaba parda allá donde iba y que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo contaba, excepto los cuatro rojos a quienes nadie creía. Todos callaron a voluntad o fueron amenazados para hacerlo. Trajo petróleo, hizo ricos a varios empresarios y ayudó a lo que ellos entienden que es el país, es decir, ellos mismos. Hoy lo reconocen. Y no pasa nada. Ellos eran y son los verdaderos demócratas.

Algo parecido a lo que nos regaló el exministro del Interior y responsable del terrorismo de Estado de los GAL, José Barrionuevo, con absoluta tranquilidad, en una entrevista reciente. Y es lo que volverá a pasar con la basura actual que muchos denuncian, incluso con pruebas, y otros lo niegan hasta con la evidencia en su cara. Que hasta dentro de unos años, cuando ya ni nos acordemos, y todos los responsables estén a salvo, salga a relucir la verdad. Como pasa cada vez que se desclasifican documentos y se descubre que alguien ya lo dijo pero se le trató de loco, de alborotador, de conspirador o de ácrata.

Pensar que la mentira y no asumir responsabilidades ni rendir cuentas forma parte del juego político es no creer en la democracia. Que un ministro del Interior se permita el lujo de negar lo que múltiples medios de comunicación llevan demostrando desde hace meses, en un asunto además tan feo como la muerte de decenas de personas demuestra que no debería ejercer tal cargo. Las muertes en la valla de Melilla han sido documentadas por varios medios como Público, y más recientemente por la BBC, donde se desmonta la versión oficial que el ministro se empeña en inyectar.

La garantía de impunidad permite este tipo de lujos. Se libró Juan Carlos I de sus fechorías porque tenía un buen ejército de plebeyos a su servicio, al mando del Estado, de la judicatura, de los servicios secretos y de los principales medios de comunicación que se encargaban de limpiarle el culo cada vez que se lo ensuciaba. Y se libró Barrionuevo con varios muertos sobre la mesa, algunos de estos hasta sin uñas de las torturas patrocinadas por su ministerio. Y se librará Marlaska una vez más por la muerte de varias personas en nuestra frontera, como se libró cuando no vio las torturas que denunciaron varios detenidos y él se negó a investigar. Solo con este recorrido garantizado, alguien estaría dispuesto a asumir el cargo y el marrón que este supone si algo se tuerce y no cuenta con el apoyo de quien le puso ahí. Eso sí, prescindiendo de toda dignidad y de toda vergüenza, por muchas medallas que tenga, por muchas palmaditas en la espalda que reciba de los suyos, y muchos cuadros que le pinten y cuelguen en el Congreso.

Ayer, la comisión de la Eurocámara que investiga el espionaje mediante Pegasus a varios líderes y activistas independentistas catalanes señaló al Gobierno español como responsable: “probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO”, dice el informe. La eurodiputada liberal holandesa que lo presentó se quejó de que el Gobierno español no da información al respecto. “Los Gobiernos deben ser controlados por los ciudadanos, no al revés”, añadió. Exige, como debería hacerlo cualquier demócrata, que los Gobiernos rindan cuentas ante la ciudadanía. No lo harán. Ni con esta trama donde hay implicados otros países como Marruecos e Israel contra nuestros conciudadanos e instituciones. Incluso habiéndoles pillado con las manos en la masa. Están acostumbrados a no hacerlo, pues no hay sanción ni reproche, gracias también a un aparato judicial cómplice que permite al Estado, a sus regímenes aliados y a sus funcionarios actuar como consideren oportuno. Y si finalmente no queda otra que condenarlos, como se condenó a Barrionuevo, no pasa nada, para algo está el indulto e iremos a abrazarte a las puertas del talego. Pero para qué jugársela ahora. Mejor admitirlo todo dentro de veinte o treinta años, sabiendo que todo está ya prescrito. Como Barrionuevo con los GAL. Como las fechorías del rey emérito.

Sale barato mentir, incluso cuando ostentas cargo público. Incluso cuando eres un medio de comunicación que recibe miles de euros de dinero público (en publicidad institucional) y cuentas con esa patina de respetabilidad como garante de la objetividad y del rigor. Incluso alguien de la catadura moral de Antonio Caño, exdirector de El País que anteayer nos intentaba dar una lección de periodismo afirmando que “el periodista es lo contrario del activista: este oficio no va de cambiar el mundo sino de contarlo”. Esto, tan solo tres meses después de publicar en su cuenta de Twitter que desde el periódico que dirigía intentaron evitar que Pedro Sánchez gobernase “con populistas y separatistas”. Los activistas somos los demás, claro que sí.

Luego nos sorprendemos cuando la derecha niega las atrocidades del franquismo y reduce el genocidio y la dictadura a una pelea entre abuelos. Es parte de esa mentalidad negacionista, irresponsable, que trata de súbditos y de imbéciles a sus ciudadanos. Se les puede engañar, contar milongas y joderles la vida, que cuando se descubra la verdad, o cuando quizás algún día se juzgue, ya será tarde o estarán a otras cosas. O mantendrán la mentira hasta su último aliento, pues no hay reproche más allá de la pataleta que podamos lanzar desde nuestras redes o nuestras tribunas. Vean las residencias de ancianos durante la pandemia. Vean los múltiples casos de corrupción prescritos. Vean los manifestantes condenados mediante la palabra de un policía como única prueba. Recuerden la cal viva con el sello del Ministerio del Interior.

Estos son solo algunos de los ejemplos recientes y sangrantes, pero podríamos llenar páginas enteras y escribir una historia por volúmenes de las retorcidas marañas de los poderes, públicos y privados, que someten a la ciudadanía a sus relatos convertidos en verdades oficiales y a sus designios poniendo o quitando Gobiernos y políticos, y machacando, juzgando y encarcelando a quien moleste mediante los grandes y pequeños lawfares que hagan falta. Es la ciudad de la euforia que describía Rodrigo Terrasa sobre la corrupción en València pero a escala estatal, y con mucha más casquería que el saqueo de las arcas públicas. Es el asalto y el saqueo constante a la democracia. Tapando las mentiras con cal viva. Como decía una pegatina de los grupos autónomos de los 90, nos mean encima y dicen que llueve.

Columna de opinión en Público, 8 de noviembre 2022

El neonazi que asesinó a Carlos Palomino obtiene su primer permiso justo el fin de semana en que se homenajea al menor antifascista

Ni la familia ni el abogado de Palomino han sido notificados sobre el permiso de salida. El condenado, en la cárcel desde 2007, no ha abonado la responsabilidad civil correspondiente.

Miquel Ramos – La Marea, 9 de noviembre 2022

El exmilitar neonazi Josué Estébanez mató en 2007 a un menor antifascista en el metro de Madrid. Fue condenado a 26 años de prisión por asesinato por motivos ideológicos e intento de homicidio. Instituciones penitenciarias le ha concedido su primer permiso, que coincide con el 15º aniversario del crimeny con varios actos previstos para este fin de semana para homenajear a la víctima.  

Amigos y familiares de Carlos Palomino llevan meses preparando las jornadas que se celebrarán esta semana para recordarlo. Faltan dos días para el aniversario del crimen y, para este mismo viernes, hay prevista una manifestación en Madrid. Carlos fue asesinado en el metro de una puñalada en el corazón cuando tan solo tenía 16 años, hace exactamente 15 años. El asesino lleva desde 2007 preso. Ahora, tras haber cumplido poco más de la mitad de su pena, Instituciones Penitenciarias acaba de concederle su primer permiso, de cinco días. 

Ni la familia de la víctima ni su abogado han sido notificados sobre el permiso de salida del asesino para que presenten alegaciones, como sí ocurrió en anteriores ocasiones cuando el condenado solicitó también otros permisos. La información ha llegado a través de una llamada de la policía a un testigo protegido del caso. El asesino tampoco ha abonado la responsabilidad civil correspondiente, algo que no ha sido tenido en cuenta para concederle el permiso para salir en libertad.

Familiares y amigos de Carlos consultados por lamarea.com afirman que se trata de una provocación y una falta de respeto, y han llamado a participar masivamente en los actos previstos para estos días. Hasta el momento, Instituciones Penitenciarias no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio.

Este jueves 10 de noviembre arrancan las jornadas, que se celebran cada año en estas fechas, con una charla sobre la lucha contra los grupos nazis que protagonizaron los jóvenes afroespañoles durante los años 90, que coincide con el aniversario también en los próximos días del asesinato racista de Lucrecia Pérez en 1992. El viernes 11, día del aniversario del asesinato de Carlos, hay convocada una gran manifestación que terminará en la estación de metro de Legazpi, donde sucedieron los hechos. El sábado se realizarán diversas charlas con familiares y amigos de otras víctimas mortales de los grupos neonazis de otros países, en las que participarán personas llegadas desde Francia, Alemania o Italia. 

Josué se dirigía a una manifestación racista del partido neonazi Democracia Nacional cuando se encontró con Carlos y sus amigos en el metro de Madrid, un domingo por la mañana. No intercambiaron palabras. El militar, que entonces tenía 23 años, arremetió contra el menor de edad asestándole una puñalada mortal en el corazón, e hiriendo a varios de sus amigos, uno de ellos de gravedad. El juicio se celebró dos años después, envuelto por múltiples movilizaciones antifascistas, y fue el primer caso en el que se logró que se aplicase el agravante por discriminación ideológica a un crimen neonazi

Sin embargo, los neonazis no han dejado de reivindicar al asesino como un héroe, y de verter burlas e insultos hacia la familia y los amigos de la víctima con total impunidad. Incluso desde Nueva Zelanda, donde Brenton Tarrant, el terrorista neonazi que asesinó a 52 personas en dos mezquitas en 2019, puso el nombre de Josué a uno de los cargadores de munición que usó en la matanza. 

Está por ver si Josué, tras 15 años entre rejas, reivindica el papel de héroe que le han otorgado sus antiguos compañeros por matar a un menor de edad, o se desentiende por completo de este entorno, cuyas ideas y cuyo odio lo llevó a prisión. A estas horas, Josué está en la calle hasta que termine el permiso concedido, cuando deberá volver al centro penitenciario de Villabona, Asturias.