Ayuso como excusa

El pasado domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en Madrid para defender la sanidad pública y denunciar la mala gestión del Gobierno de Ayuso. Ha sido inútil el esfuerzo de la derecha por tapar el fracaso de su modelo de gestión de los servicios públicos así como el de ocultar el éxito de la protesta. Por mucho que sus voceros y compinches se esfuercen en minimizarlo y en criminalizarlo, tanto las imágenes de la multitudinaria protesta como las razones de la misma, sitúan a la derecha en un terreno difícil, haciendo malabares discursivos para salir al paso, insultando a los manifestantes e incluso difundiendo bulos sin ningún tipo de vergüenza. Sacando el comodín de ETA, llamando ‘pancarteros’ a los manifestantes, y tratando de memos a sus seguidores diciendo que quien defiende la sanidad pública está en realidad conspirando para instalar una república federal laica en España.

El telón de acero que la presidenta construyó para mantener a raya el comunismo que se cernía sobre el resto de España durante y después de la pandemia, y que le sirvió para ganar las últimas elecciones, tiene ya varias grietas que a la derecha le está costando tapar. La estrategia consistía en tratar de situar a toda su oposición en el comunismo, agitando el viejo fantasma y oponiéndolo a la supuesta libertad que ofrecen ella y sus socios. Sin embargo, el plan no funciona tanto cuando quien es usuario de la sanidad pública, aunque la haya votado, entiende perfectamente la reivindicación de la manifestación, e incluso estaba allí, al ver que le resulta imposible ser atendida por un médico cuando lo necesita.

Situar en el comunismo la defensa de los servicios públicos es un error de cálculo de la derecha, que regala a la izquierda una de las banderas más preciadas de las democracias liberales. Partiendo de la esquizofrenia manifiesta de la derecha, que, por una parte, reivindica la buena salud y la mejor gestión de los servicios públicos, pero por otra, acusa a quien pide no solo defenderla sino mejorarla, destapa la trampa. Pintar cualquier medida socialdemócrata de comunista, por mucho que en la cabeza de los neocons sea un plan perfecto, puede tener un efecto bumerán que normalice todavía más el comunismo que pretenden estigmatizar.

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La batalla cultural que la derecha lleva años librando contra el sentido común progresista no es infalible. Estos contrapiés de la derecha, hoy respecto a la sanidad pública, pero mañana sobre cualquier otro asunto de interés público, son los puntos débiles de toda la carcasa neoliberal que luego, encima, se arroga el patrimonio de la buena gestión de la cosa pública. Ayuda, además, a presentar a la izquierda, con todas sus diferencias, contradicciones y miserias, como la única garante de los servicios públicos, los que usa la gran mayoría de la ciudadanía, vote a quien vote.

Pero sería un error también leer esta batalla tan solo en términos electorales. La movilización por la sanidad pública no fue obra, como dice la derecha, de un complot de las izquierdas institucionales, de los partidos, sino que surgió de los propios profesionales y movimientos sociales que llevan años peleando por los servicios públicos. Estas plataformas deben pelear para no ser patrimonializadas por nadie, por mucho que se arrimen los políticos para salir en la foto, y por mucho que se estimule en estas movilizaciones la vía electoral para echar a los malos gestores. Nadie nos asegura que, una vez esté fuera Ayuso, los servicios públicos se vuelvan eficientes, aumenten su calidad y se vuelvan universales. Ni que la sanidad ni el resto de servicios públicos y derechos humanos estén garantizados allá donde no gobierna la derecha.

Esta semana hemos visto cómo la Policía entraba a golpe de maza para desahuciar a una familia con menores y enfermos de cáncer en el barrio madrileño de Tetuán, y esto no es competencia de Ayuso precisamente. También hemos visto cómo, con la propuesta de derogación del delito de sedición, se incluye todavía más pena al delito de desórdenes públicos con algunos añadidos que dejan a los pies de los caballos a numerosos movimientos sociales y actos de protesta pacífica a merced demasiadas veces de las versiones policiales. Tampoco es cosa de Ayuso la masacre de Melilla que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trata de esquivar ante la avalancha de evidencias y la investigación del Defensor del Pueblo. Y así podríamos enumerar infinidad de asuntos del actual Gobierno, que nos señala el caos sanitario en Madrid pero esquiva cínicamente sus propias miserias que afectan también a nuestros derechos y libertades.

Quizás la sanidad sea un punto de partida para volver a ver las calles llenas por múltiples reivindicaciones, no solo contra Ayuso por su gestión de la sanidad en Madrid, sino también en otras partes del Estado donde los servicios fallan y los derechos se ven mermados, gobierne quien gobierne. Reducir la responsabilidad de la pauperización de los servicios públicos, los mangoneos y el autoritarismo a las políticas del PP y sus socios es lo que quieren los partidos de la oposición en Madrid, pero no sirve para el conjunto del Estado, donde gobiernan otras formaciones y estos y otros problemas se repiten. Porque el problema es el modelo neoliberal que durante años se han empeñado en apuntalar unos y otros gobiernos.

Salvar lo que queda de los servicios públicos, tan vitales para unos y tan suculentos para el negocio de otros, es hoy tildado de comunismo, algo que ni lo es ni pretende serlo, por mucho que se empeñe la derecha. Usan la excusa de Ayuso para retomar el poder y hacer un poco menos daño que ella, pero sin tocar demasiado el marco, sin cambiar las reglas del juego. Porque por mucho que nos traten de convencer con el caos de la gestión sanitaria madrileña para atizar otro fantasma, el de la derecha y la extrema derecha, más les vale aplicar todas aquellas medidas que garantizaran de verdad una vida digna más allá de la cita con el médico, ahora que todavía gobiernan y todavía pueden. No teman que los llamen comunistas. Prediquen con el ejemplo.

Columna de opinión en Público, 16 de noviembre 2022

Mantener a raya a la chusma

No están acostumbrados a que nadie les cuestione. Al contrario, llevan años haciendo y diciendo lo que les da la gana sin reproche alguno, ni siquiera cuando sus declaraciones van en dirección contraria no solo a los datos del propio ministerio del Interior, sino a la propia función pública, a las campañas que predican cautela ante la desinformación y que trata de sensibilizar sobre los discursos de odio. Ellos están por encima de la institución, del bien y del mal, pues saben que no les va a pasar nada. Seguirán yendo a almorzar al bar fascista con su uniforme, a tomar café bajo el retrato de Franco o las banderas de la Falange. Seguirán vertiendo odio racista y machista en sus foros, y a pedir en sus chats que alguien le dé un escarmiento a esa alcaldesa roja, señalando a ese concejal guarro, o a esa zorra que tenemos de ministra. Ellos desayunan donde les da la gana, hablan de lo que les da la gana y dan charlas para quien les da la gana. Son los putos amos. Los putos sheriffs. Y nunca les pasa nada.

Tipos armados, uniformados, funcionarios públicos cuya palabra vale más que la tuya ante un juez, invitando a miles de personas que siguen sus redes a que te hagan una visita. No es ninguna tontería. ‘Pasen a saludar’, decían unos supuestos policías en su canal de Telegram, y adjuntaban primero un tuit mío y al día siguiente, otro de Dani Domínguez, compañero de La Marea. No les gustó que expusiéramos en varias ocasiones sus flirteos con la ultraderecha y el sesgo racista de algunas de sus publicaciones. Así que llamaron a sus hordas a hacernos una visita. No sabemos cómo se tomarán sus seguidores ese mensaje, ni en qué consistirán esos saludos a los que incitan, pero por mucho que ladren, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Si algo nos pasa, tengan en cuenta esto.

No nos asustan sus señalamientos. No es la primera vez que lo hacen. Se saben impunes, pero son torpes, pues con sus actos nos dan la razón. Saben que están exentos de rendir cuentas cuando a más de uno se le va la boca o la mano. Son sus muchachos, y hay que dejarlos hacer, aunque las bravuconadas de algunos impregnen al resto. ¿A quién vas a llamar si no cuando te pase algo? Recuerdan a cada ciudadano que cuestiona cualquier actuación poco o nada justificable. Son sus muchachos, y nunca, ningún ministro, ha osado ponerlos firmes por tonterías como estas. Es más, ya les va bien tener a una panda de incontrolados que hagan el trabajo sucio. Es la cloaca de siempre, pero más cotidiana, menos sofisticada, que se encarga solo de la roña social. Si quisieran, la pararían. Pero no lo hacen. Por eso, quienes desde dentro de la institución deploran estas actitudes y pretenden dar la imagen contraria a la que estos proyectan, se encuentran solos, desamparados y casi apestados si osan reprocharles algo.

Los ultraderechistas que se sientan en las instituciones quizás les hayan prometido algo, o ya les están dando algún hueso que roer. Ellos sí que los aprecian y saben lo jodido que es no poder vomitar sus odios tranquilamente y tener que ser siempre políticamente correctos. Ellos se la juegan todos los días manteniendo a raya a toda la chusma, y los cuatro rojos desagradecidos todavía se atreven a cuestionar cuando se les va un poco la olla. No entienden la presión a la que están sometidos ni la clase de despojos humanos con la que tratan a diario. Solo los patriotas los entienden. Y los perdonan. Incluso los aplauden. Hagan lo que quieran, pero mantengan a raya a la chusma.

Funcionan a la par. Nada es improvisado ni gratuito. Camaradería y estrategia de guerra, batalla cultural para insertar sus mantras y para intimidar a quienes no se callan y advierten del peligro de tener agentes de Policía al servicio de la extrema derecha. Aunque se permitan la desfachatez de victimizarse cuando alguien les critica mientras amenazan a quienes lo hacen. Unos contribuyen a difundir el mensaje con la supuesta autoridad que les otorga su cargo y su uniforme. Los otros los utilizan para tratar de vendernos su discurso prefabricado como prueba fehaciente de que sus prejuicios son ciertos. Y si alguien les desmonta el bulo o les recuerda la neutralidad que se les exige como funcionarios, se presentan como víctimas de la censura progre y de lo políticamente correcto.

Nosotros, por nuestro oficio, tenemos un altavoz que nos permite (y nos debería exigir) difundir estas malas prácticas, así como las amenazas y los señalamientos que sufrimos por hacerlo. Otros compañeros no quieren líos, no es su guerra, o sencillamente comulgan. Y quienes no tienen este altavoz, ni siquiera se lo plantean. Si se atreven contra todos y siempre salen impunes, qué no se atreverán a hacer, incluso más allá de las redes, con alguien sin voz, sin papeles, sin un entorno que lo avale y lo apoye. Ellos seguirán presentándose como víctimas. Acusarán al Gobierno de perseguirlos, mientras conservan su trabajo, su autoridad y su barra libre para vomitar su odio sin sanción alguna. Es la taberna de Múnich donde se fraguó el putsch de la cerveza; el campo de tiro de los Oat Keepers días antes del asalto al Capitolio. El ruido de sables que algunos se empeñan en no escuchar mientras a otros les enseñan el brillo de sus filos.

Aporta o aparta

Una gran manifestación llenó las calles de París este pasado fin de semana para protestar por la inflación y por las medidas económicas del Gobierno de Macron. Convocados por la Francia Insumisa de Melenchón y otras fuerzas de izquierda, cerca de 140.000 manifestantes reclamaron, entre otras cosas, más políticas sociales y más impuestos a quienes más tienen. Era el arranque de una serie de movilizaciones que la izquierda ha previsto para las próximas semanas, y que ayer se extendió en forma de huelga para reclamar una subida de las pensiones, subsidios y el incremento del salario mínimo a 2.000 euros brutos al mes.

Hace tiempo que algunos tratan de extender el mantra de que la izquierda ha muerto, que las calles están vacías y que la ciudadanía agacha la cabeza ante las cada vez más vueltas de tuerca neoliberales con el trasfondo de la crisis provocada por la guerra en Ucrania. Es cierto que las calles en el Estado español no gritan como hace unos años, como durante la crisis de 2008 cuando las mareas y los mineros marchaban desde diferentes puntos del Estado y las plazas se tomaban y se transformaban en ágoras de debates y propuestas. Pero no es cierto que la izquierda esté ausente, ni que nadie proteste, ni que todo esté perdido. Ni mucho menos.

Curiosamente, algunos de estos promotores de la derrota no se cansan de promocionar cada protesta que tiene lugar en otros países, a veces incluso las de la extrema derecha, mientras omiten deliberadamente las que se dan en su país. Además de ser una clásica herramienta de desmovilización, es también el relato habitual de los del ‘todo mal’, de aquellos que dicen que aquí nadie hace nada, y que los fachas sí que saben protestar. Y por supuesto, que la culpa es siempre de los demás. La pregunta es dónde están ellos, donde militan y qué protestas o acciones proponen. Porque quizás ni están ni se les espera, viven instalados en las redes, en sus capillas, o simplemente sus lemas y sus marcos no llegan a convencer a una gran masa social que sí saldría a las calles bajo otras consignas y otras actitudes y proyectos mucho más constructivos.

Este mismo fin de semana, Madrid también vivió una gran manifestación para exigir la revalorización de las pensiones respecto al incremento del IPC acumulado anual y una pensión mínima del 60% del salario medio. Los pensionistas anuncian también el inicio de una serie de movilizaciones para los próximos meses, y alertan sobre los peligros de la privatización del sistema público de pensiones y las políticas fiscales que varios gobiernos autonómicos han emprendido para bajar los impuestos a los más ricos.

Ayer, los médicos de Urgencias del Hospital Infanta Sofía de Madrid anunciaron una huelga indefinida que arrancará el próximo 28 de octubre. Piden mejoras estructurales que acaben con la saturación de la sanidad pública, que según ellos lleva ‘al límite’ a los trabajadores y precariza el servicio de un modo alarmante. Las protestas de los sanitarios son habituales cada semana, y ya hay prevista una manifestación para el próximo 22 de octubre por una sanidad pública, universal y de calidad. También los estudiantes han convocado huelga por la educación pública para el próximo 27 del mismo mes, haciendo referencia además a la salud mental.

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No es el único sector en pie de guerra. Hace una semana se canceló el XIII Salón del Automóvil de Ourense por la huelga indefinida del metal que tendrá en breve réplica en varias ciudades del Estado. Ya en 2021, Cádiz vivió una serie de protestas, también del metal, que fueron reprimidas con dureza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyas actuaciones causaron una gran indignación por el uso desmesurado de la fuerza y la exhibición de tanquetas en las barriadas populares de la ciudad.

También las calles de varias ciudades rugieron a principios de 2021 con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel, a pesar de la contundente respuesta del Gobierno contra estas, que llevaría a numerosos jóvenes a juicio y a algunos de ellos incluso a prisión. Como también, antifascistas de varias ciudades llevan años respondiendo a las habituales provocaciones de la extrema derecha en las calles y en las universidades. Más recientemente, miles de personas tomaron las calles de Madrid convocadas por la CNT para denunciar la criminalización de la acción sindical y exigir la absolución de las seis sindicalistas condenadas a prisión en la Pastelería Suiza de Xixón.

Extender el relato de que la gente ya no protesta es faltar a la verdad. Otra cosa es que los medios no presten la atención que deberían, lo criminalicen, o que no se den, de momento, manifestaciones, huelgas y protestas que unan todas estas reivindicaciones. Motivos para la protesta nos sobran, y los movimientos sociales y todas estas reivindicaciones sirven para presionar, para exigir, para cambiar las cosas y para reencontrarse en las calles, gobierne quien gobierne.

Cada semana, los movimientos por el derecho a la vivienda convocan movilizaciones y paran desahucios. Pocas veces salen en los medios, pero quienes seguimos sus canales de difusión somos testigos de la gran labor que realizan en los barrios de todas las ciudades, uniendo a vecinos y vecinas bajo el reclamo del derecho a una vivienda digna. También las kellys y las temporeras del campo en Andalucía han dado grandes lecciones de lucha estos últimos años denunciando la precariedad y la explotación a la que son sometidas, y ganando múltiples batallas a sus patronos. Como los riders, los taxistas y muchos otros sectores que, lejos de rendirse, combaten día tras día en sus pequeñas trincheras, lejos demasiadas veces de los grandes focos mediáticos.

Nos espera un otoño caliente, y todo apunta a que los contendientes en las guerras actuales (con o sin bombas) no tienen intención de sentarse a hablar ni a arreglar nada. Esto provocará todavía más crisis, que acabarán pagando los de siempre, y que, bajo el manto del patriotismo y la excepcionalidad del momento, nos tratarán de hacer comer a cucharadas. Los motivos para salir a la calle se multiplican conforme avanza la precarización de la vida y el autoritarismo. Promover el relato de la derrota, instalarse en el sectarismo y en el ‘todo mal’, solo causa desánimo y rechazo, y es totalmente contradictorio con el objetivo que se presume querer conseguir.

Hay mil frentes de lucha, miles de pequeñas revoluciones en marcha, llenas de gente buena y de causas justas. Como dijo una vez alguien en una asamblea, “aporta o aparta. Aquí se viene a construir, a generar sinergias y proyectos, a aportar soluciones y deseando de verdad ganar”. Visibilizar que hay lucha, que hay motivos, debería ser el primer objetivo de quien pretende que cada vez más gente se sume. Promover la derrota es lo que haría quien quiere que de verdad nada cambie.

Columna de opinión en Público, 19 de octubre 2022

La Edad de la Mentira: “De la Red Gladio a los ultras en Italia y España”

Entrevista en La Rosa de Los Vientos (Onda Cero): La extrema derecha española empezó a parecerse un poco más a la europea cuando murió el dictador Francisco Franco. Hablamos del libro ‘Antifascistas’ con su autor Miquel Ramos. 

Prevenirnos de sargentos Jenkins

El sargento Wayne Jenkins dirigía una unidad de élite de la Policía de Baltimore, y hacía lo que le daba la gana. Sus miembros eran temidos en toda la ciudad, y ofrecían buen material para las estadísticas, las fotografías y las ruedas de prensa del cuerpo que resaltaban el éxito de sus operaciones y la contundente respuesta contra el crimen. En principio, todo bien de cara a la galería. A Jenkins lo invitan a dar una charla a los agentes recién llegados. Ante ellos reivindica la buena praxis del cuerpo y advierte de cómo se deben hacer las cosas:

No he venido a hablaros de aplicar la fuerza cuando no hay más remedio, sino de pegar porque quieres, porque te crees con derecho por llevar una placa. Eso sí es brutalidad policial. En serio, esa brutalidad sobra. Puede parecer divertido. ¡Si yo lo entiendo! Darle un guantazo a algún gilipollas para que se calle. Coño, ¡claro que sienta bien, sí hombre! Pero ese tipo de brutalidad es un obstáculo para nuestro trabajo. (…) Con la brutalidad no se consigue nada. (…) Un agente de policía en la calle, si conoce la ley y sabe cómo aplicarla, si sabe escribir un informe claro y conciso, si comprende su propia autoridad, gana. Y no gana a veces, gana siempre, todas las putas veces. Da igual lo que hagáis ahí fuera. Cuando entráis en la sala de un juzgado de una ciudad, vuestra palabra está por encima

El discurso completo transita por una cierta ambigüedad, pero quizás precisamente eso era lo que pretendía el guionista: remarcar la contradicción entre la retórica y la realidad. De vez en cuando, una parte de la droga incautada por los hombres de Jenkins acababa en su poder, y varios miembros de la unidad hacían negocio con ella. Estos agentes usaban demasiadas veces la fuerza de manera desmesurada y arbitraria, hechos que quedaban impunes en demasiadas ocasiones. También chantajeaban a delincuentes e inocentes para conseguir lo que querían para su propio beneficio. Todo falló, -dijeron luego sus jefes- se dejaron pasar algunas denuncias de abusos, hasta que Asuntos Internos no tuvo más remedio que investigar a la unidad entera tras la muerte de un detenido bajo custodia policial y las denuncias de una asociación de derechos humanos que había recogido múltiples testimonios. Y descubrió el pastel.

El cineasta David Simons llevó esta historia real a la ficción en su excelente serie La ciudad es nuestra, en la que retrata los hechos y cómo sus protagonistas justifican sus acciones. Da la impresión a menudo que incluso se creen con el derecho a hacerlo, ya que cobran poco, se juegan la vida, y limpian de indeseables la ciudad. Nada raro en este tipo de perfiles autoritarios que justifican saltarse las leyes porque se creen por encima de ellas, porque si no les dejamos que se pasen de la raya de vez en cuando, si nos ponemos exquisitos, ¿a quién vamos a llamar cuando nos pase algo?

Es cierto que no son pocas las acciones dentro del cuerpo contra agentes corruptos. Hemos visto recientemente desmantelada una trama de narcos en la que había agentes de varios cuerpos policiales, o la detención de un Ertzaintza que tenía 55kg de cocaína, por ejemplo. Y numerosos buenos trabajos de Asuntos Internos para extirpar las manzanas podridas que llevan placa y uniforme. Esto es así y hay que reconocerlo. Sin embargo, respecto a ciertas actuaciones cuestionadas por la opinión pública o denunciadas por cualquier ciudadano, si no implican tramas delincuenciales o asuntos demasiado feos, la cosa no resulta tan fácil.

Existe cierto corporativismo y otros factores que permiten cierta impunidad para estos casos. Aunque desde la institución se consideren nimias, a quien le toque lidiar con ello y se enfrente a una denuncia por atentado a la autoridad o cualquier otro supuesto delito similar con la palabra de unos agentes como única prueba, va a pasar unos años bien jodido. Ha habido, además, condenas sonadas como las de los miembros de Podemos, Isa Serra y Alberto Rodríguez, o las del caso Alsasua o el de los seis de Zaragoza, pero son muchos los ciudadanos anónimos que acabaron igual, sin más prueba que la palabra de los agentes. Algunos, obligados a pactar reconociendo unos hechos que aseguran no haber cometido para evitar penas mayores si van a juicio, ya que no confían demasiado en que el juez les crea a ellos antes que a los funcionarios.

Ayer se presentó en Madrid el informe Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español que han realizado conjuntamente Irídia, Novact y Rights International Spain (RIS), en el que precisamente ponían el foco en esto. Entre sus conclusiones, tras una intensa investigación y recopilación de datos, se afirma que “los diversos mecanismos internos de rendición de cuentas policiales en el Estado español no son suficientemente independientes ni eficaces”. Algo que debería hacer saltar las alarmas de cualquier demócrata, que se rasga las vestiduras ante la represión en otros países cada vez que ve el telediario, pero piensa que, en su país, en su Policía, todo funciona perfectamente.

Los primeros interesados en despejar cualquier sospecha deberían ser los propios funcionarios y ministros al cargo. El silencio, la mentira y la opacidad no hacen más que acrecentar esas dudas, y una democracia no se puede permitir el lujo de tener zonas oscuras. La fiscalización de las instituciones por parte de la sociedad civil es un síntoma de madurez democrática de la ciudadanía, esa exigencia de más democracia que no debería existir si esta fuese transparente y efectiva. Deberíamos celebrar que existan organismos independientes al poder político que cuiden la salud democrática, más todavía en este Estado que ha demostrado mediante varios y sucesivos escándalos, la existencia de una cloaca permanente e impune, unos medios de comunicación compinchados con ésta y un poder político que se lava las manos ante cualquier escándalo de este tipo. Lo vimos con la acción “bien resuelta” de la Policía española y la marroquí en la masacre de Melilla, según el ministro del Interior, a pesar de las decenas de cadáveres que dejaron, o de los muertos en la playa del Tarajal hace unos años. Por no hablar de las cargas policiales en varias protestas, de las que no se recuerda sanción alguna a quienes golpean en la cabeza o disparan balas de goma a la cara saltándose sus propios protocolos. Cero autocrítica. Cierre de filas, todo bien y a seguir.

“Así fue la agresión de María León a una policía”, titulaba el pasado lunes El Mundo una información que tan solo recogía el atestado policial del incidente entre la actriz y varios agentes de la Policía Municipal de Sevilla días atrás. No es que fuese así, como dice El Mundo, sino que la policía dice que fue así. No es lo mismo, aunque el titular sentencie que esta versión es la realidad. La filtración del atestado para contrarrestar el relato de la actriz (que asegura que fue víctima de un abuso policial) no plantea ninguna pregunta sobre quién lo filtra, algo que parece obvio, pero que saca a relucir el papel de algunos periodistas que presentan una versión de unos hechos como la verdadera, tal y como el titular de la pieza sugiere. Nada nuevo. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo se filtraban incluso datos personales de hasta quien solicitaba permiso para una manifestación. Y la fuente, en ambos casos, es evidente, como lo es también la intención y el tándem entre algunos funcionarios, periodistas y el relato interesado de la institución.

Discutí recientemente al respecto en televisión con un representante de Jupol, y ambos coincidíamos en una cosa: si los agentes llevasen cámaras y se grabasen las intervenciones, no habría necesidad de disputarse gran parte del relato de los hechos. Todo quedaría grabado, como sucede en otros países, y cuyas imágenes de las actuaciones polémicas a menudo filtra la propia institución en un honorable ejercicio de transparencia. Puede que sea una opción, no se si la mejor, pero al menos habría que tenerla en cuenta. Pero sin estos ni otros mecanismos, todo queda en manos del juez de turno.

El informe de citado, además, concluye que “el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su preocupación en relación al Estado español por las debilidades de las investigaciones de denuncias y sanciones relacionadas con el uso de la fuerza, así como por la concesión de indultos a agentes de la policía condenados por el delito de tortura”.

Una democracia no tendría que temer a su ciudadanía, ni al periodismo, ni a la transparencia. Cualquier sospecha que se cierna sobre sus instituciones debería ser contestada con absoluta claridad, sin nada que ocultar ni nada que sugiera que se oculta algo. Además de hacer autocrítica cuando algo falle y sancionar cualquier irregularidad cuando proceda. Lamentablemente esto no sucede, y a quien lo pide, casi que se le señala como antipatriota y antisistema, exigiéndole una suerte de fe ciega en las instituciones, una carta blanca incuestionable, pues, ¿a quién va a acudir cuando lo necesite? Esta respuesta habitual ante cualquier crítica da a entender que existe una especie de carta blanca para quien debiera protegernos. Lo mismo que pensaba también el sargento Jenkins y sus secuaces de Baltimore. De momento, el Estado puede dar las gracias a que existe sociedad civil organizada y crítica, así como periodistas que no miran hacia otro lado. Lo que se necesitan son más medidas para evitar que personas con voluntad de servicio público se conviertan en Jenkins.

Columna de opinión en Público, 5 de octubre de 2022