A España se la teme

“Revisa los bajos de tu coche cada vez que lo cojas, no vaya a ser que por casualidad tengas un explosivo plástico”. La profesora de catalán del instituto La Salle en Palma recibió varias amenazas después de que su nombre, su dirección, su foto y la de su familia (menores incluidos) circulase por chats y medios de extrema derecha. “Os invito a decirle a esta nazi todo que pensáis de ella”. Decían que había expulsado del colegio a varios adolescentes ‘por colgar una bandera de España’. La furia patriótica hizo el resto, y la mujer tuvo que cerrar sus redes sociales y aguantar el chaparrón. “Escoria totalitaria. Espero que la gente la salude y felicite por su actitud”. Uno de los difusores de los datos y las fotos de su familia es un conocido agitador ultraderechista con decenas de miles de seguidores en sus canales, y que fue recientemente condenado por “graves daños morales” por difundir imágenes de un político. Y ahí sigue.

Los hechos, según el propio centro, no fueron como los cuentan los propagandistas del odio. Los adolescentes habían colgado la bandera con la excusa del mundial de futbol, curiosamente, en la clase de la profesora de catalán, quien les advirtió que no estaba permitido colgar ninguna bandera los días que no hubiese partido, como el día de los hechos. Los alumnos se negaron a retirarla e increparon a la profesora, que abandonó el aula entre gritos y vítores de algunos de los alumnos, que, además, increparon a una compañera que les recriminó su actitud. Las clases se suspendieron y los protagonistas de la algarada fueron expulsados dos horas del colegio.

No es una anécdota más de adolescentes que se creen ‘políticamente incorrectos’ por desafiar a la profesora. Inmediatamente, algunos padres y madres de estos alumnos publicaron en redes el bulo. Mientras, otra madre redactó una denuncia dirigida a la inspección educativa y la noticia saltó a las redes y a los medios ultraderechistas habituales. Ellos impusieron el marco de la ‘polémica’ que lleva días danzando en varios medios: la dichosa bandera de España y sus súbditos como víctimas, y el supuesto fanatismo de una profesora que les obligó a quitarla, porque si encima enseña catalán, es sospechosa automáticamente de ser independentista.

La versión de la profesora, sin embargo, no la tuvo en cuenta ningún medio. Para qué. Todo encajaba bien: profe de catalán (indepe seguro, y roja seguramente), contra unos pobres chavales patriotas que tan solo aman a su país. Que hayan desobedecido la autoridad de la profesora y las normas del centro es lo de menos, si hay una bandera de España de por medio. Entonces, el orden y la ley les importa una mierda, así como la verdad sobre lo sucedido, y menos aún la integridad y la reputación de los docentes y del propio centro, porque la bandera de España se puede sacar donde uno quiera. Faltaría más. En el cine, bajo el agua, mientras cagas, en clase y hasta en un entierro al que nadie te ha invitado. Esto es España.

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El asunto seguirá trayendo cola, y si no, ya se inventarán otro. Sucedió con los profesores del IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca, cuyas fotos y datos personales aparecieron en varios medios por un bulo de la ultraderecha. En València ha pasado siempre, y anteayer, el candidato del PP volvió a atizar el fantasma del catalanismo para recordar que vienen elecciones. Recuerdo los pasquines de un grupo de ultraderecha contra un profesor en Meliana al que acusaban de ‘catalanista’, hace quince años. También los ataques a las librerías en valenciano, a los festivales de cine y música en valenciano y hasta contra los alumnos de la inmersión en valenciano, entre los que me incluyo, y sobre lo que escribí hace un tiempo ante un caso similar como el de Mallorca, pero por una nota del colegio escrita en valenciano.

Es el patriotismo a la vez victimista y matonista habitual de los que necesitan restregarte la bandera por la cara cada día para ver si osas decir algo o si te molesta que te la metan por cualquier orificio. Es el arma de los cobardes, que cuentan con un buen séquito de medios y propagandistas dispuestos a justificar cualquier cosa o a cubrir cualquier otra bajo los colores patrios si el sujeto a señalar es o podría ser un enemigo de España. Porque España son ellos. Y ellos quieren que temas a España y a sus símbolos, como buenos fascistas que son. No entienden otra cosa que no sea una conquista. No pretenden convencer a nadie. La bandera como arma y salvoconducto para cualquier mierda que se les ocurra. A falta de argumentos o de capacidad de convicción, dale caña al patriotismo, que activa a los botarates dispuestos a lo que haga falta por la patria.

Estos fascistas han aprendido bien la consigna: cuando tengas algún problema con alguien, aunque sea un incidente que tú mismo has provocado, di que ha sido ‘por llevar una bandera de España’. Esto captará la atención de los libelos y activistas ultrapatriotas, que ni dudarán del relato, y ayudarán incluso a enmarcar el asunto como un supuesto delito de odio por hispanofobia. Llorones ante los medios, matones desde sus medios.

El Gobierno balear condenó las amenazas y se apresuró a anunciar que instaría a la Abogacía de la comunidad autónoma a interponer una denuncia ante Fiscalía. Los diputados del Parlament Balear también condenaron las amenazas, todos menos los ultraderechistas, claro, que desde que se supo del incidente, sus hooligans participaron del linchamiento a la profesora. Como las juventudes del PP, que publicaron un tuit pidiendo que se expulsase del país a la profesora. Luego lo borraron.

Los medios que difundieron los datos de la víctima del acoso siguen estos días a la greña, mientras en el centro educativo tratan de recuperar la normalidad y salirse del foco mediático del que algunos tratan de sacar redito político. Ayer mismo, el Comité de Empresa del centro educativo La Salle Palma emitió un comunicado titulado “Tots som tu”, mostrando su apoyo rotundo a la docente y condenando los hechos, así como denunciando la falta de ética periodística de quienes se dedicaron a poner una diana sobre ella y sobre el centro. La profesora, por su parte, trata de evitar el foco y seguir con su labor, con sus clases, superando como puede el miedo tras las amenazas.

Además del apoyo del resto de docentes y de la dirección del centro, ha recibido múltiples muestras de cariño de varias organizaciones y personas a través de las redes y de varios medios, como sucedió también con los profesores del IES El Palau años atrás. Pero lo más importante, lo que no han contado quienes le pusieron la diana, es que cuando volvió al centro, fue recibida por la gran mayoría de los alumnos con un largo aplauso y múltiples muestras de cariño. Esta es la realidad en los colegios, por mucho que los goebbelianos y macarthistas se empeñen en realizar cazas de brujas cada cierto tiempo para recordarnos que a España se la teme. Allá ellos.

Columna de opinión en Público, 30 de noviembre 2022

Fer front a l’extrema dreta. Estratègies d’acció de la societat civil

Informe realitzat per Marcia Tiburi, David Bou i Miquel Ramos sobre l’extrema dreta i l’antifeixisme. Un treball per a l’escola Guillem Agulló d’ Òmnium Cultural. Es pot descarregar gratuïtament ACÍ

Zoom | 20N: Què queda del franquisme?

En ZOOM ens fem una pregunta a 20 de novembre del 2022. Què queda del franquisme en la nostra societat? Una part important del propòsit de la llei de memòria democràtica és erradicar els símbols franquistes repartits per tot l’estat. Quants en tenim al País Valencià?

Vore el reportatge complet ACÍ

Ayuso como excusa

El pasado domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en Madrid para defender la sanidad pública y denunciar la mala gestión del Gobierno de Ayuso. Ha sido inútil el esfuerzo de la derecha por tapar el fracaso de su modelo de gestión de los servicios públicos así como el de ocultar el éxito de la protesta. Por mucho que sus voceros y compinches se esfuercen en minimizarlo y en criminalizarlo, tanto las imágenes de la multitudinaria protesta como las razones de la misma, sitúan a la derecha en un terreno difícil, haciendo malabares discursivos para salir al paso, insultando a los manifestantes e incluso difundiendo bulos sin ningún tipo de vergüenza. Sacando el comodín de ETA, llamando ‘pancarteros’ a los manifestantes, y tratando de memos a sus seguidores diciendo que quien defiende la sanidad pública está en realidad conspirando para instalar una república federal laica en España.

El telón de acero que la presidenta construyó para mantener a raya el comunismo que se cernía sobre el resto de España durante y después de la pandemia, y que le sirvió para ganar las últimas elecciones, tiene ya varias grietas que a la derecha le está costando tapar. La estrategia consistía en tratar de situar a toda su oposición en el comunismo, agitando el viejo fantasma y oponiéndolo a la supuesta libertad que ofrecen ella y sus socios. Sin embargo, el plan no funciona tanto cuando quien es usuario de la sanidad pública, aunque la haya votado, entiende perfectamente la reivindicación de la manifestación, e incluso estaba allí, al ver que le resulta imposible ser atendida por un médico cuando lo necesita.

Situar en el comunismo la defensa de los servicios públicos es un error de cálculo de la derecha, que regala a la izquierda una de las banderas más preciadas de las democracias liberales. Partiendo de la esquizofrenia manifiesta de la derecha, que, por una parte, reivindica la buena salud y la mejor gestión de los servicios públicos, pero por otra, acusa a quien pide no solo defenderla sino mejorarla, destapa la trampa. Pintar cualquier medida socialdemócrata de comunista, por mucho que en la cabeza de los neocons sea un plan perfecto, puede tener un efecto bumerán que normalice todavía más el comunismo que pretenden estigmatizar.

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La batalla cultural que la derecha lleva años librando contra el sentido común progresista no es infalible. Estos contrapiés de la derecha, hoy respecto a la sanidad pública, pero mañana sobre cualquier otro asunto de interés público, son los puntos débiles de toda la carcasa neoliberal que luego, encima, se arroga el patrimonio de la buena gestión de la cosa pública. Ayuda, además, a presentar a la izquierda, con todas sus diferencias, contradicciones y miserias, como la única garante de los servicios públicos, los que usa la gran mayoría de la ciudadanía, vote a quien vote.

Pero sería un error también leer esta batalla tan solo en términos electorales. La movilización por la sanidad pública no fue obra, como dice la derecha, de un complot de las izquierdas institucionales, de los partidos, sino que surgió de los propios profesionales y movimientos sociales que llevan años peleando por los servicios públicos. Estas plataformas deben pelear para no ser patrimonializadas por nadie, por mucho que se arrimen los políticos para salir en la foto, y por mucho que se estimule en estas movilizaciones la vía electoral para echar a los malos gestores. Nadie nos asegura que, una vez esté fuera Ayuso, los servicios públicos se vuelvan eficientes, aumenten su calidad y se vuelvan universales. Ni que la sanidad ni el resto de servicios públicos y derechos humanos estén garantizados allá donde no gobierna la derecha.

Esta semana hemos visto cómo la Policía entraba a golpe de maza para desahuciar a una familia con menores y enfermos de cáncer en el barrio madrileño de Tetuán, y esto no es competencia de Ayuso precisamente. También hemos visto cómo, con la propuesta de derogación del delito de sedición, se incluye todavía más pena al delito de desórdenes públicos con algunos añadidos que dejan a los pies de los caballos a numerosos movimientos sociales y actos de protesta pacífica a merced demasiadas veces de las versiones policiales. Tampoco es cosa de Ayuso la masacre de Melilla que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trata de esquivar ante la avalancha de evidencias y la investigación del Defensor del Pueblo. Y así podríamos enumerar infinidad de asuntos del actual Gobierno, que nos señala el caos sanitario en Madrid pero esquiva cínicamente sus propias miserias que afectan también a nuestros derechos y libertades.

Quizás la sanidad sea un punto de partida para volver a ver las calles llenas por múltiples reivindicaciones, no solo contra Ayuso por su gestión de la sanidad en Madrid, sino también en otras partes del Estado donde los servicios fallan y los derechos se ven mermados, gobierne quien gobierne. Reducir la responsabilidad de la pauperización de los servicios públicos, los mangoneos y el autoritarismo a las políticas del PP y sus socios es lo que quieren los partidos de la oposición en Madrid, pero no sirve para el conjunto del Estado, donde gobiernan otras formaciones y estos y otros problemas se repiten. Porque el problema es el modelo neoliberal que durante años se han empeñado en apuntalar unos y otros gobiernos.

Salvar lo que queda de los servicios públicos, tan vitales para unos y tan suculentos para el negocio de otros, es hoy tildado de comunismo, algo que ni lo es ni pretende serlo, por mucho que se empeñe la derecha. Usan la excusa de Ayuso para retomar el poder y hacer un poco menos daño que ella, pero sin tocar demasiado el marco, sin cambiar las reglas del juego. Porque por mucho que nos traten de convencer con el caos de la gestión sanitaria madrileña para atizar otro fantasma, el de la derecha y la extrema derecha, más les vale aplicar todas aquellas medidas que garantizaran de verdad una vida digna más allá de la cita con el médico, ahora que todavía gobiernan y todavía pueden. No teman que los llamen comunistas. Prediquen con el ejemplo.

Columna de opinión en Público, 16 de noviembre 2022

Nos mean y dicen que llueve

Cuando el tiempo nos da la razón, quizás sea ya demasiado tarde. Es por eso por lo que tardan tanto en reconocer la verdad quienes la podrían haber reconocido antes, pero no lo hicieron para quedar impunes y esperar que su relato se instalase en las páginas de la historia oficial. Es lo que hemos visto con el rey emérito cuando han salido periodistas cortesanos a admitir que mintieron y ocultaron información para salvaguardar la institución, e incluso, según ellos, también la democracia. Sabían que el Rey hacía negocios sucios, que la liaba parda allá donde iba y que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo contaba, excepto los cuatro rojos a quienes nadie creía. Todos callaron a voluntad o fueron amenazados para hacerlo. Trajo petróleo, hizo ricos a varios empresarios y ayudó a lo que ellos entienden que es el país, es decir, ellos mismos. Hoy lo reconocen. Y no pasa nada. Ellos eran y son los verdaderos demócratas.

Algo parecido a lo que nos regaló el exministro del Interior y responsable del terrorismo de Estado de los GAL, José Barrionuevo, con absoluta tranquilidad, en una entrevista reciente. Y es lo que volverá a pasar con la basura actual que muchos denuncian, incluso con pruebas, y otros lo niegan hasta con la evidencia en su cara. Que hasta dentro de unos años, cuando ya ni nos acordemos, y todos los responsables estén a salvo, salga a relucir la verdad. Como pasa cada vez que se desclasifican documentos y se descubre que alguien ya lo dijo pero se le trató de loco, de alborotador, de conspirador o de ácrata.

Pensar que la mentira y no asumir responsabilidades ni rendir cuentas forma parte del juego político es no creer en la democracia. Que un ministro del Interior se permita el lujo de negar lo que múltiples medios de comunicación llevan demostrando desde hace meses, en un asunto además tan feo como la muerte de decenas de personas demuestra que no debería ejercer tal cargo. Las muertes en la valla de Melilla han sido documentadas por varios medios como Público, y más recientemente por la BBC, donde se desmonta la versión oficial que el ministro se empeña en inyectar.

La garantía de impunidad permite este tipo de lujos. Se libró Juan Carlos I de sus fechorías porque tenía un buen ejército de plebeyos a su servicio, al mando del Estado, de la judicatura, de los servicios secretos y de los principales medios de comunicación que se encargaban de limpiarle el culo cada vez que se lo ensuciaba. Y se libró Barrionuevo con varios muertos sobre la mesa, algunos de estos hasta sin uñas de las torturas patrocinadas por su ministerio. Y se librará Marlaska una vez más por la muerte de varias personas en nuestra frontera, como se libró cuando no vio las torturas que denunciaron varios detenidos y él se negó a investigar. Solo con este recorrido garantizado, alguien estaría dispuesto a asumir el cargo y el marrón que este supone si algo se tuerce y no cuenta con el apoyo de quien le puso ahí. Eso sí, prescindiendo de toda dignidad y de toda vergüenza, por muchas medallas que tenga, por muchas palmaditas en la espalda que reciba de los suyos, y muchos cuadros que le pinten y cuelguen en el Congreso.

Ayer, la comisión de la Eurocámara que investiga el espionaje mediante Pegasus a varios líderes y activistas independentistas catalanes señaló al Gobierno español como responsable: “probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO”, dice el informe. La eurodiputada liberal holandesa que lo presentó se quejó de que el Gobierno español no da información al respecto. “Los Gobiernos deben ser controlados por los ciudadanos, no al revés”, añadió. Exige, como debería hacerlo cualquier demócrata, que los Gobiernos rindan cuentas ante la ciudadanía. No lo harán. Ni con esta trama donde hay implicados otros países como Marruecos e Israel contra nuestros conciudadanos e instituciones. Incluso habiéndoles pillado con las manos en la masa. Están acostumbrados a no hacerlo, pues no hay sanción ni reproche, gracias también a un aparato judicial cómplice que permite al Estado, a sus regímenes aliados y a sus funcionarios actuar como consideren oportuno. Y si finalmente no queda otra que condenarlos, como se condenó a Barrionuevo, no pasa nada, para algo está el indulto e iremos a abrazarte a las puertas del talego. Pero para qué jugársela ahora. Mejor admitirlo todo dentro de veinte o treinta años, sabiendo que todo está ya prescrito. Como Barrionuevo con los GAL. Como las fechorías del rey emérito.

Sale barato mentir, incluso cuando ostentas cargo público. Incluso cuando eres un medio de comunicación que recibe miles de euros de dinero público (en publicidad institucional) y cuentas con esa patina de respetabilidad como garante de la objetividad y del rigor. Incluso alguien de la catadura moral de Antonio Caño, exdirector de El País que anteayer nos intentaba dar una lección de periodismo afirmando que “el periodista es lo contrario del activista: este oficio no va de cambiar el mundo sino de contarlo”. Esto, tan solo tres meses después de publicar en su cuenta de Twitter que desde el periódico que dirigía intentaron evitar que Pedro Sánchez gobernase “con populistas y separatistas”. Los activistas somos los demás, claro que sí.

Luego nos sorprendemos cuando la derecha niega las atrocidades del franquismo y reduce el genocidio y la dictadura a una pelea entre abuelos. Es parte de esa mentalidad negacionista, irresponsable, que trata de súbditos y de imbéciles a sus ciudadanos. Se les puede engañar, contar milongas y joderles la vida, que cuando se descubra la verdad, o cuando quizás algún día se juzgue, ya será tarde o estarán a otras cosas. O mantendrán la mentira hasta su último aliento, pues no hay reproche más allá de la pataleta que podamos lanzar desde nuestras redes o nuestras tribunas. Vean las residencias de ancianos durante la pandemia. Vean los múltiples casos de corrupción prescritos. Vean los manifestantes condenados mediante la palabra de un policía como única prueba. Recuerden la cal viva con el sello del Ministerio del Interior.

Estos son solo algunos de los ejemplos recientes y sangrantes, pero podríamos llenar páginas enteras y escribir una historia por volúmenes de las retorcidas marañas de los poderes, públicos y privados, que someten a la ciudadanía a sus relatos convertidos en verdades oficiales y a sus designios poniendo o quitando Gobiernos y políticos, y machacando, juzgando y encarcelando a quien moleste mediante los grandes y pequeños lawfares que hagan falta. Es la ciudad de la euforia que describía Rodrigo Terrasa sobre la corrupción en València pero a escala estatal, y con mucha más casquería que el saqueo de las arcas públicas. Es el asalto y el saqueo constante a la democracia. Tapando las mentiras con cal viva. Como decía una pegatina de los grupos autónomos de los 90, nos mean encima y dicen que llueve.

Columna de opinión en Público, 8 de noviembre 2022