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Molestan más los huertos urbanos que los desfiles nazis

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No hay dos sin tres, y La Directa lo ha vuelto a hacer. Esta semana ha destapado al tercer policía infiltrado en movimientos sociales, esta vez en València. El agente R.M.F. ha conseguido la gran hazaña de infiltrarse en un colectivo vecinal, una red de alimentos y un grupo de apoyo a las personas migrantes que malviven en una fábrica abandonada del barrio. Son colectivos que publicitan todo lo que hacen, que tienen sus puertas abiertas y que son bien conocidos en el barrio. De hecho, muchos vecinos tienen sus huertos urbanos en el CSOA L’Horta, y muchos otros llevan a sus niños y niñas allí a jugar y a relacionarse con otros vecinos. Es un espacio conquistado por los vecinos, que tiene sus puertas abiertas, y por donde pasan miles de personas cada año.

El barrio valenciano de Benimaclet es conocido por ser uno de los epicentros de las luchas vecinales y base de numerosos movimientos sociales de la ciudad, que cuentan con un histórico enraizamiento y con la presencia de numerosos estudiantes, dada su cercanía a las universidades. No es casual que se eligiese este barrio, ni lo es tampoco los colectivos y espacios vecinales donde se infiltró este agente. Lo que resulta curioso es que su mayor implicación fuese en una de las campañas contra un plan urbanístico que pretende arrasar una parte de la huerta que queda en el barrio para construir 1.300 viviendas, llegando incluso a ser parte de un sabotaje contra las obras.

Aquí cabría preguntarse si, más allá de la monitorización de estos movimientos y la elaboración de fichas de personas por su ideología, el agente tuviese como misión defender un proyecto urbanístico. Es decir, un interés empresarial, y no un bien público o ni siquiera desarticular una banda criminal organizada. Esta información ha pasado desapercibida, pero se suma a los interrogantes de este tipo de operaciones contra organizaciones sociales y vecinales, cuyo quehacer habitual es la defensa de los barrios contra la especulación y la gentrificación. Algo que también pasó con el primer infiltrado destapado en Barcelona por La Directa, Marc, quien se había infiltrado también en los movimientos de vivienda. La participación del agente en esto, así como sus intentos de, a través de estos grupos en València, llegar a colectivos feministas y antifascistas (sin más éxito que participar en sus movilizaciones, que eran públicas), ponen de manifiesto una vez más que nadie está a salvo de ser engañado, manipulado e instrumentalizado por el Estado, que se pasa por el forro varios derechos de la ciudadanía, como el de organizarse y discrepar, sin tener que dar ninguna explicación.

La excusa de Marlaska el otro día, ante el escándalo destapado por La Directasobre el policía infiltrado en movimientos vecinales de Sant Andreu, Barcelona, que abusó sexoafectivamente de varias mujeres, fue que aquí no se investiga a nadie por su ideología. Lo remarcó insistentemente. Excusatio non petita, recuerden. Lo que es cierto es que esos ficheros existen, aunque no lleven membrete de ningún Ministerio ni se hagan bajo ningún mandato judicial, y que la labor de estos agentes es precisamente esta: ver quién se junta con quién, engañar y minar la confianza y sembrar el miedo de las personas que deciden organizarse para cambiar las cosas. La supuesta prevención del delito es lo que habría motivado estas prácticas, según el ministro, sin concretar qué delitos se ha evitado ni qué peligroso grupo estaba preparando qué.

De eso llevan años encargándose medios de comunicación y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, extendiendo el relato de los grupos ‘violentos’ para referirse a cualquier colectivo que cuestione y combata las desigualdades del capitalismo. Una vez deshumanizados y criminalizados por el relato oficial, cualquier cosa que se haga contra ellos estará justificada y aplaudida incluso por la ciudadanía, ya sea una carga policial, una detención, una acusación basada únicamente en la versión policial, torturas, abusos o una infiltración como la destapada por La Directa. Consiguiendo que una parte de la ciudadanía no solo lo avale, sino que lo celebre. Y esta es la gran victoria de cualquier dictadura, aunque hoy en día se haga bajo pátina democrática.

Mientras, estos días nos han regalado otras noticias que demuestran cuales son las prioridades y las preocupaciones del Estado. Delegación del Gobierno permitió un desfile nazi en Madrid el pasado sábado para rendir homenaje a los combatientes españoles por Hitler. También permitió a un agente israelí acudir armado a la Universidad Complutense de Madrid y que uno de estos apuntase a un manifestante durante las protestas contra la presencia de la embajadora israelí, sin que los policías españoles presentes hiciesen nada.

Está por ver si la demanda contra el agente que mantuvo relaciones con varias activistas prospera y se abre el merecido procedimiento que ponga en el centro del debate los límites y la instrumentalización de la acción policial contra movimientos sociales. También que se aclare el uso de recursos públicos para tales propósitos, incluso de plazas en las universidades que los agentes consiguieron bajo identidad falsa, un hecho que ya investiga la Universitat de València. También si existe algún tipo de mandato judicial que ampare esta operación simultánea de los hasta ahora tres agentes descubiertos, que coincidieron en su promoción en la academia de Policía. Y, por último, quién ordenó esta operación, con qué propósito, y si esto va a seguir formando parte de un sistema que se dice democrático.

También se echa de menos una mayor contundencia por parte de los socios del Gobierno ante tales atropellos, más aún sabiendo que ellos mismos no están fuera de esta ecuación, como bien demostró Pegasus, y como bien debieran saber ya. La pregunta es hasta donde están dispuestos a tragar, y cuanto más nos van a hacer tragar al resto. Lo que no van a conseguir es que estos dejen de pensar y reivindicar lo que creen que es justo. Quizás quienes se dedican a ponerlos constantemente bajo sospecha no han entendido todavía que quienes participan en los movimientos sociales lo hacen por convicción. Por amor. Por sentirse responsables con la ciudadanía y partícipes de la solución. Y no por poder ni por dinero, como los polis infiltrados y quienes les mandan. Y esto es lo que más les jode.

Público, 15/02/2023

Poli infiltrado: violencia sexual contra activistas (CARNE CRUDA)

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A finales de enero, el semanario La Directa publicó un reportaje en el que reveló que durante casi tres años un policía nacional se había infiltrado en movimientos sociales y sindicales de Barcelona. Lo más grave de este caso es que en ese tiempo mantuvo relaciones sexoafectivas con al menos ocho activistas para obtener información. Un programa con David Bou, periodista de “La Directa”, una de las abogadas de las denunciantes y el periodista Miquel Ramos y nos despedimos con los raperos antifascistas gaditanos LA F.R.A.C.

El debate sobre el agente infiltrado o cómo humillar y ofenderse a la vez

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Ha pasado una semana desde que La Directa destapó al policía infiltrado que usó sexual y afectivamente a varias mujeres para obtener información sobre movimientos sociales. El asunto ha puesto muchas cartas sobre la mesa, y creo que merece una nueva vuelta para analizar algunas de las derivadas que se han dado al respecto. Porque más allá de las dudas sobre la legalidad o la proporcionalidad de la actuación policial y del premio de Interior regalando un puesto en una embajada al agente, leer y escuchar determinados comentarios y justificaciones al respecto, da buena muestra de algo mucho más aterrador.

Era previsible que aquellos que detestan cualquier disidencia, los lamebotashabituales y los activistas del establishment (a sueldo o por puro vasallaje) no solo justificasen el asunto, sino que se regocijaran en la humillación y en la deshumanización de las víctimas. No quisiera reproducir aquí la cantidad de basura que he ido bloqueando en las redes sociales estos días para no promocionar la miseria humana que envuelve a una parte de estos, la mayoría ocultos tras un perfil anónimo. Luego están los canallitas habituales que viven al margen del bien y el mal, que tan solo meten su pezuña desde su atalaya cuando saben que hay río revuelto y alguien les reirá las gracias o les acariciará el lomo: columnistas, periodistas, influencers o mentecatos de todo pelaje, con nombres y apellidos, que se apuntan a la danza simiesca de cuñaos patrios alrededor de unas mujeres humilladas e instrumentalizadas por el Estado. Esos que celebran el dolor con memes y chistes machistas, que se apuntan al escarnio por puro sadismo, desde la indolencia que les permite la distancia, no solo de ellas, sino también de sus causas, de sus luchas, y hasta de la misma decencia de la que presumen.

La denuncia interpuesta por las afectadas ha sido sobradamente motivada y explicada por colectivos feministas y por sus abogadas, como en este texto de la penalista Laia Serra titulado ‘violencia institucional sexualizada’ en el que desgrana sus argumentos y añade algo que la mayoría de los análisis sobre el suceso han obviado: “La infiltración es un método que no sólo consigue obtener información política y personal, también tiene un efecto represor, porque genera un miedo y una desconfianza que deterioran los vínculos personales que sostienen los espacios políticos, inhibiendo la participación y desarticulando los movimientos sociales, sean del signo que sean”. Y es que muy pocos medios han reparado en la cuestión de la libertad ideológica y de asociación, en la intencionalidad de estas prácticas más allá de la obtención de información sobre personas y colectivos que publicitan todo lo que hacen y cuyos espacios están abiertos al público. Esta práctica es una estrategia más para criminalizar a la disidencia (el clásico ‘algo habrán hecho’) y para intoxicar los vínculos que estos movimientos crean entre personas.

Por esto, y por la gravedad del asunto, dolió todavía más que, personas que se declaran feministas, así como gente que teórica e ideológicamente podría estar más cerca de las afectadas que de sus espías, emplease el marco de los agresores debatiendo sobre si el hecho era en sí un abuso o no, o si la denuncia es pertinente, juzgando desde la barrera a las víctimas, menospreciando las decisiones de los colectivos afectados que llevan tiempo gestionando, reflexionando y consensuando cómo afrontar este asunto, o incluso dando lecciones sobre cómo deberían haber actuado las personas engañadas. Lo explicó muy bien Raquel Marcos Oliva en una columna de opinión, donde recordaba que el engaño “se produce en el contexto de una investigación policial que no tiene causa aparente”, e insistía en la gravedad de que “el Estado autorice o tolere que un policía nacional acceda a través del sexo a informaciones íntimas, personales y políticas con el objetivo de entrar en espacios legítimos de la sociedad civil”.

Los medios ni siquiera se preocuparon por el rigor tras saltar la noticia. La mayoría han hablado de que el agente se infiltró ‘en el independentismo’, incluso atreviéndose a señalar a ‘el entorno de la CUP’, algo que, leyendo la noticia de La Directa descartas en los primeros párrafos: eran movimientos sociales de barrio, vinculados más bien al anarquismo, y muchos de sus participantes, ni siquiera con una adscripción política clara. Pero qué más da. Todos son igual de malos para ellos y merecen todo lo que les pase. Por eso, los medios tampoco parecían preocupados sobre qué buscaba el agente ni qué importante trama logró desarticular. Obtener información de movimientos sociales y de quienes no siguen la corriente, ya lo justifica todo para ellos. Para ello, los plumillas habituales que parecen más voceros de la Brigada de Información que periodistas, a quienes luego untan con premios económicos de miles de euros desde los mismos cuerpos policiales por su ‘labor informativa’, o quienes nunca dudan de sus notas de prensa, ya se encargaron de reforzar la necesidad de controlar a los disidentes por cualquier medio, porque ‘siempre se ha hecho’, y porque, como siempre, es por nuestro bien.

Sin embargo, lo que parece que más indignó a los mismos que hacían mofas con el asunto, fue la ironía empleada por Pablo Iglesias para denunciar el caso. El exvicepresidente bromeó en su programa de La Base dedicado a este asunto sobre infiltrar a agentes en el PP y hacer exactamente lo mismo que había hecho el poli infiltrado, esto es, usar sexual y afectivamente a varias personas y ofrecerles drogas, ya que, sabidos los antecedentes de este partido, seguro que se destapaba alguna ilegalidad. Varios medios y algunos políticos picaron el anzuelo. Lo que les pareció gracioso cuando se hacía a un grupo de chavales de barrio, les resultaba bochornoso cuando se refería a gente de bien, es decir, a políticos del PP. Iglesias insistió en que los antecedentes criminales que han salpicado no pocas veces a miembros del PP podrían motivar tanto o más un hecho así, como algunos lo justifican con los movimientos sociales: ‘más delitos que ese colectivo vecinal de Barcelona, ha cometido’, le dijo a la cara a Margallo el pasado lunes en una tertulia en Cadena Ser.

La tranquilidad con la que este agente actuó de infiltrado, igual que la que tenía el anterior topo llamado ‘Marc’ descubierto también por La Directa el pasado verano, demuestran la debilidad de las acusaciones y las sospechas que algunos pretenden esgrimir para justificar ambos casos. Dicen que siempre se ha hecho, y nos ponen ejemplos como el de Mikel Lejarza, infiltrado en ETA, o de otros en bandas criminales de narcos y terroristas internacionales, en un intento por comparar estas organizaciones con los movimientos sociales de barrio. Pero omiten que estos acaban haciéndose hasta la cirugía estética para cambiar de cara, no como Marc, que sube luego sus fotos a sus redes tranquilamente a los pocos días de ser descubierto. Tampoco que ni que las puertas de las sedes de los movimientos sociales están siempre abiertas y sus participantes van a cara descubierta.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ya nos tiene acostumbrados a no ver nunca excesos aunque se le presenten detenidos con la cara desfigurada de las torturas, o decenas de cadáveres en la frontera tras acreditarse mediante imágenes cómo varias de estas personas fueron expulsadas en caliente por nuestras fuerzas del orden, por fin dijo la suya en este caso. Como era de esperar, todo bien, como siempre. La actuación del agente se justifica ante la necesidad de “prevenir la comisión de delitos” y generar los datos y la información “necesaria” para garantizar “la seguridad de todos”, dijo ayer. “Vivimos en una democracia no militante”, ha dicho, y ahí “no se persiguen las ideologías o las ideas”, sino “hechos”. Está por ver qué hechos ha perseguido y evitado con esta infiltración.
Sea como fuere, ha venido bien este asunto para ver la catadura moral de más de uno y una, para que se retrataran, para poner frente al espejo aquellos que se regocijaban en la humillación y luego se ofenden cuando les das a entender que quizás eso se lo merecían más ellos que las protagonistas involuntarias de este episodio lamentable de violencia institucional. Porque es fácil justificar cualquier ataque del Estado a la libertad ideológica y asociativa cuando este es contra otros. Aunque hasta hoy no han sido acusados de nada ni se ha justificado tal operación mediante ningún hecho objetivo más allá de su ideología concreta.

Infiltración policial y acusaciones de abuso sexual. La Base

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¿Quien ordenó infiltrar a ese policía? ¿Cómo ha conseguido La Directa destapar el caso? ¿Es la primera vez que sucede esto o hay precedentes en España y otros países? ¿La Policía tiene infiltrados en los medios de comunicación? Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levin e Inna Afinogenova analizan el caso de un policía que se ha infiltrado durante tres años en los movimientos sociales de Barcelona, utilizando a mujeres a las que ocultó su verdadera identidad para mantener con ellas relaciones afectivosexuales, como método para obtener información. Con la participación de David Bou, periodista de La Directa responsable de esta investigación; de la abogada Laia Serra y del periodista Miquel Ramos.

El engaño y el abuso sexual del Estado

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Un espacio social de tu barrio, abierto al público, donde se realizan actividades regularmente, y donde compartes tranquilamente con la gente. No hay nada que esconder. Las actividades se publicitan en carteles en la calle y en las redes, y las puertas siempre están abiertas: cine gratis, talleres contra la violencia machista, huertos urbanos o conciertos se mezclan con las campañas políticas habituales de los movimientos sociales habituales. Desde el derecho a la vivienda, pasando por la solidaridad internacionalista, la defensa de los servicios públicos y mil asuntos más que forman parte de las agendas de los colectivos que trabajan al margen de las instituciones y que cuestionan constantemente al poder. Y que son publicitadas abiertamente.

Este fue el objetivo de la infiltración de un agente de Policía, destapada, una vez más, por La Directa, meses después de descubrir otro topo en movimientos juveniles independentistas y en colectivos de barrio. Aquél, que se hacía llamar Marc y a quien dediqué otra columna, participó incluso en actividades de desobediencia civil y fue retratado en más de una acción. Tras publicarse su verdadera identidad, I. J. E. G. publicó en sus redes personales, las de verdad, imágenes jactándose de su gran hazaña en una piscina de su Menorca natal. Su trabajo, sin embargo, no logró desarticular ninguna banda armada, ni prevenir ningún ataque violento ni ningún crimen. Simplemente fichó militantes y simpatizantes de aquellos movimientos. Fichas policiales de personas que dedican parte de su tiempo a intentar cambiar las cosas, incluso sin cometer ningún delito. Fichas de gente, sí. Por su ideología.

Para quien no está familiarizado con los movimientos sociales, estos pueden parecer espacios opacos, organizaciones semiclandestinas que conspiran bajo el más absoluto secreto. Quien conoce a los movimientos sociales sabe que se enfrenta al poder con su cuerpo, asumiendo las consecuencias, y en absoluta desproporción de fuerzas dejando en evidencia cómo el Estado protege los intereses de unos pocos y machaca a la disidencia que le saca los colores. Y todo, incluso las acciones, está siempre explicado, anunciado y retratado por ellos mismos en sus redes. No hay nada que esconder. No hay nada de lo que avergonzarse. Y eso, quizás, es algo que también molesta. Por eso, quizás, hay quienes se enfrentan a años de prisión por intentar parar un desahucio. Molestan. Son peligrosos. Porque ponen en evidencia los rotos de un sistema que hace aguas por todas partes.

Esta vez, el policía infiltrado fue más allá y traspasó algunas líneas que hacen de este caso un asunto mucho más grave: mantuvo relaciones sexoafectivas con varias personas del entorno de estos movimientos sociales. Mujeres a las que engañó con una personalidad falsa y a las que usó sexual y emocionalmente para obtener información sobre otras personas. Con alguna de ellas llegó incluso a mantener una relación duradera, haciéndole creer que era otra persona. “Se ha utilizado a las personas, su intimidad, sus deseos, sus proyectos de vida, sus ambiciones, sus inseguridades, su tiempo, sus esperanzas políticas… para acceder a nuestros espacios de activismo con el fin de recabar información. Una vez más los cuerpos y los deseos de las mujeres utilizados como herramientas de control por el Estado”, manifestaban feministas madrileñas en sus redes tras conocer la noticia.

Existen precedentes en estas prácticas como el caso Spycops Scandal del Reino Unido que destapó la infiltración de Mark Kennedy, un agente de la policía secreta que había mantenido una relación de varios años con la activista de izquierdas Kate Winslow. Tal y como relata La Directa en una pieza separada de la investigación recién publicada, “el Tribunal de las Facultades de Investigación, un organismo dedicado a investigar las quejas relativas a abusos cometidos por organismos públicos británicos dictaminó, en septiembre de 2021, que esta operación secreta de la policía británica había vulnerado hasta cinco derechos fundamentales del activista Kate Wilson”. Por ello, el Estado tuvo que indemnizar con decenas de miles de libras a la activista. Pero este no era el único caso. Se descubrió que, desde finales de los años 60, había habido cientos de infiltrados. Algunos, incluso, habían tenido hijos con las afectadas.

Ayer, cinco de las mujeres que se vieron afectadas por el policía infiltrado en Barcelona, acompañadas por el sindicato CGT y el Centre per la Defensa dels Drets Humans, Iridia, anunciaron una querella contra este por abusos sexuales continuados, delitos de tortura o contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos. Veremos cómo justificará el Estado este asunto, quién planificó todo esto, qué peligro suponían estos movimientos sociales y qué recursos se emplearon para qué fin. Por qué tenían los agentes documentación falsa, qué perseguían, de quienes recibían órdenes, a quién rendía cuentas y hasta donde se justifica la instrumentalización de los cuerpos de las mujeres para estos fines.

Posiblemente para el policía “Marc” y para el recién descubierto “Daniel”, ellos tampoco tienen nada de lo que avergonzarse. Cumplen su función. Se han entrenado para ello y están convencidos de que lo hacen por un bien superior, por salvaguardar el statu quo, el orden, su orden, el que les enseñó que esos chavales y esas chavalas son peligrosos y hay que tenerlos controlados. Y por dinero, claro. De eso viven. Y lo grave de este asunto es que, una gran parte de la ciudadanía lo avala. Llevan años escuchando a los medios explicar lo malos que son los ‘antisistema’ (ese cajón de sastre donde cabe cualquiera que cuestione el statu quo) y para esto existen las brigadas de información de las policías. También los políticos y gobernantes lo toleran cuando no lo promueven.

La gravedad de todos estos casos, más allá de la gravísima instrumentalización de los cuerpos de las mujeres, es, como bien apuntan las feministas, el constante acecho a la libre asociación y a la libertad de pensamiento. Es estar constantemente en el punto de mira de las autoridades por pensar o por organizarte para cambiar las cosas. Aunque lo vistan de potencial peligro que hay que vigilar y aludan a amenazas de violencia que nunca se materializan, como se han demostrado en estos dos casos descubiertos.

El problema añadido es que, un gobierno democrático (que ya pasó página de las denuncias contra el anterior agente descubierto), y una parte de esa ciudadanía que se llama demócrata, defiende que esto pase y lo asume como mal menor para salvaguardar el orden. El problema es no querer ver que estas praxis son inherentes a esas democracias sustentadas por un orden social y económico que tolera estéticamente y hasta cierto punto, la disidencia y la discrepancia, mientras esta no suponga una amenaza real. Y en este caso, como en tantos otros, esta “amenaza real” es que pongan en evidencia sus miserias. Como ya lo han hecho las compañeras de La Directa desvelando de nuevo otra práctica abusiva del Estado.

Público, 31/01/2023