Bob Pop y Miquel Ramos vuelven a conversar, esta vez sobre la influencia de la cultura y de sus creadores y creadoras en la transmisión de valores e ideologías. Abordan cómo el cine, la televisión, la música, el humor y la cultura pueden servir para reproducir estereotipos, apuntalar el poder o el statu quo o, por el contrario, combatirlo. La cultura es siempre un importantísimo campo de batalla. Hoy también contra el fascismo.
Homofòbia
🏳️🌈🔻Derechos LGTBI e identidad frente al fascismo – Charla entre Bob Pop y Miquel Ramos
Segunda charla entre Bob Pop y Miquel Ramos dentro del ciclo #LMAntifascista Hoy, comenzamos en caso de Sarah Hegazy, activista LGTBI y militante en la izquierda egipcia que se econtraba exiliada en Canadá tras haber sido detenida y torturada, y que se quitó la vida el pasado domingo. Seguiremos con una radiografía sobre la LGTBIfóbia en el mundo. Cómo está difundiendo el odio la extrema derecha contra el colectivo LGTBI y qué está haciendo la izquierda para combatirlo. También abordaremos el tema de las políticas de identidad y los debates al respecto dentro de la izquierda.
ODI: Programa especial sobre l’extrema dreta
La qüestió d’aquesta setmana s’ha parlat del discurs de l’odi i de l’extrema dreta. Creiem pertinent preguntar si es blanquegen les accions violentes i si aquests individus gaudeixen de certa impunitat.
El discurso antifeminista y sobre violencia de género acerca a Vox a la ultraderecha del este europeo
- Expertos analizan con infoLibre la posición de Vox respecto a las políticas de igualdad y reflexionan sobre la línea seguida por sus homólogos europeos
- La defensa de valores tradicionales y la oposición a los derechos reproductivos sitúan a los de Santiago Abascal cerca de la ultraderecha del este europeo
- Vox puede, sin embargo, dejarse cortejar por el discurso de Alemania o Francia y variar su estrategia sobre el feminismo: “La capacidad de la extrema derecha para adaptarse al contexto es inmensa”
Sabela Rodríguez Álvarez@SabelaRulinha Publicada el 08/12/2019
Cadena perpetua para los maltratadores, que nunca salgan de prisión y que se modifique una ley que, dicen, ha fracasado. Son recetas de la ultraderecha española, concretamente de su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, contra la violencia de género que año tras año sufren las mujeres. Respecto a la norma aprobada por unanimidad en 2004 para combatir la violencia machista, Vox cree que “atenta contra la presunción de inocencia, crea desigualdad jurídica y tribunales especiales“.
La ley, que plantea sustituir por otra de “violencia intrafamiliar”, ha demostrado a su juicio ser “una mera herramienta ideológica con la que confrontar a hombres y mujeres”. Para Monasterio, guarda directa relación con la violencia la “inmigración ilegal”, pues “fomenta la trata de personas, la explotación sexual y genera inseguridad en los barrios, donde, cada vez más, las mujeres no se sienten seguras”. El discurso de la extrema derecha española no se aleja del labrado por sus homólogos europeos. Una oposición ferviente a los derechos reproductivos, una defensa a ultranza de la familia desde su concepción más tradicional y una asociación tramposa de violencia sexual e inmigración son algunas de las bases sobre las que la ultraderecha sienta su discurso machista, homófobo y racista.
Los puntos comunes, sin embargo, no resultan tan obvios respecto a uno de los asuntos que atraviesa el discurso de Vox: la negación a ultranza de la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las leyes que la combaten. Esta reacción se explica en parte porque precisamente la legislación española es de las más avanzadas de todo el continente. A mayor desarrollo de las leyes, mayor oposición a las mismas. Así lo argumenta Cristina Fabré, miembro del Instituto Europeo por la Igualdad de Género (EIGE). “Ese ataque se produce en España porque junto con Suecia son los únicos países que tipifican la violencia específica contra las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja”, comenta a preguntas de infoLibre.
Los grupos de extrema derecha “sienten que se criminaliza al hombre y entienden que con ello se están negando los valores tradicionales de la familia o la mujer. Pretenden invisibilizar la dimensión de género que tiene la violencia y la plantean de manera simétrica entre todos los que cohabitan” en el núcleo familiar. En la mayoría de países, comenta la experta, “apenas hay estadísticas o ese foco legislativo no existe”.
De acuerdo a la base de datos de ONU Mujeres sobre la violencia contra las mujeres, Italia habla en sus leyes de “violencia en las relaciones familiares“, Irlanda de “violencia doméstica”, Croacia de “violencia familiar” o Polonia de “lucha contra la violencia en la familia”. Y esa es la tónica habitual, con contadas excepciones. Fabré repara igualmente en aquellos países que, con “una conexión muy fuerte con grupos ultracatólicos”, se han posicionado en contra de la firma del Convenio de Estambul, “alegando que está basado en la ideología de género“. En ese sentido, entre los territorios más reaccionarios se encuentran Bulgaria, Hungría o Polonia.
Vox y el este europeo
“Vox se parece más a la extrema derecha del este europeo, que tiene un discurso más virulento sobre la violencia de género y se opone a todo tipo de políticas de igualdad”. Habla la periodista y antropóloga Nuria Alabao, autora del capítulo Género y fascismo: la renovación de la extrema derecha europea, contenido en el libro Un feminismo del 99% (Lengua de Trapo, 2018). En occidente, por el contrario, la ultraderecha trata de “reiventarse asumiendo conquistas de Mayo del 68, a nivel de la revolución cultural”, explica la antropóloga. Se trata de consensos asentados como que “la igualdad de la mujer es deseable o los derechos LGTBI incuestionables”. Una utilización, añade, táctica que sin embargo no cristaliza después en una defensa real de la mujer a la hora de aprobar políticas.
Mantener este tipo de discurso en territorio español es “uno de los grandes tapones de Vox”, opina Alabao. España tiene una “respuesta más asentada” en cuanto a igualdad, “incluso superior a muchos países nórdicos”. Por tanto, la postura ultra al respecto “les posiciona en el margen del sistema de partidos, les hace contestatarios, pero les limita porque va en contra de consensos sociales asumidos“.
En Polonia, la extrema derecha saca músculo. En las calles pero también en las instituciones. Al frente del país está el partido Ley y Justicia (PiS) desde el año 2015. Tras revalidar la victoria en octubre de este año, el partido conservador planteó como uno de sus principales envites la puesta en marcha de una legislación que persigue la educación sexual, con penas de hasta tres años de prisión a quienes la impartan entre menores. El mismo partido ya intentó, durante la anterior legislatura, endurecer la legislación sobre el aborto. La propuesta, que finalmente fue paralizada gracias a las multitudinarias protestas en las calles, buscaba restringir la interrupción voluntaria del embarazo excepto en los supuestos en los que la vida de la madre corriese peligro.
A los postulados del PiS le acompañan los de la coalición Konfederacja Wolność i Niepodległość (Confederación Libertad e Independencia), que en las pasadas elecciones logró representación gracias al 6,8% de los votos. La formación, de extrema derecha, cuenta en su cúpula con el líder Janusz Korwin-Mikke. El que también fuera eurodiputado hasta marzo de 2018 ha protagonizado numerosos titulares por sus habituales declaraciones machistas: suele cargar contra las mujeres, a quienes considera menos inteligentes que los hombres.
Korwin-Mikke también ha cuestionado la violencia sexual y criticado la idea de consentimiento. Konrad Berkowicz, diputado y número dos de Korwin-Mikke, también rechaza la educación sexual que, “sin tener en cuenta la voluntad de los padres”, enseña a los niños “el placer de la masturbación de manera sistemática desde una edad temprana”. Un discurso que de nuevo recuerda a Vox –con su idea de “pin parental”– y a grupos ultracatólicos como Hazte Oír.
El italiano Matteo Salvini, líder del partido Lega y exministro del Interior, ha mantenido durante sus años de actividad una firme oposición a los derechos reproductivos de las mujeres. En marzo del presente año, todavía en el Gobierno italiano, participó en una conferencia internacional organizada en la ciudad de Verona contra el aborto, el divorcio y el matrimonio homosexual.
En Hungría, los dardos del primer ministro, Viktor Orbán (Fidesz), contra el movimiento feminista tampoco son excepcionales. El pasado mes de octubre el país aprobó un decreto que eliminaba los estudios de género en las universidades. Este tipo de estudios, que se pueden beneficiar de ayudas públicas, “podrían considerarse más como una ideología que como una ciencia“, adelantaba ya en marzo de 2017 el secretario de Estado de Educación, Bence Rétvári. El uso del término “ideología” para los estudios de género recuerda a la tan manida “ideología de género” que emplean los de Santiago Abascal para referirse a las políticas públicas de igualdad.
Ocurre, también en Hungría, que a menudo el primer ministro conjuga su discurso abiertamente antiinmigración con su posición respecto a la violencia que sufren las mujeres. Lo mismo sucede en suelo español, donde la criminalización del extranjero es un recurso habitual de la extrema derecha. Orbán sostiene que “con muchos inmigrantes ilegales se sufre un aumento extraordinario de la tasa de delincuencia“, y apunta a Suecia como “segundo país con mayor número de violaciones”.
Occidente o el feminismo como estrategia
Llegamos a Francia y Alemania, donde la extrema derecha adopta un cariz sutilmente distinto aunque sea igualmente racista y xenóba. En esa línea tiende a expresarse Marine Le Pen, líder de Reagrupación Nacional. Para la capitana de la extrema derecha francesa, el acoso callejero es “en su inmensa mayoría obra de inmigrantes” que siguen una cultura “de desprecio hacia las mujeres francesas“. Los postulados islamófobos de Le Pen son un mantra habitual y se dejaron ver el pasado fin de semana, tras la multitudinaria marcha feminista celebrada el sábado 30 de noviembre en París. Le Pen justificó su ausencia cargando contra “varias mujeres que encabezaban la manifestación” y que recientemente “marchaban con islamistas que tienen una visión de sumisión de las mujeres”.
Marine Le Pen no ha dudado en reivindicarse como “mujer y madre” para seducir a su electorado, pese a las advertencias del movimiento feminista francés. Y esa misma estrategia es empleada por una de las cabecillas del partido Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel, abiertamente homosexual. Su partido habla de blindar las fronteras para frenar “el odio importado hacia las mujeres alemanas y los homosexuales alemanes“, en palabras de la parlamentaria Nicole Höchst, quien hace ahora un año también se refirió a la “islamización progresiva de Europa” como causa directa, a su juicio, de la merma de los derechos de las mujeres.
“Su defensa de la mujer es siempre en relación al racismo”, explica al otro lado del teléfono el periodista Miquel Ramos. “Su enganche para hablar de violencia contra la mujer” bebe en este caso de la supuesta violencia perpetrada por “los inmigrantes y sobre todo los musulmanes”. Ramos cita en este punto a Weidel, quien “hace campaña por los derechos LGTBI diciendo que el principal problema del colectivo son los ciudadanos musulmanes”. Es decir, “traspasa un mal endémico, como la homofobia o el machismo, y lo traslada a otros colectivos“. Para Ramos, la estrategia no deja de ser “muy hábil”, porque la extrema derecha “ha sabido usar la diversidad” en su favor.
Guillermo Fernández-Vázquez, autor del libro Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional (Lengua de Trapo, 2019), recuerda que no hay un único modo en que la ultraderecha aborda la cuestión. “En el caso de Francia, Marine Le Pen lo lleva haciendo, durante los últimos diez años, desde una perspectiva diferente a la de Vox”, aclara. Lo cierto es que la líder de la extrema derecha “ha enfatizado su condición de mujer para tratar de disputarle a la izquierda el concepto de feminismo” con el fin último de “resignificarlo”. En ese sentido, “acepta los puntos más polémicos: no cuestiona la violencia de género, no se mete con el matrimonio homosexual, tolera el aborto, pero sobre todo lo que más le importa es enmarcar el feminismo en una defensa de la identidad francesa“. Es decir, asume determinados valores como “parte de la cultura francesa y subraya que los enemigos de esas conquistas son los inmigrantes musulmanes”.
Le Pen, agrega Fernández-Vázquez, “está dispuesta a aceptar el feminismo siempre que le sirva para atacar las invasiones culturales del mundo musulmán“. Y eso, añade, “ha servido para aumentar el voto de sectores no particularmente ideologizados”. En otros territorios como Holanda o Alemania, abunda el autor, se sigue el mismo patrón. Aunque siempre surgen cismas, incluso dentro de las propias corrientes de extrema derecha. Fernández-Vázquez cita en este punto a Marion Maréchal, sobrina de Marine Le Pen, que sí podría ser un “referente ideológico” para Vox. Ella habla de “feminismo totalitario y lo considera como una especie de vanguardia cultural de la progresía”, por lo que su oposición al movimiento es férrea.
Ramos coincide en destacar lo diverso de la extrema derecha y también repara en que la línea de Vox “se asemeja más a la extrema derecha oriental”. Pero advierte, no obstante, de que “eso puede cambiar en cualquier momento“. Los de Abascal pueden de pronto “defender el aborto o el matrimonio LGTBI como hacen en Europa” porque “la capacidad de la extrema derecha para adaptarse al contexto es inmensa y su votante lo permite”.
Opina lo mismo el historiador Francisco Veiga, coautor del ensayo Patriotas indignados (Alianza Editorial, 2019). Vox, analiza, “es la extrema derecha española de toda la vida” pero ha optado por “marcar distancias con el fascismo histórico”. En Hungría, recuerda el autor, el partido Jobbik “desfilaba por Budapest con trajes paramilitares, pero empezaron a tener problemas y entonces se desmovilizaron ymontaron el partido con una estética de traje y corbata“. En ese sentido, opina, “la ultraderecha va de cívica con estrategias pasivo-agresivas” que buscan situarles “como las víctimas y no los agresores”. A Vox, subraya el historiador, sí “le corteja la ultraderecha occidental”. Y aunque “de momento son antifeministas, cualquier día cambian y crean una agrupación feminista de ultraderecha como en Alemania”. Para ello, advierte, “conviene estar preparados y tener una respuesta”.
La llarga travessa pel reconeixement dels delictes d’odi
Les veus expertes adverteixen de la manca de protocols efectius per actuar contra aquest tipus de delictes i protegir les seves víctimes i reclamen una llei integral Miquel Ramos Publicat a la DIRECTA 23/02/2016
L’estiu de 2007, en un pioner i ja extint fòrum d’Internet espanyol de caràcter neonazi, es publicaren una sèrie de vídeos on dos homes toxicòmans eren objecte d’un seguit d’humiliacions per part d’un grup de joves al barri valencià de Campanar. Els proposaven menjar excrements i insectes a canvi d’un euro. Els membres del fòrum nazi comentaven, amb evident menyspreu, l’aspecte i l’estat de les víctimes i alguns inclús suggerien l’eutanàsia. Diferents organitzacions de drets humans van portar els vídeos a la policia, però ben aviat van desaparèixer de les xarxes socials i no es va saber res més dels autors ni de les víctimes.
El mateix mes, el centre social Ca Revolta havia estat atacat amb trets de perdigons una nit mentre era obert al públic. També el local de la Comissió Espanyola d’Ajut al Refugiat (CEAR) havia patit, en només un any, deu atemptats amb explosius. Alguns van tenir lloc mentre l’oficina estava oberta. Mesos abans, diverses seus del Bloc Nacionalista Valencià (BNV) també van ser atacades. Un any després, va arribar el torn d’Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV).
Tots aquests atacs –i molts d’altres– van ser recollits en un dossier per la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat (APCI), que va portar la denúncia a les Corts Valencianes, al Congrés espanyol i al Parlament Europeu. El delegat del govern espanyol a València en aquell moment era Ricardo Peralta, un excomunista aterrat al PSOE, qui va emmarcar els fets dins una suposada “normalitat democràtica”. Aquest polític va considerar fora de lloc aprovar una proposició no de llei a les Corts Valencianes per condemnar els atacs feixistes. La mesura va ser proposada pel BNV després que la seua comitiva hagués patit diverses agressions durant la processó cívica de la Diada del 9 d’Octubre de 2009. Mai ningú fou arrestat per cap dels fets relatats.
Anys de plom al País Valencià
La violència feixista ha esquitxat el País Valencià ininterrompudament des de la transició, sempre de manera impune. El repunt experimentat ara fa deu anys va posar en alerta les organitzacions que havien estat patint atacs cada vegada més violents, inclosa la tornada de les bombes. Malgrat la gravetat dels fets, les notícies sobre els atemptats rarament apareixien a la premsa estatal i sempre quedaven relegades en un àmbit domèstic.
Les pintades i els assalts contra llibreries i centres socials, els atacs a joves d’esquerres o els reiterats boicots a actes culturals mai no van acabar amb detencions, fins i tot quan els grups ultres coneguts els reivindicaven. Nombroses organitzacions afectades van decidir, en 2007, formar la plataforma APCI amb la intenció de visibilitzar la unitat davant la inacció i la indolència institucionals. També s’ha volgut reclamar la creació d’uns protocols específics en delictes d’odi, tal com ja han establert altres estats europeus des de fa anys.
Per altra banda, diverses entitats van decidir presentar-se com a acusació popular en el cas Panzer, una operació de la Guàrdia Civil contra l’organització neonazi Frente Antisistema (FAS) perpetrada l’any 2005 al País Valencià. Segons la Guàrdia Civil, aquest grup es dedicava a la venda d’armes i a fer caceres contra antifeixistes i persones migrants, entre altres delictes. Hi havia una vintena de neonazis valencians imputats en el cas, entre ells, l’assassí de Guillem Agulló, un regidor d’España 2000 i dos militars. Mesos abans del judici, celebrat nou anys després de l’operació policial, la Guàrdia Civil va destruir, “per error”, les armes confiscades, que eren proves fonamentals del procés.
Tots acabarien absolts en 2015, després que l’Audiència Provincial de València invalidés les escoltes telefòniques fetes per la Guàrdia Civil. El Tribunal Suprem, a més, va ratificar l’absolució dels neonazis, que ja han demanat que se’ls tornen les armes i el material confiscat. La sentència també recull la condemna en costes a l’acusació, que ascendeix a quasi 42.000 euros. L’any 2005, la mateixa sala de l’Audiència Provincial de València ja havia absolt el grup neonazi Armagedon, al qual s’atribuïa l’incendi de diverses seus de partits polítics l’any 2000.
Inacció institucional
Toni Gisbert, secretari d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i un dels portaveus d’APCI, no deslliga els fets dels darrers anys dels coneguts casos de la transició espanyola. Les bombes contra Joan Fuster o Sanchis Guarner van ser casos que tampoc no es van resoldre. Tal com adverteixen els informes que aquesta plataforma publicava periòdicament, “els protagonistes (dels incidents) són grupuscles molt minoritaris i coneguts, però que gaudeixen d’una impunitat absoluta: rarament hi ha detencions i, quan es produeixen, molt estranyament acaben en judicis i, a més, el resultat sol ser l’absolució”.
ACPV ha estat un dels objectius favorits de l’extrema dreta des de fa anys i la llibreria Tres i Quatre (que actualment es troba a l’edifici d’aquesta associació al centre de València) té el rècord d’atacs de tot Europa. Gisbert afirma que “cap govern espanyol ni cap delegat del govern a València sembla mostrar la més mínima intenció d’abordar el problema de la continuïtat dels cossos policial i judicial amb el franquisme ni de les seues actuacions”. En aquest sentit, el portaveu d’Acció Popular Contra la Impunitat remarca la “particular incapacitat” de la policia “per descobrir mai cap autor de cap fet violent si l’autoria és feixista”.
Malgrat les intencions d’abordar els delictes d’odi manifestades pel govern valencià i el Ministeri de l’Interior espanyol, el portaveu de la plataforma afirma que la solució “no passa per declaracions retòriques”; que calen “plantejaments de decisió coparticipada que donin veu real a les entitats i les associacions que coneixem el problema i el combatem des de fa anys, dècades”. De fet, la plataforma que representa ha picat totes les portes per visibilitzar la violència i sempre s’ha trobat amb un mur institucional que fins i tot negava el problema. “Els poders reals no estan disposats ni a un veritable control democràtic dels aparells policial i judicial ni a la fi de la criminalització de determinats sectors”, remata Gisbert.
———————
ANÀLISI de Laia Serra
Més eines legals contra els delictes d’odi
El dret representa unes regles del joc que sorgeixen tant dels equilibris de poder com de l’evolució dels valors socials. A banda del contingut de les lleis, existeix una cultura jurídica que evoluciona juntament amb els canvis socials. Els anomenats drets de tercera generació i els nous delictes com els comesos envers les dones, el medi ambient o els animals en són un exemple.
Fins ara, els delictes d’odi han estat menystinguts pels professionals del dret. O bé no s’investigaven amb profunditat o es tramitaven com judicis per infraccions menors. Es concebien com una infracció que tan sols perjudicava la víctima directa, sense tenir en compte que també danyava tots els membres de la seva comunitat, llançant-los el missatge que podien ser agredits de nou en qualsevol moment i recordant-los la categoria inferior que –pels agressors– mereixen en la societat.
Els delictes d’odi són greus i perillosos perquè perjudiquen profundament la persona que els pateix –en negar-li la dignitat–, perquè posen en risc la convivència i perquè qüestionen els valors que fonamenten la nostra organització social: dignitat, igualtat i llibertat. A escala internacional i europea, els delictes d’odi han estat profundament estudiats i desenvolupats. Al llarg dels anys, l’Estat espanyol ha anat subscrivint els grans convenis internacionals sobre drets humans i està subjecte a les directrius que s’imposen en l’àmbit internacional i europeu i als paràmetres que dicta el Tribunal Europeu dels Drets Humans.
Malgrat aquests compromisos, les eines legals de què es disposa i el fet de comptar amb un Codi Penal que contempla diversos delictes específics, continua mancant la sensibilitat i la formació de policies, jutges, fiscals i advocats per perseguir-los amb eficàcia i desplegar una energia punitiva coherent amb la gravetat que representen.
*Laia Serra és advocada penalista
La judicatura i els cossos policials, a remolc de la intolerància
Des de l’any 2009, s’han creat una cinquantena de fiscalies especials per als delictes d’odi a tot l’Estat espanyol. La Policia Local de València rebrà una formació específica en aquesta matèria.
Miquel Ramos 23/02/2016
El pas institucional més important dels darrers anys per combatre aquesta xacra es va fer a Barcelona l’any 2009, amb la creació d’una fiscalia especialitzada en delictes d’odi. A Catalunya, el registre d’aquest tipus d’incidents es va començar a dur a terme l’any 2010. Hui dia, arreu de l’Estat, ja hi ha 50 fiscals que tracten aquests delictes, però els resultats encara estan molt lluny de ser satisfactoris.
La manca de protocols efectius per registrar-los s’evidencia amb les xifres que aporta el Ministeri de l’Interior espanyol al respecte des de fa tan sols tres anys. Segons aquestes dades oficials, a l’Estat espanyol, es van registrar 1.285 delictes d’odi en 2014; al Regne Unit, la xifra arriba als 52.528 casos. A més, s’estima que la xifra coneguda és aproximadament un 10% de la real. En la majoria d’ocasions, aquest tipus d’incidents no es denuncien, sovint perquè ni tan sols la víctima és conscient d’haver patit un crim motivat per algun prejudici envers ella.
Tampoc existeixen programes d’atenció a les víctimes d’aquests delictes, tan sols l’ajut brindat per ONG. Aquesta és una de les principals reivindicacions, entre altres, del Moviment Contra la Intolerància, organització pionera en la recollida de dades sobre delictes d’odi a l’Estat i impulsora, en gran mesura, de la demanda de les fiscalies especialitzades i d’una llei integral de delictes d’odi.
El seu president, Esteban Ibarra, considera que “les fiscalies no estan plenament actives, ja que no actuen d’ofici, tan sols esperen que els arribe una denúncia”. A més, “els distints cossos policials segueixen sense mostrar suficient sensibilitat davant aquest tipus d’incidents”, afirma.
Ibarra destaca l’escassa implicació institucional en la lluita contra els delictes d’odi: “Calen menys gestos, més política i mesures concretes; entre altres, l’aplicació decidida de la llei contra el racisme, la violència i la intolerància a l’esport, especialment als fons ultres dels camps de futbol”, apunta a tall d’exemple.
Formació especial per la policia de València
El mes d’octubre passat, la regidora de protecció ciutadana de la ciutat de València, Sandra Gómez, va anunciar que la policia local de la ciutat rebrà una formació específica en matèria de delictes d’odi. Gómez explica que, fins ara, “els delictes d’odi s’havien invisibilitzat”. Ara, es treballarà conjuntament amb la fiscalia i amb les ONG i les entitats que treballen en aquest camp. “Pel nou Ajuntament, és una prioritat formar els agents en mesures preventives i amb capacitat de mediació per garantir la convivència en la diversitat”, afirma la regidora, que s’ha servit d’un pla especial de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) per implementar aquesta formació.
Abans, però, David Garfella, agent de la policia local de Silla (l’Horta), va decidir formar-se pel seu compte en la matèria, juntament amb Jacobo Domingo, un altre oficial de Picassent (l’Horta). Garfella explica que, l’any 2012, “l’extrema dreta havia aconseguit representació” i tenia certa força al seu poble (España 2000 va obtenir dos regidors). “Els incidents racistes i xenòfobs se succeïen sense cap tipus de resposta legal, almenys per part de la policia”, relata. Aquests dos agents van decidir crear el projecte Policia i Diversitat per conscienciar altres agents sobre aquest tipus de delictes, així com “visibilitzar tot allò que estava passant i, sobretot, importar bones pràctiques” que ja duien a terme altres cossos policials de l’Estat i d’altres països d’Europa.
“Trobàrem un gran buit institucional en la matèria”, explica Garfella. Per això, ara, a través de la seua xarxa, assessoren agents d’altres localitats que els ho demanen, sempre de manera gratuïta. Seguint aquest model, fan cursos de formació en matèria de delictes d’odi i treballen conjuntament amb ONG. “Hem hagut de mantenir-nos en l’anonimat fins fa ben poc. No estàvem ben vistos en alguns cossos policials…”, explica.
La petjada de l’odi als Països Catalans
Una investigació periodística denuncia que, els darrers 25 anys, hi ha hagut 31 crims d’odi al País Valencià i a Catalunya. Es desconeix el desenllaç judicial de més de la meitat d’aquests casos.
David Bou 22/02/2016
Els crims d’odi són aquells casos que acaben amb la mort de la víctima, la punta de l’iceberg dels centenars de delictes d’odi que es produeixen anualment a casa nostra. Els vuitanta-sis casos registrats des de 1990 a l’Estat espanyol han suposat la mort de vuitanta-vuit persones. Després de submergir-se a les hemeroteques dels mitjans de comunicació per resseguir el recorregut judicial dels casos, aquesta és la xifra que dóna el projecte Crimenes de odio, elaborat pel Grup d’Investigació sobre Crims d’Odi en col·laboració amb Movimiento Contra la Intolerancia, l’única entitat que durant el darrer quart de segle ha fet un recull sistemàtic de dades sobre aquesta temàtica mitjançant l’Informe Raxen.
Dels 31 crims comesos als Països Catalans, cinc van acabar amb condemna per assassinat, set amb condemna per homicidi, dos van acabar en absolució, un va ser arxivat i la resta, un total de setze, no se sap com es van resoldre. Per documentar aquest treball, s’ha prescindit de fonts policials i judicials amb l’objectiu de posar de manifest la manca de voluntat per part de les forces i els cossos de seguretat i de la judicatura a l’hora d’eradicar aquesta xacra. Quinze d’aquests casos van ser motivats per racisme i xenofòbia; quatre, per aporofòbia (odi a les persones sense llar); dos, per transfòbia; dos, per violència ultra al futbol; dos, per odi ideològic, i sis per intolerància criminal, calaix de sastre on s’inclouen els casos motivats pel menyspreu a la dignitat de les persones, els seus drets fonamentals i les seves diferents maneres de manifestar la condició humana.
Els casos de violència masclista no s’inclouen per la manca d’estadístiques i la impossibilitat de recollir tots els crims que han tingut lloc els darrers 25 anys
Els casos de violència masclista no s’inclouen per la manca d’estadístiques i la impossibilitat de recollir tots els crims dels darrers 25 anys. Tanmateix, el projecte remet a feminicidio.net, portal que recull tots els feminicidis a l’Estat espanyol des de fa un lustre, inclosos els no íntims i contra les treballadores sexuals; casos que, en cas que existissin dades per tot el període que abraça aquesta investigació, s’haurien d’incloure a la categoria de misogínia, definida com l’odi contra la dona per raó del seu gènere.
El projecte continua obert a aportacions davant l’evidència que existeixen més casos –fins ara silenciats– que s’haurien d’incloure, però que el pas dels anys ha condemnat a l’oblit.