La Fiscalía pide siete meses de prisión para la portavoz de Hogar Social por desobediencia

  • El Ministerio Público expone que Melisa Domínguez “se negó reiteradamente a acatar las órdenes” de los policías para que depusiese su actitud de permanecer sentada junto a la puerta de entrada de la sede del PSOE
La Fiscalía de Madrid solicita siete meses de prisión para la portavoz de la organización ultraderechista Hogar Social, Melisa Domínguez, por un delito de desobediencia. Los hechos investigados sucedieron en enero de 2020, cuando miembros del colectivo ultraderechista acudieron a la sede del PSOE a manifestarse después de que ese mismo día la Policía les hubiese desalojado de un edificio que estaban ocupando cerca de Plaza de España (Madrid).

El escrito de acusación recoge que el 9 de enero de 2020 Domínguez “se dirigió junto a otras quince personas, todas ellas integrantes del colectivo Hogar Social Madrid, a la sede del Partido Socialista Obrero Español” y se sentaron “en el suelo junto a la puerta de entrada y en el espacio comprendido entre ésta y los tornos y controles de seguridad”, según expone el departamento de prensa del Ministerio Público en un comunicado.

“La acusada se identificó como portavoz del grupo y se negó reiteradamente a acatar las órdenes que le fueron dadas por el responsable de seguridad de la sede y por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para que abandonara el lugar”, expone la Fiscalía, que detalla que Domínguez continuó “persistiendo en su negativa, hasta que, finalmente, los agentes policiales tuvieron que desalojarla contra su voluntad” .

En un auto, emitido el 15 de febrero, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Madrid descartó que Domínguez cometiese un delito de allanamiento, como solicitaba la defensa del PSOE, que ejerce la acusación particular. Para la magistrada, “basta el visionado del contenido de las imágenes aportadas para comprobar” cómo ni Domínguez ni el resto de manifestantes “trataron de pasar los tornos de acceso a las instalaciones del partido, situándose en la zona de acceso y en las puertas de entrada al edificio desde la calle”, aunque a su vez reconoce que “la presencia del grupo en el lugar dificultó la entrada y salida a la sede del partido”. Y se limitó a enmarcar los hechos en un presunto delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad.