El altavoz y los lamebotas

“El Congreso ofrecerá esta tarde una estampa anómala”, anunciaba el periódico ABC el pasado 15 de diciembre. Y así fue. No es habitual que en el edificio que representa la soberanía popular se escuchen historias que los grandes medios tratan constantemente de silenciar o retorcer. Temían que la historia de los seis de Zaragoza trascendiese, y que, además, sirviese para recordar otros casos recientes en los que tan solo con la palabra de la policía, se condenaba a alguien.

Javitxu, un joven de poco más de veinte años fue el primero en hablar. Arropado por su madre y su padre en la mesa, y ante varios diputados de todos partidos de izquierdas con representación institucional, activistas por los derechos humanos y periodistas, explicó su caso: él y otros cinco jóvenes fueron detenidos en un bar horas después de una manifestación contra Vox en Zaragoza que terminó en disturbios. La tranquilidad de saberse inocente, y confiar en que las pruebas demostrarían que él no participó de los disturbios, hicieron que confiase en la justicia. En el juicio, efectivamente, no se pudo demostrar su participación ni la de ninguno de los demás encausados en los hechos. Tan solo existía como prueba la palabra de la policía. Pero para el juez fue suficiente. Seis años de prisión. El recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón no fue mejor, y subiría un año la pena. Los cinco jóvenes han sido condenados a siete años de cárcel por la palabra de la policía como única prueba y la veracidad que le ha otorgado el juez Carlos Lasala.

Ya lo expliqué en otro articulo en este mismo periódico semanas atrás, donde repasaba varios casos similares tras la condena a Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos a quien la policía acusó de dar una patada a un agente, sin nada más que su palabra como prueba. Y en el acto del pasado día 15, nos encontramos también con el testimonio de la diputada de EH-Bildu, Bel Pozueta, madre de uno de los jóvenes de Altsasu, el de Isa Serra, diputada de Podemos, o Vicky Rosell, la jueza y también diputada víctima de otro montaje que terminó, este sí, desmontado tras años de suplicio. Quizás lo novedoso de estos últimos años es que estos montajes ya no son solo contra activistas anónimos, sino que ya alcanzan a miembros del propio gobierno que resultan incómodos para el poder. Porque el poder no es igual al Gobierno, que no se nos olvide. Este permanece intacto e inmune gobierne quien gobierne. Eso sí, ni se les ocurra despeinarles un pelo con sus políticas, o ya saben a lo que se enfrentan. El lawfare en todo su esplendor.

Que el pasado miércoles 15 de diciembre, en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados se escucharan todas estas voces dolió mucho a la derecha y a sus cloacas mediáticas y policiales. No soportan que hablemos abiertamente de esto, porque están acostumbrados a que se quede todo en un centro social, en los medios alternativos o en los corrillos de las izquierdas, que han conocido cientos de casos similares desde hace décadas. Por eso sonaron las alarmas y se puso en marcha una campaña improvisada que, finalmente, no saldría como esperaban. Primero, los medios de derechas señalando y criminalizando el acto. Después, mediante el comunicado de una de las principales organizaciones policiales rasgándose las vestiduras ante lo que consideraban una afrenta a todo el Cuerpo. Y durante el desarrollo del acto, el intento de boicot por parte de dos ultraderechistas que dejaron un altavoz para que sonase el himno de la policía. Una acción, por cierto, que contenía un mensaje subliminal: es un altavoz, pero podría haber sido otra cosa. Ya me entienden.

Este intento de boicot no hizo más que promocionar el acto. Les salió mal la jugada, y aunque entre ellos se regocijaran en sus redes por tal hazaña entre copas de Terry y caricias en el lomo, mucha otra gente se preguntó de qué iba el acto y por qué los ultras estaban tan molestos. Una excelente promoción del caso de los seis de Zaragoza y de los otros que allí se denunciaron, gracias a la torpeza de los lamebotas de siempre. De aquellos que saben cuál es su sitio: al lado del poderoso y enfrente del débil.

Más allá de (y gracias también a) esta ridícula anécdota, el acto ha tenido una gran repercusión, y hoy mucha gente conoce este caso, que se encuentra todavía a la espera de que se resuelva el recurso de casación. Y nos sirve, una vez más, para recordar cómo actúa la cloaca cuando el relato se les escapa. Justo la misma semana que la policía volvía a Cádiz para detener a varios participantes en las protestas del metal de las últimas semanas, entre ellos, al señor de más de 70 años que plantó cara a los agentes que golpeaban a otros manifestantes y cuya escena se hizo viral. El profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, presente también en el acto por los seis de Zaragoza, escribía el pasado sábado en este medio sobre el caso de Cádiz, advirtiendo que “legalmente no era necesario ni legítimo detenerlos, pues habría bastado con citarlos para que comparecieran ante el juez“. Es decir, que todo fue una puesta en escena para atemorizar a la ciudadanía que tuviese el más mínimo impulso de salir a la calle a manifestarse por algo.

Casado no podía quedar por detrás de la ultraderecha, y de la misma forma que se apuntó a las fake news con el caso de Canet, este fin de semana se sacó de la manga que los seis de Zaragoza habían sido condenados “por patear Guardias Civiles”, cuando en la protesta no había agentes de este cuerpo, ni a los chavales se les acusa de esto. No pasará nada, porque la mentira, que es el modus operandi de la ultraderecha, siempre les sale gratis. Eso sí, una vez más, contribuye a difundir el caso y a demostrar la bajeza moral de la derecha de este país, que institucionaliza la mentira cada vez que abre la boca. Pero lo más grave de todo quizás no sea su indecencia, sino su crueldad. La poca calidad humana de aquellos que contribuyen a arruinarle la vida a unos jóvenes inocentes porque esto sirve para sus intereses, y porque su contribución a tal injusticia será premiada, o eso creen. El propio Javitxu, por cierto, le respondió en Twitter.

La ultraderecha sabe bien que cuenta con el inestimable apoyo de las instituciones y de sus cloacas, porque siempre ha creído que eran suyas, y por eso cree que puede hacer lo que le salga de las narices. Cree, pero que no se confíe. Aquella tarde en el Congreso también había policías entre el público que no comulgan con las prácticas y los discursos de muchos de sus compañeros y que se acercaron a mostrar su apoyo a los chavales. Juristas que reconocen y denuncian la podredumbre de la judicatura y su metástasis reaccionaria. Periodistas que no se callan y difunden allá donde pueden este y otros casos. Y, sobre todo, personas anónimas, la gran masa social crítica y concienciada, que nunca ha dejado a ningún compañero atrás. Que ha vivido varios casos semejantes desde hace décadas, y que sabe que tienen algo de lo que quienes pretenden encarcelar, aterrorizar o someter a la disidencia, carecen: solidaridad, determinación y responsabilidad con los demás. Esto, créanme, es mucho más poderoso que cualquier arma, que cualquier condena o que cualquier campaña de criminalización.

Miquel Ramos – Público 19 de diciembre 2021

Los 6 de Zaragoza: Acto en el Congreso de los Diputados sobre las cloacas policiales y judiciales

7 años de prisión, un atestado policial sin pruebas y un juez de ultraderecha. Representantes políticos, activistas y periodistas celebran un acto en apoyo a los seis antifascistas de Zaragoza y hablan sobre las cloacas policiales, judiciales y mediáticas.

Algunas cosas no tan claras

“Un verso suelto, alguien que no busca la caricia de quienes se creen sus dueños, es peligroso para quienes quieren y pueden decidir de qué y cómo se informa”, escribe Miquel Ramos sobre ‘Las cosas claras’. 

Miquel Ramos – 30 de julio 2021 – La Marea

La semana pasada terminó mi breve paso por TVE. Recuerdo el día que me escribió Jesús Cintora, hace casi un año, en otoño de 2020. Hacía poco que había terminado mi colaboración con el programa Al Ras de À Punt tras un par de años acompañando a Jéssica Crespo y a Joan Espinosa una vez a la semana en la radio pública valenciana. 

Y me vino el típico síndrome del impostor, de aquel que piensa que no se merece lo que le pasa, y, en mi caso, preguntándome incluso si sabían bien quién era yo, lo que pensaba y lo poco que me callo. Pensé que quizás, una vez se dieran cuenta, no me volverían a llamar. Estamos muy poco acostumbrados a escuchar determinadas voces y ciertos discursos en televisión. Hay temas y opiniones que no interesa visibilizar, aunque afecten a la mayoría de la sociedad. Quizás también era eso. Lo raro que me parecía todo

En Las cosas claras se habló de desahucios y del derecho a la vivienda. De las corruptelas interminables de políticos de todo pelaje, y de las andanzas del intocable Borbón, algo que, sin duda, no sentaba nada bien en algunos despachos. O de la ofensiva reaccionaria y los discursos de odio cada vez más normalizados contra el feminismo, el colectivo LGTBI o las personas migrantes. Se debatía sobre las actuaciones policiales, sobre el poder de los medios de comunicación y de los oligopolios mediáticos. Y de las fechorías casi siempre impunes de los grupos nazis y fascistas.

Tampoco sentaba nada bien cuestionar a los grandes poderes de este país. A los bancos o a las compañías energéticas repletas de excargos de los distintos gobiernos gracias a las infames puertas giratorias. Cargos ocupados por miembros de esos partidos que deciden lo que hay o deja de haber en la televisión pública, con sus votos en el consejo de administración, por cierto. 

En todos estos casos pude hablar con absoluta libertad. Nunca nadie me censuró. Incluso los compañeros y compañeras con quienes debatía y discrepaba, a quienes me une hoy un cariño especial, enfrentaban mis opiniones con respeto. Había pluralidad en la mesa, y eso nadie lo puede negar. En todos los medios con los que he colaborado, he valorado mucho la honestidad y la bondad de mis compañeros y compañeras, más allá de su ideología o incluso de la empresa para la que trabajan. Y es algo de lo que me siento orgulloso, de poder presumir de haber estado rodeado de buena gente

Al preguntarle por Las cosas claras, el presidente de RTVE, Pérez Tornero, decía en una entrevista reciente que la televisión pública no puede albergar “programas para vociferar”. Otra excusa para desprestigiar uno de los pocos programas donde se hablaba de política y de actualidad con pluralidad de voces en la mesa. Sin embargo, nadie cuestiona que la televisión pública dedique recursos a informar sobre moda, sobre los asuntos del corazón de las élites y los famosos o que gaste recursos públicos en concursos de cocina y competiciones de talentos varios. ¿Regalamos así los espacios de reflexión y de debate a las empresas privadas? Si vas a una cadena privada, aceptas sus reglas, porque son un negocio y tienen derecho a elegir lo que hacen y cómo lo hacen. Pero lo público no debería estar sometido al mercadeo de favores e influencias, como desgraciadamente viene pasando en este país. 

En pocos meses he recibido una master class de la basura que hay detrás de todo esto. Y puedo decir que todo es más feo, despiadado y cruel de lo que parece. “Aquí hacemos periodismo. Hay gente que por detrás hace otras cosas. Y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos, hagan periodismo”, dijo Jesús en su despedida del programa. Y tiene razón. La campaña de desprestigio constante en diferentes medios, acompañando los movimientos subterráneos para acabar con el programa, no fue casual ni desinteresada. 

Yo le agradezco la oportunidad que me dio sentándome en su mesa. Pero más todavía, haber llevado a cabo un programa valiente, con temas incómodos para algunos bien poderosos, y haberlo sacado adelante a pesar de saber que tenía los días contados. Un esfuerzo que no se entiende solo por su profesionalidad sino también por su compromiso con los espectadores que hasta el último día no dejaron de apoyarlo. Y con el equipo que hizo el programa.

Las cosas claras y Jesús Cintora no han sido ni los primeros ni los únicos que han sufrido la censura descarada en este país. Unas veces fueron decisiones empresariales, por motivos varios, las que terminaron con algunos programas y vetaron a ciertos profesionales. Otras, decisiones judiciales que, años más tarde, acabaron demostrándose arbitrarias e improcedentes. 

Lo grave en este caso, y en otros anteriores, es que haya sido una televisión pública la que haya decidido privar a la ciudadanía de un programa informativo plural y cada vez más visto y apreciado por la audiencia, cuyo contenido no estaba sujeto a las presiones de los anunciantes ni a los intereses de las empresas propietarias de la cadena. Ni a las directrices de uno u otro partido. Un verso suelto, alguien que no busca la caricia de quienes se creen sus dueños, es peligroso para quienes quieren y pueden decidir de qué y cómo se informa. Y sus intereses, créanme, no son los mismos que los de la ciudadanía.  

Las cárceles no están pensadas para los ricos: Urdangarín y los presos comunes

Iñaki Urdangarin ya no tendrá que dormir más en la cárcel. Su buen comportamiento durante estos años en prisión y su positiva evolución en un programa de reinserción para condenados por delitos económicos han permitido que el yerno del Rey Emérito pueda pernoctar desde esta semana en la casa de su madre en Vitoria, muy próxima a la cárcel de Zaballa —donde fue trasladado para cumplir su pena por el Caso Nóos—. Sin embargo, hay muchos presos que no tienen capacidad económica ni la información necesaria para revisar sus casos y obtener beneficios penitenciarios. Incluso desconocen sus propios derechos.

Un presunto testaferro y amigo del rey emérito, Josep Cusí, pagó la boda de Felipe y Leticia

La cuenta de Andorra vinculada a Juan Carlos I llegó a esconder 10 millones de euros. El depósito estaba controlado en la sombra por un presunto testaferro e íntimo amigo del Rey emérito, el industrial y armador Josep Cusí. La identidad de este último se ocultaba tras una sociedad panameña que oficialmente figuraba como única titular de la cuenta, Stream SA, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso. Se trata del mismo empresario que pagó 269.000 dólares (221.000 euros al cambio actual) del viaje de luna de miel de los reyes Felipe y Letizia en 2004.