Las preguntas que se quedan sin respuesta sobre las cargas en Madrid

Según el informe policial, se identificó a siete personas de extrema izquierda. Sin embargo, no se aclaran los motivos de la identificación.

Miquel Ramos y Dani Domínguez – 9 de julio 2021 – La Marea

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, tachó de “inaceptable” el dispositivo policial desplegado durante la manifestación organizada el pasado lunes en Madrid en repulsa por el presunto asesinato homófobo de Samuel en A Coruña. Desde Más Madrid hablaron de “desproporcionalidad”. Por el contrario, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, que aseguró que el Gobierno “respalda la actuación policial”, añadió que la Delegación del Gobierno estudiaría si existió “desproporcionalidad” en las cargas.

La presencia de “varios grupos de ideología radical de extrema izquierda”

Sin embargo, cuatro días después de los sucesos que terminaron con varios periodistas golpeados y uno rociado con alguna sustancia irritante en los ojos, son muchas las preguntas que siguen sin respuesta. Este medio se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de la Policía para tratar de encontrarlas.

El pasado martes, la Delegación del Gobierno en Madrid publicó un comunicado en el que, a través de 6 puntos, trataba de explicar lo acontecido ylamentaba que la concentración se viese “empañada” por los incidentes y anunciaba la investigación para dilucidar si hubo o no desproporcionalidad. 

Pero en ese comunicado, una frase llamaba la atención: “Previamente [a la concentración en la Puerta del Sol], la Policía había detectado la presencia de varios grupos de ideología radical de extrema izquierda. Siete de estas personas son identificadas en la zona”. Lamarea.com ha intentado conocer más información sobre este extremo. ¿De qué grupos se trataba? ¿Por qué se identificó a esas siete personas? ¿Protagonizaron algún incidente que requiriese que fuesen identificadas?

Y, además: ¿por qué sabía la policía que esas personas eran de extrema izquierda? ¿Se identificaron ellas como tal? ¿Tenían algún tipo de distintivo que permitiese identificarlas? ¿Monitoriza la policía a personas de ideología radical? 

Desde Delegación del Gobierno aseguran que los hechos explicados en el comunicado provienen del informe policial y que, por lo tanto, desconocen los motivos de las identificaciones, defendiendo en todo caso que los motivos no pueden ser ideológicos. En la Jefatura Superior de la Policía, por su parte, sostienen que no disponen de dicha información y remiten a la Delegación del Gobierno. Y, por el momento, esas preguntas continúan sin respuesta.

La delegada del Gobierno María de las Mercedes González Fernández no ha querido hacer ninguna valoración política de lo ocurrido.

Las cargas tras la concentración

“Hacia las 22:30 h, a la altura del metro de Argüelles, se produjeron más lanzamientos de objetos por parte de los participantes, quienes trataron de formar barricadas en la zona causando daños en el mobiliario urbano, lo que provocó la actuación de la policía utilizando la fuerza para disolver a este grupo”, recoge el comunicado de la Delegación del Gobierno. Una versión, la policial, puesta en duda por varios testigos presentes en el momento de las cargas: “No hubo provocaciones previas, solo gente cortando algunas calles gritando por el asesinato de Samuel”, explicaba el fotoperiodista Olmo Calvo a través de Twitter.

Lo corrobora el periodista Fermín Grodira en la misma red social: “Los primeros porrazos caen antes de que ninguna barricada fuese montada”. Tanto Calvo como Grodira denunciaron públicamente haber sido golpeados por los agentes.

Pero, ¿quién dio la orden para cargar? Unas cargas para las que se utilizaron furgones blindados que entraron a toda velocidad en una calle estrecha en la que se agolpaban unas pocas decenas de manifestantes. Esta fue la pregunta que este medio trasladó al Ministerio del Interior y que también se ha quedado sin respuesta. Desde Delegación del Gobierno defienden no tener ninguna responsabilidad en ese ámbito, y aseguran desconocer quién ordenó la carga. 

De la misma forma, tampoco hemos podido conocer qué tipo de sustancia irritante fue la que acabó en los ojos del fotoperiodista Edu León –y por la cual requirió atención del Samur– ni los motivos por los que la policía decidió usarla para dispersar la concentración.

Jupol señala al periodista Miquel Ramos por denunciar los abusos policiales en la manifestación por Samuel

Más de 70 localidades de toda España condenaron el asesinato homófobo de Samuel Luiz, de 24 años, en A Coruña. «Samuel, hermano, no estás solo», es una de las insignias que se han escuchado.

Las movilizaciones tenían el objetivo de mostrar un mensaje conjunto de repulsa hacia este crimen de odio. Prácticamente las plazas de todas las capitales de provincia se han llenado de miles de personas que han querido hacer pública su indignación.

En la ciudad en la que fue asesinado por ser gay, A Coruña, los manifestantes se reunieron en la plaza de María Pita, donde también han acudido rotos de dolor los amigos del joven asesinado, donde se trasladó apoyo a la familia.

La nota discordante la puso Madrid. Unas 3.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han acudido a la Plaza Mayor con pancartas que rezaban mensajes como «cualquiera nosotros podría ser Samuel» o «Ya no os tenemos miedo», donde la Policía llevó a cabo hasta tres cargas.

Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se produjeron en la zona de Argüelles, en el cruce de las calles Princesa y Alberto Aguilera. Los manifestantes avanzaron por la primera de las calles hasta el cruce de Princesa cantando varias consignas. Al llegar a Princesa, sobre las 22.30 horas, se encontraron con el despliegue policial.

Unas ocho unidades de Policía se desplegaron en la zona, donde los agentes rechazaron a golpes el avance de unos 500 manifestantes. Hacia las 23.00 horas la situación de tensión continuaba ya que los manifestantes no entendían por qué no podían marchar y los agentes se preparaban para una nueva carga.

Miquel Ramos y su denuncia

El periodista Miquel Ramos denunció en sus redes sociales la brutalidad con la que se mostró la Policía contra los manifestantes citando un vídeo en el que se veía como tres agentes cargaban sin control contra manifestantes. «¿Pero esto qué es?», se preguntaba Ramos.

El sindicato de Policía Jupol, cercano a la extrema derecha, atacó al periodista llamándolo intoxicador y añadiendo dos vídeos en los que no se justifican las cargas. «Se produjo por una alteración del orden público de grupos antisistema, los de siempre…», ponía en uno de ellos. En otro, indican que «cortaron el tráfico e intentaron hacer barricadas. En el anterior se aprecia también qué tipo de personas eran y qué intenciones tenían…».

Ante esto, Ramos no dudó en denunciar la situación: «Hay que ser cutre para señalar a un periodista desde una cuenta oficial de un sindicato policial y adjuntar dos vídeos que no avalan para nada su actuación. Si no sabéis mantener el orden público dedicaos a otra cosa y dejad de justificar lo injustificable. Y de señalar».

Orban no está solo: activistas y expertos alertan de una ola ultra que pondrá en riesgo los derechos LGTBI

“Todas las conquistas sociales están en riesgo, el problema es creernos que todo está ganado”, señala Miquel Ramos, autor del informe De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español

Sabela Rodríguez – Infolibre 1 de julio 2021

El día en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atravesó las puertas de la Asamblea para iniciar su mandato al frente de la región, la líder madrileña de la ultraderecha, Rocío Monasterio, ultimaba su arsenal de exigencias. Los dardos iban dirigidos a objetivos muy concretos, lo que la portavoz parlamentaria calificó como leyes de género. Monasterio recuperaba así los ecos de un viejo fantasma, el de la amenaza a los derechos consolidados del colectivo LGTBI.

La aprobación de la Ley LGTBI este martes en el Consejo de Ministros ha afianzado esta oposición. El Partido Popular no ha descartado un recurso ante el Tribunal Constitucional y Vox ha tildado la norma de “aberración”. No es la primera vez que el partido de Santiago Abascal pone en jaque al colectivo, en ocasiones con la connivencia de sus socios conservadores. El ejemplo más paradigmático está en el veto parental en las escuelas, una herramienta que la formación se esfuerza en imponer de manera recurrente en comunidades como Andalucía, Madrid y Murcia, por el momento con éxito sólo en la tercera.

No hace falta ir muy lejos para encontrar otra andanada de la ultraderecha contra los derechos del colectivo: hace ahora tres años, poco antes de que Vox irrumpiera en las instituciones, el partido emitió un comunicado contra el Orgullo LGTBI. Lo recupera el periodista e investigador Miquel Ramos en su informe De los neocón a los neonazis. La derecha radical en el Estado español. La formación cargaba entonces contra la celebración al considerarla una “imposición ideológica”.

Tanto el propio Miquel Ramos como la periodista Nuria Alabao enmarcan la cruzada del partido ultra como parte de su “batalla cultural”. “Quieren romper esos consensos que creíamos asumidos, los derechos humanos, plantean una enmienda a toda esa normalización”, esgrime Ramos. La extrema derecha considera que “no todos los colectivos tienen derecho a tener derechos” y lo hace además negando la existencia de “desigualdades estructurales”. Lleva el negacionismo por bandera.

Europa y la alianza internacional

La amenaza de la ultraderecha resuena también en el continente europeo. Los frentes son prácticamente idénticos. Hungría acaba de dar luz verde a un proyecto de ley que prohíbe educar en la diversidad bajo el pretexto de combatir el fomento de la pedofilia. Este mismo martes, el grupo municipal de Vox en Madrid rechazó trasladar su apoyo a la ciudadanía húngara tras la aprobación de la normativa y sólo un día después, Santiago Abascal se puso una vez más al lado del líder húngaro: Viktor Orban ha defendido “a los homosexuales frente al comunismo” y en su país “pueden andar tranquilamente por la calle” debido a la ausencia de “inmigración fundamentalista”. En Polonia, el partido ultra en el poder, Ley y Justicia (PiS), ha embestido reiteradamente contra el colectivo: desde el año pasado varias regiones del país han llegado incluso a proclamarse “zonas libres de ideología LGTBI”.

A preguntas de este periódico, la organización ILGA Europe resalta un “estancamiento casi completo de los derechos de las personas LGTBI en toda Europa”, una situación “muy preocupante en un momento tan crítico”. Existe, señalan desde la entidad, un “incremento de la represión, un aumento de las desigualdades socio-económicas y la proliferación de los discursos de odio en toda la región“. Polonia y Hungría, alertan, “no son anomalías”.

La extrema derecha europea no está sólo en las instituciones, sino que se alimenta también de una constelación de organizaciones afines con gran proyección mediática. En España sus nombres están bien definidos: desde Hazte Oír hasta Abogados Cristianos. Los primeros han anunciado ya una “intensa campaña” para impedir que la Ley LGTBI salga adelante. “Existe una internacional reaccionaria y ultraconservadora” que se encarga de “financiar muchas campañas para llevar reivindicaciones al debate público y a la propia ley”, explica Ramos, quien advierte de que “el entramado es tal” que no basta con fijar la mirada en las formaciones políticas y sus representantes.

¿Derechos en riesgo?

Aunque la extrema derecha española se asemeja en sus planteamientos LGTBI a la que se asienta en el Este europeo, Nuria Alabao marca algunas distancias. “La realidad política es distinta. La sociedad húngara, por ejemplo, es mucho más conservadora y es esa base social la que puede apoyar medidas” como el proyecto educativo desplegado por Viktor Orban. Por ese motivo, descarta que se vaya a producir un retroceso real en los derechos ya consolidados en España. “Son conquistas asentadas” y existe un “sentido común mayoritario” que las blinda, estima. Recuerda que hace algo más de quince años, con la aprobación del matrimonio igualitario, sí se produjo una gran respuesta de “movimientos fundamentalistas católicos que se oponían”, pero esos mismos grupos “están hoy muy desmovilizados”, sostiene.

Miquel Ramos difiere. “Todas las conquistas sociales están en riesgo, el problema es creernos que todo está ganado“, arguye. El experto encuentra en la ofensiva húngara y polaca un espejo en el que mirarse. “Lo están consiguiendo en otros países y ya no es sólo la presión de partidos y organizaciones en el poder, sino también la falta de voluntad de quienes hoy en día sí tienen capacidad para blindar estos derechos y no lo están haciendo”.

En la misma línea se posiciona Fefa Vila, socióloga y activista.”Hay una reacción conservadora brutal” con la educación como “campo de batalla”. Y los últimos años han sido un caldo de cultivo hasta dar paso a un “momento de peligro”. El riesgo de que la extrema derecha se imponga es real y sus pasos son a veces sigilosos. “No hay que derogar la ley del matrimonio homosexual para generar homofobia”, razona la socióloga, “las instituciones son capaces de modular lo que es normal y lo que no” sin necesidad de cambiar las leyes. “Ninguna conquista es para siempre ni para todos”, esgrime. Las voces ultra, completa Ramos, son además “muy hábiles a la hora de hacer propaganda” y los medios de comunicación han “promocionado” su discurso, considerando que “es legítimo querer abolir los derechos humanos”.

Pasos hacia atrás

Haber “normalizado” el discurso ultra tiene consecuencias en la vida de las personas. Para Javier Sáez del Álamo, el retroceso en los últimos años es evidente. En parte, dice en conversación con este diario, gracias a que “Ciudadanos y el Partido Popular han introducido a Vox en las instituciones y eso ha permitido normalizar discursos homófobos sin ningún pudor“. Con el paso de los años, estima, se ha caminado, con paso sutil pero firme, hacia un “blanqueamiento de la extrema derecha”. Sus postulados no sólo son “comunes”, sino también, lo que resulta más inquietante, “tolerables”.

Consecuencia: la homofobia comenzaría a estar “legitimada” y las cifras así lo sugieren. En su último informe de 2019, el Ministerio del Interior contabiliza 278 delitos de odio motivados por la orientación sexual y la identidad de género. Entre 2013 y 2015 este tipo de delitos experimentaron un descenso progresivo, pero desde 2016 la tendencia se ha invertido. Una de las últimas agresiones tuvo lugar este mismo fin de semana en A Coruña, a las vísperas del Orgullo.