Dos condenados, uno de ellos un neonazi, por el asesinato de un joven en Málaga

Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la víctima trató de mediar en una pelea. La sentencia llega tras la repetición del juicio.

Miquel Ramos y Dani Domínguez – La Marea 2 de julio 2021

Los dos acusados por matar a golpes al joven malagueño Pablo Podadera han sido condenados a 15 años de prisión por asesinato. Los hechos ocurrieron en 2017, cuando la víctima trató de mediar en una pelea. Uno de los condenados es un conocido neonazi de Málaga. Un tercero ha sido condenado por encubrimiento a 14 meses de prisión. 

La sentencia, que ha sido publicada este 1 de julio, considera que los golpes propinados por los dos acusados causaron las lesiones que provocaron la muerte del joven en el Hospital Clínico Universitario de Málaga.

El pasado 20 de abril se cumplieron cuatro años del crimen. Aquella noche, Pablo estaba celebrando su 22 cumpleaños con unos amigos. A las puertas del local, la víctima trató de mediar en una pelea entre personas a las que ni siquiera conocía. Dos de los implicados en la trifulca la tomaron con él y le propinaron una brutal paliza.

El día del aniversario del crimen, un ramo de flores, dos velas y una foto de Pablo aparecieron en el lugar de los hechos. “Málaga jamás perderá tu memoria y recuerdo que es la de todos y todas nosotras. Hoy te rendimos este pequeño homenaje. #JusticiaParaPablo”, rezaba un tuit de Por Una Málaga Antifascista. 

Repetición del juicio

En 2019, los dos agresores –Alex Cordal Céspedes, de 27 años, y Alberto Ross, de 25– fueron condenados a tres años y dos meses de prisión por la Audiencia de Málaga. La sentencia recogió un delito de lesiones y otro de homicidio imprudente, ya que, según el veredicto del jurado popular, no tenían intención de matarlo. Otros dos acusados por encubrimiento fueron absueltos y un tercero no se presentó al juicio.

Sin embargo, la familia de Pablo decidió recurrir la sentencia al considerarla injusta. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la anuló y ordenó la repetición de un nuevo juicioel cual dio comienzo el pasado 5 de abril.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular que representa a la familia de la víctima siempre han sostenido que no se trató de un homicidio, sino de un asesinato, y que la sentencia y el veredicto estaban plagados de contradicciones. Ante ello, el Ministerio Público solicitó una pena de 18 años de prisión para los dos principales acusados, una cifra que la acusación particular eleva a 20 años. Para los dos investigados por encubrimiento, pedían dos años de cárcel. El tercero continúa estando en busca y captura tras no presentarse a este nuevo juicio. Según su abogada, se trata de una persona “tremendamente inestable” que tiene, según un informe psicológico, “un trastorno que le genera ideas persecutorias” ante el “miedo a que lo detengan”.

Pablo fue “salvajemente agredido” en Málaga

De acuerdo con la Fiscalía, Pablo trató de evitar una pelea a las puertas de una discoteca. Sin embargo, lo que recibió fue, “de forma sorpresiva, violentos puñetazos de Alberto y Alejandro, que impactan contra la sien derecha, con la intención de matarlo, dada su envergadura, potencia y destino de los golpes (la cabeza), comenzando a caer desplomado”.

La agresión, sin embargo, no terminó ahí y, estando ya en el suelo, según la representante del Ministerio Público, “recibe igualmente patadas en la cabeza por parte de ambos”. En palabras de la propia policía, el joven fue “salvajemente agredido” por parte de ambos.

Según se desprende de la reconstrucción de los hechos gracias a las cámaras de seguridad, Nicolás, uno de los implicados en la pelea y a quien Pablo trató de calmar,  intentó sujetar al agredido tras ser golpeado, pero se le acabó resbalando y terminó por golpearse contra la pared y el suelo. Nicolás, acusado de encubrimiento, es quien se encuentra en busca y captura.

Tras la agresión, los acusados huyeron del lugar. Según su versión en este nuevo juiciono fueron conscientes de la gravedad de lo sucedido. Aunque los dos principales acusados han reconocido haber golpeado a la víctima, han intentado enmarcarlo en “una pelea de borrachos” alegando estar muy bebidos y haber consumido cocaína. Asimismo, aseguran que Pablo no trató de mediar sino que insultó a uno de ellos.

Cuando se cumplieron cuatro años del crimen, sus familiares y amigos lanzaron una campaña en redes sociales con la foto de Pablo y exigiendo justicia. Lo hizo  también el colectivo Por Una Málaga Antifascista, un proyecto que trata de reconstruir lo que en su día fue la Coordinadora Antifascista de Málaga, y se han unido varios perfiles en redes sociales que lucen la imagen de Pablo. “Queremos reivindicar la memoria de Pablo, así como visibilizar la impunidad de las organizaciones neonazis en Málaga. Hay agresiones constantes desde hace muchos años y recordemos que los asesinos de Pablo siguen en la calle”, explica un miembro de este colectivo. Pablo no era un militante político, “y eso demuestra que los neonazis son un peligro para todas y todos”.  

Los vínculos ultraderechistas de los acusados

Los acusados, según señalan varias fuentes consultadas por lamarea.com, y como ya publicó El Español, pertenecían supuestamente a los ultras del Málaga Club de Fútbol, conocidos como Frente Bokerón, además de estar relacionados con grupos de extrema derecha como Málaga 1487. Varios documentos audiovisuales muestran a Alberto Ross, tanto en las gradas como en actos de organizaciones ultraderechistas. Ross aparece en varias imágenes con los ultras del Málaga, así como en actividades de la organización ultraderechista Hacer Nación, un proyecto que ha unido recientemente a varios colectivos neonazis y neofascistas de varias ciudades del Estado español.

Varios medios alternativos también han publicado en redes sociales abundante información sobre los autores del crimen, mostrando su vinculación con grupos de extrema derecha, un detalle que muchos medios de comunicación han obviado en sus informaciones. En una de estas imágenes publicadas por el portal La Haine, se aprecia a dos de los acusados por la muerte de Pablo Podadera posando junto a una pancarta que pide la libertad del librero nazi Pedro Varela, exmiembro de CEDADE y expropietario de la Librería Europa, el principal centro difusor de ideas nazis en España durante décadas, encausado años atrás por ello. 

La impunitat de l’extrema dreta al País Valencià

El programa Zoom (À Punt) analitza les agressions i actes violents de l’extrema dreta valenciana, que la premsa ha recollit en els últims 50 anys. Entre les que figures morts; agressions; atacas a seus, locals i monuments; atemptats amb explosius, incendis i boicots

La Fiscalía pide siete meses de prisión para la portavoz de Hogar Social por desobediencia

  • El Ministerio Público expone que Melisa Domínguez “se negó reiteradamente a acatar las órdenes” de los policías para que depusiese su actitud de permanecer sentada junto a la puerta de entrada de la sede del PSOE
La Fiscalía de Madrid solicita siete meses de prisión para la portavoz de la organización ultraderechista Hogar Social, Melisa Domínguez, por un delito de desobediencia. Los hechos investigados sucedieron en enero de 2020, cuando miembros del colectivo ultraderechista acudieron a la sede del PSOE a manifestarse después de que ese mismo día la Policía les hubiese desalojado de un edificio que estaban ocupando cerca de Plaza de España (Madrid).

El escrito de acusación recoge que el 9 de enero de 2020 Domínguez “se dirigió junto a otras quince personas, todas ellas integrantes del colectivo Hogar Social Madrid, a la sede del Partido Socialista Obrero Español” y se sentaron “en el suelo junto a la puerta de entrada y en el espacio comprendido entre ésta y los tornos y controles de seguridad”, según expone el departamento de prensa del Ministerio Público en un comunicado.

“La acusada se identificó como portavoz del grupo y se negó reiteradamente a acatar las órdenes que le fueron dadas por el responsable de seguridad de la sede y por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía para que abandonara el lugar”, expone la Fiscalía, que detalla que Domínguez continuó “persistiendo en su negativa, hasta que, finalmente, los agentes policiales tuvieron que desalojarla contra su voluntad” .

En un auto, emitido el 15 de febrero, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Madrid descartó que Domínguez cometiese un delito de allanamiento, como solicitaba la defensa del PSOE, que ejerce la acusación particular. Para la magistrada, “basta el visionado del contenido de las imágenes aportadas para comprobar” cómo ni Domínguez ni el resto de manifestantes “trataron de pasar los tornos de acceso a las instalaciones del partido, situándose en la zona de acceso y en las puertas de entrada al edificio desde la calle”, aunque a su vez reconoce que “la presencia del grupo en el lugar dificultó la entrada y salida a la sede del partido”. Y se limitó a enmarcar los hechos en un presunto delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad.

Entrevista (À Punt Notícies): Els discursos d’odi precedeixen els delictes d’odi.

Una pallissa a València per un grup que llançava proclames nazis, una agressió múltiple a Alacant a un homosexual, un funeral amb simbologia feixista a Algemesí… Les notícies del matí ha entrevistat el periodista expert en anàlisi i investigació dels discursos d’odi, Miquel Ramos, per a valorar el degoteig d’accions violentes i ultres que s’han registrat en els últims dies a la Comunitat Valenciana.

Ramos veu una connexió directa entre algunes d’aquestes accions i la normalització d’alguns discursos de l’extrema dreta des de la irrupció de Vox en les institucions polítiques. “Hi ha gent que considera que eixos discursos legitimen les seues accions contra aquests col·lectius”, ha dit en referència les persones immigrants o homosexuals”. I hi afegeix, “és el que sempre advertim, que els discursos d’odi precedeixen als delictes d’odi.”

“El que ha aconseguit Vox és normalitzar un discurs que anaven fent els grups d’extrema dreta convencional, però que no tenia altaveu institucional i mediàtic”, ha explicat el periodista, que entén que amb la difusió de les idees de Vox “com una opinió legítima més” hi ha grups que beuen d’aquesta normalització dels discursos d’odi i se senten legitimitats.”

“El que manifesta Vox no se’n va gens d’algunes de les propostes de grupuscles neofeixistes marginals”, adverteix. Amb tot, Miquel Ramos no creu que hi haja més agressions per motius d’odi a la Comunitat Valenciana, que assegura ha viscut “èpoques molt fosques”, sinó que s’hi veuen més per la major consciència social i de mecanismes per a fer-los públics i denunciar-los. En opinió de l’expert en delictes d’odi “el problema no hi és tant en les agressions, com en la impunitat perquè moltes denúncies queden en no-res quan arriben als jutjats.

Critica que, en absència de consens a la judicatura, els processos “depenen de la interpretació subjectiva del jutge de torn”, com ha passat en l’arxivament del cartell electoral de Vox contra els MENA a Madrid. I denuncia la doble vara de mesurar que s’hi aplica, que investiga per delicte d’odi les proclames contra la monarquia fetes a Elda, però que deixa sense investigar les manifestacions i simbologia feixista que es va exhibir en la manifestació a València del passat dissabte que va convocar la formació d’ultradreta España 2000.

Ramos no ha volgut connectar aquesta concentració amb l’agressió múltiple a un jove hores després en les proximitats de la seu de la formació d’extrema dreta, una pallissa durant la qual els testimonis asseguren haver escoltat proclames nazis. El periodista ha explicat que la víctima no té cap vinculació política i va ser agredida sense motiu, per la qual cosa ha instat a esperar la investigació policial abans d’establir cap relació entre les dues situacions.

L’expert en delictes d’odi ha advertit que la legislació impedeix evitar l’exhibició de simbologia ultra o les proclames feixistes, a diferència del que passa en països com Alemanya. Tanmateix ha explicat que la delegació del govern sí que té marge per a minimitzar els problemes d’orde públic que puguen comportar, canviant-les d’ubicació o establint un protocol de seguretat més rotund.