Faltaba menos de un mes para las elecciones generales de diciembre de 2015. Daniel tomó el micrófono en uno de esos programas sobre actualidad política que invitaba a los diferentes candidatos para que se sometieran en directo a las preguntas de los ciudadanos. ¿Usted qué opina de la Ley Mordaza? Preguntó Daniel. Pedro Sánchez no tardó ni un segundo en contestar: “Pues que la vamos a derogar nada más lleguemos al gobierno, de eso que no te quepa la menor duda.”
Cuando falta menos de un año para las elecciones generales, y con casi cuatro años ya de gobierno de coalición, la promesa del PSOE y Unidas Podemos se esfumó. EH Bildu y ERC llevaban tiempo advirtiendo de que no votarían a favor de la reforma si esta no contemplaba eliminar los artículos referentes a la desobediencia, las faltas de respeto a los agentes (que acaparan un tercio de las sanciones de la Ley Mordaza, y con las que el Estado ha ingresado cerca de 815 millones de euros), así como las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, cuatro asuntos que el PSOE se niega a modificar, a pesar de sus promesas, y que las asociaciones de derechos humanos ven indispensable.
Patxi López, portavoz del PSOE, explicaba ayer en rueda de prensa que “todo lo que hacía que la ley de Seguridad se llamará “ley mordaza” estaba acordado”, y que “lo demás son excusas”, sacando de la ecuación las pelotas de goma, la desobediencia y las devoluciones en caliente. Ojo, las mismas devoluciones en caliente que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluyó en su crítica a la Ley Mordaza durante la moción de censura a Mariano Rajoy. Sánchez prometió entonces la derogación urgente de aquellos artículos de la Ley Mordaza que “limitan desproporcionadamente” varios derechos, así como los que permiten la expulsión de extranjeros en la frontera “de forma arbitraria y sin derecho a tutela judicial efectiva”, esto es, las devoluciones en caliente.
Justo esta semana, Amnistía Internacional hacía público su último informe titulado My Eye Exploted, una investigación que documenta las mutilaciones y muertes a causa del uso de materiales antidisturbios como las balas de goma, cuyo uso se empeña en proteger el PSOE en nuestra legislación. En España, colectivos sociales y víctimas de estas armas consideradas no letales, llevan años protestando no solo por su uso, muchas veces imprudente e injustificado, sino por la impunidad que envuelve cualquier consecuencia. Desde la muerte de Iñigo Cabacas en 2012, la masacre del Tarajal en 2014 que acabó con varias personas muertas, hasta las decenas de ojos, testículos y otros órganos mutilados por estas armas. No solo pretenden que esas armas continúen formando parte del arsenal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que se sigue asegurando la impunidad para quienes provoquen cualquier daño.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentaba también su último informe estos días, que incluía alusiones a diversas actuaciones policiales. En este, instaba a corregir la opacidad en las sanciones de la Ley Mordaza y los malos tratos policiales. No son pocas las actuaciones policiales cuestionadas durante esta legislatura, y que han quedado no solo impunes sino defendidas públicamente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La masacre de Melilla, el espionaje a diversos movimientos sociales, con abusos sexuales incluidos, las cargas policiales injustificadas, los señalamientos de periodistas, las continuas exhibiciones públicas de simpatías por la ultraderecha de varios agentes o la difusión en sus chats de comentarios racistas, machistas y memes burlándose de sacar ojos a manifestantes.
El PSOE nunca quiso derogar la Ley Mordaza. Además de evitar el enfrentamiento con los elementos más reaccionarios de los cuerpos policiales, garantizar la impunidad para reprimir o solucionar cualquier asunto sin tener que dar demasiadas explicaciones es siempre una garantía para cualquier gobernante que estime más el poder que la democracia y los derechos civiles. Lamentablemente, la trampa del PSOE con la Ley Mordaza estaba clara de antemano: si no se acepta la reforma que deja fuera varios asuntos importantes, la culpa de que la norma permanezca es de quien se opone a tragar con esto. Si se vota a favor de la reforma con esos asuntos pendientes, los socios están tragando un nuevo sapo que pasa por encima de varios derechos civiles. O esto o nada. La trampa de siempre, la que al PSOE nunca le pasa factura, pero que destroza a cualquier izquierda que la sostenga. Una jugada habitual que hoy ya tiene a dos cabezas de turco: ERC y EH Bildu. El culpable no es quien incumple la promesa de derogar la ley, sino quien se niega a tragar con un maquillaje que mantiene aspectos graves y lesivos de la norma.
Por eso ya vemos a políticos de todo signo jugando a los titulares según convenga. Gamarra (PP) dice que su alianza con los sindicatos policiales ha impedido la derogación de la Ley Mordaza. La izquierda acusa al Gobierno de PSOE y Podemos de incumplir su promesa de derogarla. El PSOE culpa a sus socios de impedir la reforma por cuatro tonterías de nada. Podemos culpa al PSOE de no querer ir más allá, y a sus socios de no conformarse con lo que había.
“La nuestra es una sociedad democrática ya madura. Una sociedad que se rebela cuando la autoridad se ejerce de forma injusta y arbitraria. En esa conciencia civil reside la fuerza de nuestro país, y esa conciencia constituye, por cierto, un motivo más que justificado para derogar la Ley Mordaza. Un compromiso que quiero asumir de forma expresa con la Cámara”. Esto es lo que decía Pedro Sánchez en el debate de investidura en 2019.
Y mientras, la ciudadanía se sigue arriesgando a sanciones indiscriminadas, a ser espiada por las autoridades por su actividad social y política, a ser encerrada en un CIE, deportada, expulsada en la frontera, torturada, incomunicada, acusada sin más pruebas que la versión policial, a que le saquen un ojo en una manifestación o a que sus derechos civiles sigan reducidos y los de las autoridades sean intocables e incuestionables. Gobierne quien gobierne, y cuenten los cuentos que quieran.
Si el PSOE no ha derogado esta Ley es porque nunca tuvo intención de hacerlo. Si dependía de los socios, entiendan que unos prefieran rascar algo, y otros no estén dispuestos a tragarse otro sapo y permitir con sus votos que sigan vigentes artículos que menoscaban derechos y libertades.
