Corrupció

Son sus costumbres y hay que respetarlas

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Hemos sido siempre unos buenistas. No estaba bien visto criticarlos, y mucho menos cuestionarlos. Los medios sabían que no podían hablar mal de ellos, que eran intocables. No solo ocultaban todas sus fechorías, sino que se las permitían e incluso se las arreglaban para que fueran lo más discretas posible. Cuando eso resultaba más complicado, porque era difícil de ocultar, nos decían que traían riqueza y empleo, que hacían mejor a nuestro país, más demócrata y más abierto, y que casi lo habían construido ellos con su esfuerzo.

Han vivido siempre de paguitas. Trabajar, poco. Y eso lo sabe todo el mundo. Mientras tu abuela cobra una pensión de 400€, ellos viven de las ayudas del Estado. Son unos privilegiados, siempre los primeros en el médico, con alfombra roja allá donde van, y nunca les falta “trabajo”. Para ellos, todo más y mucho mejor que para el resto. Y con nuestro dinero. Nuestro buenismo no tiene límites. Para ellos, para sus hijos, sus primos, sus cuñados… Lo que haga falta. Los que tanto los defienden, ya podrían dar ejemplo y meterlos en su casa. Pero no, a pagarlo siempre el pueblo. Los poderes públicos siempre les beneficiaron, y el Estado puso a su disposición todos sus recursos y todo su empeño para que estuviesen bien, mucho mejor que la gente corriente, y que, encima, siempre salieran impunes.

Ya sea por una cuestión sanguínea o cultural, no somos iguales. Tampoco ante la ley, que de donde ellos vienen, todo se resuelve a su manera. Tienen otros valores, muy diferentes a los nuestros, y están muy poco acostumbrados a la democracia y al Estado de derecho. Solo hay que repasar la historia para darse cuenta. Históricamente se ha demostrado que su cultura es incompatible con la democracia. No se adaptan ni se integran, e intentan imponernos sus costumbres. Y decir esto, que es lo que todo el mundo piensa y nadie se atreve a decir, te puede costar caro, pues existe una dictadura de lo políticamente correcto que, si osas cruzar estas líneas, lo puedes pagar hasta con la cárcel. La dictadura de lo políticamente correcto. La cultura de la cancelación, tan de moda en estos tiempos.

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Ellos son los miembros de la Casa Real española, cuyo máximo representante, el rey Felipe VI, volvió a colarse en nuestros hogares la pasada Nochebuena, sin permiso, como un okupa, pero sin patada en la puerta. El texto que le dieron a leer al monarca alertaba sobre el “deterioro de la convivencia”, la “división” y la “erosión” de las instituciones, y añadió que “todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar estos riesgos puede tener para nuestra unión, nuestra convivencia y nuestras instituciones”. Ayer justo se conoció que, un mes antes, su sobrino Froilán se vería envuelto en una reyerta, esta vez con navajas de por medio.

El sobrino del rey ya había tenido varios episodios singulares anteriormente, como se recordaba ayer cuando salió la noticia de esta nueva trifulca. En 2017 participó en una pelea a las puertas de una discoteca en Madrid, y también tuvo una acalorada discusión tras intentar colarse en la montaña rusa de un parque de atracciones. El chaval, con solo trece años, ya se dio un tiro en el pie, haciendo caso omiso a la maldición familiar que tienen los borbones con las armas. El pasado mes de julio, el sobrino real tuvo que salir pitando de una discoteca en Ibiza cuando un hombre se lio a tiros contra los miembros de un reservado. Y entre tantas fiestas, tanta chulería, tiritos por aquí y tiritos por allá, al final le partieron la cara (una vez que se sepa), y fue al intentar colarse en el baño de un bar con la clásica excusa de ‘tú no sabes quién soy yo’.

Su hermana, Victoria Federica, tampoco se queda atrás. Tras conocerse ayer el episodio de la pelea, varios medios informaron que, días antes, la sobrina del rey estrelló su coche contra varios vehículos en el barrio madrileño de Salamanca. Fue de madrugada, y, tras personarse la Policía, aparecieron agentes de seguridad de la Zarzuela. Se desconoce si se le realizó prueba de alcoholemia o de drogas, como corresponde a los agentes de la ley cuando te la pegas con el coche, y más a altas horas de la madrugada. Su hermano Froilán iba de copiloto.

Pero no vamos a ponernos ahora a generalizar. Sería injusto que todo el clan pagara los pecados de algunos de sus miembros. El patriarca no ha sido ningún buen ejemplo, y eso lo han admitido incluso quienes siempre lo defendieron y ocultaron sus deslices para evitar el escarnio público, pero eso no quiere decir que toda la saga, toda esta gente, sea igual que el abuelo o que su nieto, ni que deban pagar justos por pecadores. El patriarca quedó desterrado, como mandan sus leyes propias, sus tradiciones, pero sus herederos trabajan día a día por ganarse el pan como pueden, sorteando los obstáculos con su BMW aunque a veces se estrellen, picando piedra hasta en los baños de los bares, haciendo honor a lo que una vez fue su buen nombre. No seamos ahora exquisitos, que nadie es perfecto. Al fin y al cabo, son sus costumbres. Y hay que respetarlas.

Columna de opinión en Público, 27/12/2022

Más mordaza para salvar España

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En plena crisis institucional, con todos los focos puestos sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, el PP invitó a representantes de varios sindicatos policiales a reunirse esta misma semana. Quedan pocos meses para que se inicie un nuevo ciclo electoral, y uno de los asuntos todavía no resueltos, pactado con los socios del Gobierno, es la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. A pesar de que Pedro Sánchez prometió su derogación si llegaba a ser presidente, y de que su retirada forma parte de los acuerdos suscritos con Unidas Podemos, el asunto ha quedado en un cajón y ya solo se habla de una reforma, no de su derogación. Es por esto que los sindicatos policiales han salido de la reunión advirtiendo que van a movilizarse contra el Gobierno para oponerse a esta reforma.

En marzo de 2020, ya vimos a cientos de policías y guardias civiles concentrados ante el Congreso de los Diputados para exigir la equiparación salarial, saltándose el cordón de seguridad y desobedeciendo la autoridad de sus propios compañeros. Durante toda la legislatura, esta reivindicación ha sido la bandera de los principales sindicatos policiales, que, finalmente han conseguido un incremento de su salario de un 38% de media por la suma del Acuerdo de Equiparación Salarial aplicado entre 2018-2020 y la “mejora retributiva” prevista para el conjunto de los funcionarios públicos a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. Ahora, sin embargo, los mismos que promovieron esta campaña, vuelven a la greña, y lo anuncian tras la invitación del PP a reunirse con ellos y hablar, a pocos meses de varias citas electorales.

Organizaciones de derechos humamos llevan años exigiendo que se acabe con esta ley que otorga poderes excepcionales a los miembros de las FCSE y que no establece mecanismos de control adecuados ni de rendición de cuentas. Amnistía Internacional resaltaba en una de sus campañas, que esta ley se emplea “de manera recurrente para desmovilizar a organizaciones, activistas, periodistas y ciudadanía en general que se moviliza en la defensa de los derechos humanos”. Los retractores de su derogación, en cambio, aseguran que ‘despoja a los agentes de su autoridad’, y critican también que se limite el uso de material antidisturbios como las balas de goma, que han causado ya numerosos heridos graves como ojos y testículos reventados e incluso la muerte de varias personas.

Algo falla cuando, por una parte, asociaciones de derechos humanos advierten de los peligros de dicha ley, y no son pocos los movimientos sociales y partidos políticos que piden su derogación, mientras que algunos sindicatos policiales esgrimen que son los agentes quienes están desprotegidos.

Estos últimos años han surgido algunas asociaciones lideradas por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se dedican a difundir bulos racistas en sus respectivas redes sociales, o directamente a loar a los ultraderechistas y fotografiarse con ellos públicamente. Pero lo más preocupante es el insistente relato del miedo y de la inseguridad con tintes racistas.

Esto llegó recientemente de la mano de VOX a la asamblea de Madrid, que, basándose en una encuesta privada, sus ponentes aseguraban la existencia de bandas “latinas y africanas” en varios colegios, a los que incluso se llegó a señalar en un informe. La sorpresa de los docentes de estos centros, muchos de los cuales incluso negaron haber sido encuestados, llevó a Escuelas Católicas de Madrid, de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, a desmentir dichas informaciones y exigir la rectificación de estos datos.

Esta misma semana, otra web de información policial difundía en sus redes el vídeo de un señor destrozando un belén en Calahorra. Aseguraban que se trataba de ‘un magrebí’, un bulo que fue difundido por intoxicadores profesionales, y que tuvo que desmentir el propio ayuntamiento ante la avalancha de comentarios racistas. El autor de los hechos era español, y decenas de personas así se lo hicieron saber a esta cuenta policial en sus redes sociales. Han pasado varios días y el tuit con la información falsa sigue ahí.
El senador de Compromís, Carles Mulet, registró el pasado mes de octubre varias preguntas dirigidas al Gobierno y al Ministerio del Interior en relación con la información falsa, el sesgo racista y los señalamientos a periodistas realizados por algunas de estas asociaciones. La respuesta, lejos de aclarar nada ni de responder concretamente a ninguna de estas preguntas, sentenciaba que “cualquier conducta inadecuada de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es debidamente depurada administrativamente y/o puesta en conocimiento de la autoridad”. No es la primera pregunta sobre estos asuntos que hace este senador, pero la respuesta suele ser siempre la misma, sin aclarar nada. Y con eso nos quedamos.
La derogación de la Ley Mordaza es, además de una promesa de este gobierno, un imperativo democrático. Querer hacer creer a la ciudadanía que las FCSE están desamparadas y que este gobierno va en contra de los agentes es un insulto a la inteligencia. Esta misma semana, la plataforma Defender a quien Defiende, que se reúne a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, denunció que ningún policía ha sido sancionado en los últimos siete años por no llevar visible su identificación.
Nunca hemos visto a ningún ministro del Interior criticar siquiera actuaciones policiales llamativamente reprochables e injustificables. Ni siquiera sugerir que podría haber habido algún exceso y que, como toda democracia, se somete a una investigación, como debería haber sido por propia iniciativa tantas veces, como lo debería haber sido tras la masacre de la valla de Melilla, con varios muertos sobre la mesa.
Pero todavía es mucho más insultante querer hacernos creer que Marlaska es un rojo peligroso que odia a la policía y que ha desatado una caza de brujas contra cualquiera que se salga de la doctrina marxista. El sesgo ideológico de los sindicatos y organizaciones policiales mayoritarias no es ningún secreto. Tampoco la ausencia de sanciones o advertencias a los agentes que desayunan cada día con su uniforme bajo retratos de Franco en bares convertidos en mausoleos franquistas.
Lo que sí parece evidente es que, aprovechando el ruido generado estos días en el poder judicial, con varias elecciones a la vista, y con una derecha instalada en el relato de la ilegitimidad del gobierno, de la ingobernabilidad del país y de la supuesta dictadura comunista hacia la que nos encaminamos, van a utilizar todos los medios a su alcance. Lo están haciendo con el poder judicial. Lo han hecho siempre con la patronal, con sus fundaciones y organizaciones ultraderechistas en su batalla cultural contra derechos y libertades. Y ahora lo vuelven a intentar con los cuerpos policiales. Solo les falta azuzar a las Fuerzas Armadas, y tendremos ya la foto completa de la nueva cruzada para salvar España.

Nido de Rojos y Rojas en Carne Cruda. Sobre Malversación, jueces golpistas y golpes de Estado. Con Irantzu Varela y Bob Pop.

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En Nido de Rojos analizamos la actualidad política de las últimas semanas: hablamos de la reforma del delito de malversación; los nombramientos del Tribunal Constitucional, el intento de desbloqueo de la justicia, o la aprobación del dictamen de la Ley Trans y derechos LGTBI en el Congreso. Un análisis con Irantzu Varela, Miquel Ramos y Bob Pop. Además, último episodio de la sección Juntas Emprendemos.

Ayuso como excusa

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El pasado domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en Madrid para defender la sanidad pública y denunciar la mala gestión del Gobierno de Ayuso. Ha sido inútil el esfuerzo de la derecha por tapar el fracaso de su modelo de gestión de los servicios públicos así como el de ocultar el éxito de la protesta. Por mucho que sus voceros y compinches se esfuercen en minimizarlo y en criminalizarlo, tanto las imágenes de la multitudinaria protesta como las razones de la misma, sitúan a la derecha en un terreno difícil, haciendo malabares discursivos para salir al paso, insultando a los manifestantes e incluso difundiendo bulos sin ningún tipo de vergüenza. Sacando el comodín de ETA, llamando ‘pancarteros’ a los manifestantes, y tratando de memos a sus seguidores diciendo que quien defiende la sanidad pública está en realidad conspirando para instalar una república federal laica en España.

El telón de acero que la presidenta construyó para mantener a raya el comunismo que se cernía sobre el resto de España durante y después de la pandemia, y que le sirvió para ganar las últimas elecciones, tiene ya varias grietas que a la derecha le está costando tapar. La estrategia consistía en tratar de situar a toda su oposición en el comunismo, agitando el viejo fantasma y oponiéndolo a la supuesta libertad que ofrecen ella y sus socios. Sin embargo, el plan no funciona tanto cuando quien es usuario de la sanidad pública, aunque la haya votado, entiende perfectamente la reivindicación de la manifestación, e incluso estaba allí, al ver que le resulta imposible ser atendida por un médico cuando lo necesita.

Situar en el comunismo la defensa de los servicios públicos es un error de cálculo de la derecha, que regala a la izquierda una de las banderas más preciadas de las democracias liberales. Partiendo de la esquizofrenia manifiesta de la derecha, que, por una parte, reivindica la buena salud y la mejor gestión de los servicios públicos, pero por otra, acusa a quien pide no solo defenderla sino mejorarla, destapa la trampa. Pintar cualquier medida socialdemócrata de comunista, por mucho que en la cabeza de los neocons sea un plan perfecto, puede tener un efecto bumerán que normalice todavía más el comunismo que pretenden estigmatizar.

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La batalla cultural que la derecha lleva años librando contra el sentido común progresista no es infalible. Estos contrapiés de la derecha, hoy respecto a la sanidad pública, pero mañana sobre cualquier otro asunto de interés público, son los puntos débiles de toda la carcasa neoliberal que luego, encima, se arroga el patrimonio de la buena gestión de la cosa pública. Ayuda, además, a presentar a la izquierda, con todas sus diferencias, contradicciones y miserias, como la única garante de los servicios públicos, los que usa la gran mayoría de la ciudadanía, vote a quien vote.

Pero sería un error también leer esta batalla tan solo en términos electorales. La movilización por la sanidad pública no fue obra, como dice la derecha, de un complot de las izquierdas institucionales, de los partidos, sino que surgió de los propios profesionales y movimientos sociales que llevan años peleando por los servicios públicos. Estas plataformas deben pelear para no ser patrimonializadas por nadie, por mucho que se arrimen los políticos para salir en la foto, y por mucho que se estimule en estas movilizaciones la vía electoral para echar a los malos gestores. Nadie nos asegura que, una vez esté fuera Ayuso, los servicios públicos se vuelvan eficientes, aumenten su calidad y se vuelvan universales. Ni que la sanidad ni el resto de servicios públicos y derechos humanos estén garantizados allá donde no gobierna la derecha.

Esta semana hemos visto cómo la Policía entraba a golpe de maza para desahuciar a una familia con menores y enfermos de cáncer en el barrio madrileño de Tetuán, y esto no es competencia de Ayuso precisamente. También hemos visto cómo, con la propuesta de derogación del delito de sedición, se incluye todavía más pena al delito de desórdenes públicos con algunos añadidos que dejan a los pies de los caballos a numerosos movimientos sociales y actos de protesta pacífica a merced demasiadas veces de las versiones policiales. Tampoco es cosa de Ayuso la masacre de Melilla que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trata de esquivar ante la avalancha de evidencias y la investigación del Defensor del Pueblo. Y así podríamos enumerar infinidad de asuntos del actual Gobierno, que nos señala el caos sanitario en Madrid pero esquiva cínicamente sus propias miserias que afectan también a nuestros derechos y libertades.

Quizás la sanidad sea un punto de partida para volver a ver las calles llenas por múltiples reivindicaciones, no solo contra Ayuso por su gestión de la sanidad en Madrid, sino también en otras partes del Estado donde los servicios fallan y los derechos se ven mermados, gobierne quien gobierne. Reducir la responsabilidad de la pauperización de los servicios públicos, los mangoneos y el autoritarismo a las políticas del PP y sus socios es lo que quieren los partidos de la oposición en Madrid, pero no sirve para el conjunto del Estado, donde gobiernan otras formaciones y estos y otros problemas se repiten. Porque el problema es el modelo neoliberal que durante años se han empeñado en apuntalar unos y otros gobiernos.

Salvar lo que queda de los servicios públicos, tan vitales para unos y tan suculentos para el negocio de otros, es hoy tildado de comunismo, algo que ni lo es ni pretende serlo, por mucho que se empeñe la derecha. Usan la excusa de Ayuso para retomar el poder y hacer un poco menos daño que ella, pero sin tocar demasiado el marco, sin cambiar las reglas del juego. Porque por mucho que nos traten de convencer con el caos de la gestión sanitaria madrileña para atizar otro fantasma, el de la derecha y la extrema derecha, más les vale aplicar todas aquellas medidas que garantizaran de verdad una vida digna más allá de la cita con el médico, ahora que todavía gobiernan y todavía pueden. No teman que los llamen comunistas. Prediquen con el ejemplo.

Columna de opinión en Público, 16 de noviembre 2022

Mantener a raya a la chusma

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No están acostumbrados a que nadie les cuestione. Al contrario, llevan años haciendo y diciendo lo que les da la gana sin reproche alguno, ni siquiera cuando sus declaraciones van en dirección contraria no solo a los datos del propio ministerio del Interior, sino a la propia función pública, a las campañas que predican cautela ante la desinformación y que trata de sensibilizar sobre los discursos de odio. Ellos están por encima de la institución, del bien y del mal, pues saben que no les va a pasar nada. Seguirán yendo a almorzar al bar fascista con su uniforme, a tomar café bajo el retrato de Franco o las banderas de la Falange. Seguirán vertiendo odio racista y machista en sus foros, y a pedir en sus chats que alguien le dé un escarmiento a esa alcaldesa roja, señalando a ese concejal guarro, o a esa zorra que tenemos de ministra. Ellos desayunan donde les da la gana, hablan de lo que les da la gana y dan charlas para quien les da la gana. Son los putos amos. Los putos sheriffs. Y nunca les pasa nada.

Tipos armados, uniformados, funcionarios públicos cuya palabra vale más que la tuya ante un juez, invitando a miles de personas que siguen sus redes a que te hagan una visita. No es ninguna tontería. ‘Pasen a saludar’, decían unos supuestos policías en su canal de Telegram, y adjuntaban primero un tuit mío y al día siguiente, otro de Dani Domínguez, compañero de La Marea. No les gustó que expusiéramos en varias ocasiones sus flirteos con la ultraderecha y el sesgo racista de algunas de sus publicaciones. Así que llamaron a sus hordas a hacernos una visita. No sabemos cómo se tomarán sus seguidores ese mensaje, ni en qué consistirán esos saludos a los que incitan, pero por mucho que ladren, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Si algo nos pasa, tengan en cuenta esto.

No nos asustan sus señalamientos. No es la primera vez que lo hacen. Se saben impunes, pero son torpes, pues con sus actos nos dan la razón. Saben que están exentos de rendir cuentas cuando a más de uno se le va la boca o la mano. Son sus muchachos, y hay que dejarlos hacer, aunque las bravuconadas de algunos impregnen al resto. ¿A quién vas a llamar si no cuando te pase algo? Recuerdan a cada ciudadano que cuestiona cualquier actuación poco o nada justificable. Son sus muchachos, y nunca, ningún ministro, ha osado ponerlos firmes por tonterías como estas. Es más, ya les va bien tener a una panda de incontrolados que hagan el trabajo sucio. Es la cloaca de siempre, pero más cotidiana, menos sofisticada, que se encarga solo de la roña social. Si quisieran, la pararían. Pero no lo hacen. Por eso, quienes desde dentro de la institución deploran estas actitudes y pretenden dar la imagen contraria a la que estos proyectan, se encuentran solos, desamparados y casi apestados si osan reprocharles algo.

Los ultraderechistas que se sientan en las instituciones quizás les hayan prometido algo, o ya les están dando algún hueso que roer. Ellos sí que los aprecian y saben lo jodido que es no poder vomitar sus odios tranquilamente y tener que ser siempre políticamente correctos. Ellos se la juegan todos los días manteniendo a raya a toda la chusma, y los cuatro rojos desagradecidos todavía se atreven a cuestionar cuando se les va un poco la olla. No entienden la presión a la que están sometidos ni la clase de despojos humanos con la que tratan a diario. Solo los patriotas los entienden. Y los perdonan. Incluso los aplauden. Hagan lo que quieran, pero mantengan a raya a la chusma.

Funcionan a la par. Nada es improvisado ni gratuito. Camaradería y estrategia de guerra, batalla cultural para insertar sus mantras y para intimidar a quienes no se callan y advierten del peligro de tener agentes de Policía al servicio de la extrema derecha. Aunque se permitan la desfachatez de victimizarse cuando alguien les critica mientras amenazan a quienes lo hacen. Unos contribuyen a difundir el mensaje con la supuesta autoridad que les otorga su cargo y su uniforme. Los otros los utilizan para tratar de vendernos su discurso prefabricado como prueba fehaciente de que sus prejuicios son ciertos. Y si alguien les desmonta el bulo o les recuerda la neutralidad que se les exige como funcionarios, se presentan como víctimas de la censura progre y de lo políticamente correcto.

Nosotros, por nuestro oficio, tenemos un altavoz que nos permite (y nos debería exigir) difundir estas malas prácticas, así como las amenazas y los señalamientos que sufrimos por hacerlo. Otros compañeros no quieren líos, no es su guerra, o sencillamente comulgan. Y quienes no tienen este altavoz, ni siquiera se lo plantean. Si se atreven contra todos y siempre salen impunes, qué no se atreverán a hacer, incluso más allá de las redes, con alguien sin voz, sin papeles, sin un entorno que lo avale y lo apoye. Ellos seguirán presentándose como víctimas. Acusarán al Gobierno de perseguirlos, mientras conservan su trabajo, su autoridad y su barra libre para vomitar su odio sin sanción alguna. Es la taberna de Múnich donde se fraguó el putsch de la cerveza; el campo de tiro de los Oat Keepers días antes del asalto al Capitolio. El ruido de sables que algunos se empeñan en no escuchar mientras a otros les enseñan el brillo de sus filos.