El altavoz y los lamebotas

“El Congreso ofrecerá esta tarde una estampa anómala”, anunciaba el periódico ABC el pasado 15 de diciembre. Y así fue. No es habitual que en el edificio que representa la soberanía popular se escuchen historias que los grandes medios tratan constantemente de silenciar o retorcer. Temían que la historia de los seis de Zaragoza trascendiese, y que, además, sirviese para recordar otros casos recientes en los que tan solo con la palabra de la policía, se condenaba a alguien.

Javitxu, un joven de poco más de veinte años fue el primero en hablar. Arropado por su madre y su padre en la mesa, y ante varios diputados de todos partidos de izquierdas con representación institucional, activistas por los derechos humanos y periodistas, explicó su caso: él y otros cinco jóvenes fueron detenidos en un bar horas después de una manifestación contra Vox en Zaragoza que terminó en disturbios. La tranquilidad de saberse inocente, y confiar en que las pruebas demostrarían que él no participó de los disturbios, hicieron que confiase en la justicia. En el juicio, efectivamente, no se pudo demostrar su participación ni la de ninguno de los demás encausados en los hechos. Tan solo existía como prueba la palabra de la policía. Pero para el juez fue suficiente. Seis años de prisión. El recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón no fue mejor, y subiría un año la pena. Los cinco jóvenes han sido condenados a siete años de cárcel por la palabra de la policía como única prueba y la veracidad que le ha otorgado el juez Carlos Lasala.

Ya lo expliqué en otro articulo en este mismo periódico semanas atrás, donde repasaba varios casos similares tras la condena a Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos a quien la policía acusó de dar una patada a un agente, sin nada más que su palabra como prueba. Y en el acto del pasado día 15, nos encontramos también con el testimonio de la diputada de EH-Bildu, Bel Pozueta, madre de uno de los jóvenes de Altsasu, el de Isa Serra, diputada de Podemos, o Vicky Rosell, la jueza y también diputada víctima de otro montaje que terminó, este sí, desmontado tras años de suplicio. Quizás lo novedoso de estos últimos años es que estos montajes ya no son solo contra activistas anónimos, sino que ya alcanzan a miembros del propio gobierno que resultan incómodos para el poder. Porque el poder no es igual al Gobierno, que no se nos olvide. Este permanece intacto e inmune gobierne quien gobierne. Eso sí, ni se les ocurra despeinarles un pelo con sus políticas, o ya saben a lo que se enfrentan. El lawfare en todo su esplendor.

Que el pasado miércoles 15 de diciembre, en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados se escucharan todas estas voces dolió mucho a la derecha y a sus cloacas mediáticas y policiales. No soportan que hablemos abiertamente de esto, porque están acostumbrados a que se quede todo en un centro social, en los medios alternativos o en los corrillos de las izquierdas, que han conocido cientos de casos similares desde hace décadas. Por eso sonaron las alarmas y se puso en marcha una campaña improvisada que, finalmente, no saldría como esperaban. Primero, los medios de derechas señalando y criminalizando el acto. Después, mediante el comunicado de una de las principales organizaciones policiales rasgándose las vestiduras ante lo que consideraban una afrenta a todo el Cuerpo. Y durante el desarrollo del acto, el intento de boicot por parte de dos ultraderechistas que dejaron un altavoz para que sonase el himno de la policía. Una acción, por cierto, que contenía un mensaje subliminal: es un altavoz, pero podría haber sido otra cosa. Ya me entienden.

Este intento de boicot no hizo más que promocionar el acto. Les salió mal la jugada, y aunque entre ellos se regocijaran en sus redes por tal hazaña entre copas de Terry y caricias en el lomo, mucha otra gente se preguntó de qué iba el acto y por qué los ultras estaban tan molestos. Una excelente promoción del caso de los seis de Zaragoza y de los otros que allí se denunciaron, gracias a la torpeza de los lamebotas de siempre. De aquellos que saben cuál es su sitio: al lado del poderoso y enfrente del débil.

Más allá de (y gracias también a) esta ridícula anécdota, el acto ha tenido una gran repercusión, y hoy mucha gente conoce este caso, que se encuentra todavía a la espera de que se resuelva el recurso de casación. Y nos sirve, una vez más, para recordar cómo actúa la cloaca cuando el relato se les escapa. Justo la misma semana que la policía volvía a Cádiz para detener a varios participantes en las protestas del metal de las últimas semanas, entre ellos, al señor de más de 70 años que plantó cara a los agentes que golpeaban a otros manifestantes y cuya escena se hizo viral. El profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, presente también en el acto por los seis de Zaragoza, escribía el pasado sábado en este medio sobre el caso de Cádiz, advirtiendo que “legalmente no era necesario ni legítimo detenerlos, pues habría bastado con citarlos para que comparecieran ante el juez“. Es decir, que todo fue una puesta en escena para atemorizar a la ciudadanía que tuviese el más mínimo impulso de salir a la calle a manifestarse por algo.

Casado no podía quedar por detrás de la ultraderecha, y de la misma forma que se apuntó a las fake news con el caso de Canet, este fin de semana se sacó de la manga que los seis de Zaragoza habían sido condenados “por patear Guardias Civiles”, cuando en la protesta no había agentes de este cuerpo, ni a los chavales se les acusa de esto. No pasará nada, porque la mentira, que es el modus operandi de la ultraderecha, siempre les sale gratis. Eso sí, una vez más, contribuye a difundir el caso y a demostrar la bajeza moral de la derecha de este país, que institucionaliza la mentira cada vez que abre la boca. Pero lo más grave de todo quizás no sea su indecencia, sino su crueldad. La poca calidad humana de aquellos que contribuyen a arruinarle la vida a unos jóvenes inocentes porque esto sirve para sus intereses, y porque su contribución a tal injusticia será premiada, o eso creen. El propio Javitxu, por cierto, le respondió en Twitter.

La ultraderecha sabe bien que cuenta con el inestimable apoyo de las instituciones y de sus cloacas, porque siempre ha creído que eran suyas, y por eso cree que puede hacer lo que le salga de las narices. Cree, pero que no se confíe. Aquella tarde en el Congreso también había policías entre el público que no comulgan con las prácticas y los discursos de muchos de sus compañeros y que se acercaron a mostrar su apoyo a los chavales. Juristas que reconocen y denuncian la podredumbre de la judicatura y su metástasis reaccionaria. Periodistas que no se callan y difunden allá donde pueden este y otros casos. Y, sobre todo, personas anónimas, la gran masa social crítica y concienciada, que nunca ha dejado a ningún compañero atrás. Que ha vivido varios casos semejantes desde hace décadas, y que sabe que tienen algo de lo que quienes pretenden encarcelar, aterrorizar o someter a la disidencia, carecen: solidaridad, determinación y responsabilidad con los demás. Esto, créanme, es mucho más poderoso que cualquier arma, que cualquier condena o que cualquier campaña de criminalización.

Miquel Ramos – Público 19 de diciembre 2021

Los 6 de Zaragoza: Acto en el Congreso de los Diputados sobre las cloacas policiales y judiciales

7 años de prisión, un atestado policial sin pruebas y un juez de ultraderecha. Representantes políticos, activistas y periodistas celebran un acto en apoyo a los seis antifascistas de Zaragoza y hablan sobre las cloacas policiales, judiciales y mediáticas.

Algo habrán hecho

“Existen contradicciones en lo manifestado por los agentes. La labor de un juez no es encajar un relato para justificar una sentencia. Su labor es juzgar unos hechos, más allá de la idea preconcebida de que si estaban allí, algo habrán hecho”. Francho Aijón es el padre de uno de los seis jóvenes antifascistas condenados recientemente por unos altercados sucedidos en un acto de VOX en Zaragoza en enero de 2019. Acompañado de Pilar Vázquez, madre de otro de los condenados, hablaron el pasado mes de abril en las Cortes de Aragón representando a la Plataforma de Madres y Padres por la Absolución de los seis de Zaragoza. No hay pruebas que impliquen a sus hijos en los incidentes. Tan solo la palabra de los policías. Esta semana, acaban de recibir un año más de cárcel por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Siete años de prisión. Siete. Sin más pruebas que la palabra de la policía. “Si estamos aquí no es por el convencimiento emocional”, sino porque “no hay pruebas y la única vara de medir que recoge el juez son los atestados policiales y la veracidad que se les presume”, recordaba Aijón.

El caso de los seis antifascistas de Zaragoza ha pasado bastante desapercibido. A pesar de las altas penas impuestas y de las irregularidades manifiestas durante el juicio. Pero los chavales no han estado solos. Una gran campaña de solidaridad los ha acompañado desde el principio, y han contado con el apoyo de doce eurodiputados y de más de 400 personas del mundo de la cultura, anónimas, y colectivos de todo el Estado que se han indignado por este caso.

Esta misma semana, el fotoperiodista de El País, Albert Garcia, era juzgado en Barcelona acusado de atentado contra la autoridad por, según varios agentes, empujar y golpear a dos policías mientras cubría las protestas por la sentencia del procés. El Fiscal retiró la petición de año y medio de cárcel que le solicitaba inicialmente, pero propuso una sanción de 4.800€ al considerar que hubo resistencia a la autoridad y que causó lesiones a los agentes. Garcia, por su parte, defendió su inocencia y acusó a varios policías de incurrir en falso testimonio. Numerosas asociaciones de prensa y periodistas a título individual se solidarizaron con su compañero y manifestaron su preocupación ante estos hechos.

Recientemente conocíamos la sentencia que condenaba también al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, a un mes y quince días de prisión por otra presunta agresión a un agente de policía durante una manifestación en Tenerife contra las políticas del ex ministro de educación, José Ignacio Wert en 2014. La única prueba fue la declaración de la policía. Ninguno de los documentos gráficos aportados a la causa muestra dicha agresión. El analista de redes y responsable de la web Pandemia Digital, Julián Macías, elaboró un hilo en Twitter con imágenes de los hechos de aquel día, las declaraciones de las partes durante el juicio y el tratamiento mediático del caso. De nuevo, la palabra de la policía fue lo único que sirvió al juez para dictar sentencia.

Hace justo un año, la diputada de Podemos, Isa Serra, fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a 19 meses de prisión e inhabilitación de cargo público por un delito de atentado a la autoridad, un delito leve de lesiones y otro de daños. Los hechos se remontan a una protesta contra el desahucio a una persona discapacitada en el barrio de Lavapiés en enero de 2014. La defensa aportó más de 100 videos para acreditar la actitud pacífica de la diputada. Fueron rechazados por el Tribunal, considerando que no aportaban nada, y solo tuvo en consideración la palabra de tres agentes de la Policía Nacional que la acusan de los hechos por los que fue condenada.  Un proceso plagado de contradicciones entre los declarantes y en el que la acusada siempre negó los hechos que se le atribuían.

Un agente de la Policía Nacional me filtró el pasado año capturas de varios chats policiales donde se compartían bromas macabras y fotomontajes sobre manifestantes heridos durante manifestaciones, incluso de aquellos que habían perdido un ojo por disparos de balas de goma. Como en otras ocasiones, cuando otros agentes o militares me han hecho llegar informaciones similares, me pidieron la máxima discreción. Tienen miedo, pero querían que se supiera. Lo mismo pasó en un foro policial en Facebook plagado de insultos machistas y racistas contra miembros de Podemos, feministas o antifascistas, que nunca fueron advertidos ni borrados por el administrador. Cuando publicamos la información en La Marea, varios usuarios salieron a la defensiva advirtiendo a ‘los chivatos’ en el mismo foro. Ni una sola autocrítica. Lo mismo cuando retratamos a varios agentes almorzando en un bar fascista de Madrid bajo banderas de Falange y retratos de Franco y Primo de Rivera. Que ellos desayunan donde les da la gana, dicen.

La desconfianza de una parte de la ciudadanía con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es evidente. Digo una parte, quizás pequeña, puede ser, porque la mayoría de la ciudadanía todavía cree que todo lo que dice la policía es cierto y todo lo que hace está justificado. Sin embargo, nuestra labor como periodistas es cuestionarlo todo. Sobre todo, al poder. Cuestionar si determinadas actuaciones policiales están justificadas, como el cabezazo a un joven detenido y esposado en una protesta por la sanidad pública en Vallecas, por ejemplo. El juez, por su parte, no lo consideró así, y archivó la denuncia de varios jóvenes contra la policía por este y otros comportamientos denunciados durante la actuación policial que terminó con varios heridos y seis detenidos, y de las que hay abundantes imágenes.

Esto sucede porque en muchos casos los periodistas no hacemos nuestro trabajo y compramos la versión oficial sin rechistar. O por miedo a perder alguna simpatía del policía de turno que a menudo nos proporciona información en exclusiva para publicar y colgarnos una medalla de exclusiva. Como las filtraciones de los antecedentes policiales o informaciones que solo la policía conoce, de los detenidos en las cargas policiales contra antifascistas durante el mitin de Vox en Vallecas, por ejemplo. A veces, también sucede porque todos participan. Porque el periodista quiere creer lo que le cuentan, y le encaja en su relato criminalizador y estigmatizador habitual de estos grupos, ya sean movimientos sociales o diputados de izquierdas.

Pero quien corona estos casos son los jueces y los fiscales. La veracidad que tiene la palabra de un agente ante un tipejo con rastas, una feminista podemitao seis guarros antifascistas es obvia. Y ellos se encargan de sentenciar La Verdad. Y en estos casos, no es que haya una gran cantidad de pruebas que avalen la versión policial. Es que solo cuentan con su palabra, y desestiman las numerosas pruebas que la contradicen. Será cuestión de fe.

Lo preocupante es que quien gobierna prefiera dejar las cosas como están y no meterse en estos asuntos. Ni siquiera cumplir sus promesas de derogar la Ley Mordaza, que ha servido para multiplicar estos casos. Más vale tener a policías y militares tranquilos que meter mano y causar todavía más desafección contra el Gobierno dentro de estos cuerpos. El militar al que entrevisté para La Mareadenunciando varias irregularidades en las FFAA y la existencia de una célula neonazi dentro del Ejército ya me lo advirtió: hay un pacto desde la Transición de que ni ejército ni policía se tocan. Tuvo que salir en la entrevista encapuchado por miedo a represalias. Si esto no es un síntoma de que algo no va bien, los gobernantes callan y los medios pasan de puntillas o se unen al relato oficial, lo que venga en un futuro no será inesperado. Al menos, no podrán decir que algunos no lo veíamos venir.

Miquel Ramos – Público – 18/10/2021

Un juez rechaza investigar la actuación policial en una protesta con varios heridos

El juez determina que no hay “indicio de delito contra ninguno de los agentes”. El abogado de los denunciantes dice que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Miquel Ramos – La Marea – 13 de octubre 2021

El juzgado de instrucción nº36 de Madrid ha decretado el archivo de la denuncia presentada por dos de los cuatro jóvenes detenidos en una manifestación por la sanidad pública. Ocurrió en el barrio madrileño de Vallecas el 24 de septiembre de 2020 y resultaron heridos durante la intervención policial. 

El auto del juez instructor argumenta que “la pretensión de su defensa de que se les tenga por perjudicados resulta improcedente, por no apreciarse en la causa indicio de delito contra ninguno de los agentes sin que el hecho de que los investigados pudieran haber resultado lesionados en el momento de su detención deba suponer que fuera como consecuencia de una intención de aquellos de menoscabar su integridad”.

Cerca de doscientas personas se concentraron frente a la Asamblea de Madrid en actitud pacífica, lanzando consignas por la sanidad pública y contra los confinamientos selectivos por barrios. En todo momento estuvieron rodeados por un amplio dispositivo policial. Tal y como se aprecia en los numerosos documentos gráficos que se publicaron entonces, varios agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) iniciaron una carga cuando los jóvenes gritaban «¡Aquí están los antifascistas!». En los vídeos grabados en ese momento no se aprecia, de manera aparente, ningún tipo de incidente que justificase la intervención, la cual provocó una desbandada de los concentrados. Durante la huida, según denuncian, una joven recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de uno de los agentes, y otros jóvenes se pararon a socorrerla, momento en el que otros policías aprovecharían para detener a uno de ellos.

En las imágenes de la detención de varios de estos jóvenes se aprecia cómo un agente de la UIP propina un cabezazo al joven que sujeta esposado y sin que este ofrezca resistencia. En ese momento, los agentes no llevaban su número de identificación visible en su indumentaria, tal y como exige la ley. Poco después de los incidentes, varios jóvenes se presentaron en la comisaría del barrio de Numancia para preguntar por sus amigos. Según explicó el abogado a El Saltola policía arrestó a uno de ellos, que además –denuncia~ fue golpeado por hasta siete agentes de la Policía Nacional mientras su amigo era obligado a mirar. 

El letrado de dos de los detenidos, Erlanz Ibarrondo, ha presentado esta semana un recurso contra el auto dictado el pasado día 5 de octubre. Según denuncia, este “priva de forma apriorística y sin tomarles declaración de la posibilidad de perseguir a los autores de las lesiones sufridas, indicando el instructor sin tomarles declaración que sus lesiones no son constitutivas de delito”. El juez deniega así la posibilidad de que se investiguen las lesiones de los jóvenes.

Según el escrito de la defensa, “es ciertamente sorprendente y carente de cobertura jurídica, dicho sea, en términos estrictos de defensa, que se pueda tomar la determinación de que sus lesiones no son constitutivas de delito alguno». Este mismo escrito, presentado ante el juzgado que instruye el caso, considera que la decisión del juez de no investigar la actuación policial “vulnera el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva (art. 24 de la C.E.), que incluye el Derecho de los ciudadanos al ejercicio de las acciones penales y a que se investiguen imparcialmente los hechos denunciados, al menos aquell