Nos mean y dicen que llueve

Cuando el tiempo nos da la razón, quizás sea ya demasiado tarde. Es por eso por lo que tardan tanto en reconocer la verdad quienes la podrían haber reconocido antes, pero no lo hicieron para quedar impunes y esperar que su relato se instalase en las páginas de la historia oficial. Es lo que hemos visto con el rey emérito cuando han salido periodistas cortesanos a admitir que mintieron y ocultaron información para salvaguardar la institución, e incluso, según ellos, también la democracia. Sabían que el Rey hacía negocios sucios, que la liaba parda allá donde iba y que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo contaba, excepto los cuatro rojos a quienes nadie creía. Todos callaron a voluntad o fueron amenazados para hacerlo. Trajo petróleo, hizo ricos a varios empresarios y ayudó a lo que ellos entienden que es el país, es decir, ellos mismos. Hoy lo reconocen. Y no pasa nada. Ellos eran y son los verdaderos demócratas.

Algo parecido a lo que nos regaló el exministro del Interior y responsable del terrorismo de Estado de los GAL, José Barrionuevo, con absoluta tranquilidad, en una entrevista reciente. Y es lo que volverá a pasar con la basura actual que muchos denuncian, incluso con pruebas, y otros lo niegan hasta con la evidencia en su cara. Que hasta dentro de unos años, cuando ya ni nos acordemos, y todos los responsables estén a salvo, salga a relucir la verdad. Como pasa cada vez que se desclasifican documentos y se descubre que alguien ya lo dijo pero se le trató de loco, de alborotador, de conspirador o de ácrata.

Pensar que la mentira y no asumir responsabilidades ni rendir cuentas forma parte del juego político es no creer en la democracia. Que un ministro del Interior se permita el lujo de negar lo que múltiples medios de comunicación llevan demostrando desde hace meses, en un asunto además tan feo como la muerte de decenas de personas demuestra que no debería ejercer tal cargo. Las muertes en la valla de Melilla han sido documentadas por varios medios como Público, y más recientemente por la BBC, donde se desmonta la versión oficial que el ministro se empeña en inyectar.

La garantía de impunidad permite este tipo de lujos. Se libró Juan Carlos I de sus fechorías porque tenía un buen ejército de plebeyos a su servicio, al mando del Estado, de la judicatura, de los servicios secretos y de los principales medios de comunicación que se encargaban de limpiarle el culo cada vez que se lo ensuciaba. Y se libró Barrionuevo con varios muertos sobre la mesa, algunos de estos hasta sin uñas de las torturas patrocinadas por su ministerio. Y se librará Marlaska una vez más por la muerte de varias personas en nuestra frontera, como se libró cuando no vio las torturas que denunciaron varios detenidos y él se negó a investigar. Solo con este recorrido garantizado, alguien estaría dispuesto a asumir el cargo y el marrón que este supone si algo se tuerce y no cuenta con el apoyo de quien le puso ahí. Eso sí, prescindiendo de toda dignidad y de toda vergüenza, por muchas medallas que tenga, por muchas palmaditas en la espalda que reciba de los suyos, y muchos cuadros que le pinten y cuelguen en el Congreso.

Ayer, la comisión de la Eurocámara que investiga el espionaje mediante Pegasus a varios líderes y activistas independentistas catalanes señaló al Gobierno español como responsable: “probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO”, dice el informe. La eurodiputada liberal holandesa que lo presentó se quejó de que el Gobierno español no da información al respecto. “Los Gobiernos deben ser controlados por los ciudadanos, no al revés”, añadió. Exige, como debería hacerlo cualquier demócrata, que los Gobiernos rindan cuentas ante la ciudadanía. No lo harán. Ni con esta trama donde hay implicados otros países como Marruecos e Israel contra nuestros conciudadanos e instituciones. Incluso habiéndoles pillado con las manos en la masa. Están acostumbrados a no hacerlo, pues no hay sanción ni reproche, gracias también a un aparato judicial cómplice que permite al Estado, a sus regímenes aliados y a sus funcionarios actuar como consideren oportuno. Y si finalmente no queda otra que condenarlos, como se condenó a Barrionuevo, no pasa nada, para algo está el indulto e iremos a abrazarte a las puertas del talego. Pero para qué jugársela ahora. Mejor admitirlo todo dentro de veinte o treinta años, sabiendo que todo está ya prescrito. Como Barrionuevo con los GAL. Como las fechorías del rey emérito.

Sale barato mentir, incluso cuando ostentas cargo público. Incluso cuando eres un medio de comunicación que recibe miles de euros de dinero público (en publicidad institucional) y cuentas con esa patina de respetabilidad como garante de la objetividad y del rigor. Incluso alguien de la catadura moral de Antonio Caño, exdirector de El País que anteayer nos intentaba dar una lección de periodismo afirmando que “el periodista es lo contrario del activista: este oficio no va de cambiar el mundo sino de contarlo”. Esto, tan solo tres meses después de publicar en su cuenta de Twitter que desde el periódico que dirigía intentaron evitar que Pedro Sánchez gobernase “con populistas y separatistas”. Los activistas somos los demás, claro que sí.

Luego nos sorprendemos cuando la derecha niega las atrocidades del franquismo y reduce el genocidio y la dictadura a una pelea entre abuelos. Es parte de esa mentalidad negacionista, irresponsable, que trata de súbditos y de imbéciles a sus ciudadanos. Se les puede engañar, contar milongas y joderles la vida, que cuando se descubra la verdad, o cuando quizás algún día se juzgue, ya será tarde o estarán a otras cosas. O mantendrán la mentira hasta su último aliento, pues no hay reproche más allá de la pataleta que podamos lanzar desde nuestras redes o nuestras tribunas. Vean las residencias de ancianos durante la pandemia. Vean los múltiples casos de corrupción prescritos. Vean los manifestantes condenados mediante la palabra de un policía como única prueba. Recuerden la cal viva con el sello del Ministerio del Interior.

Estos son solo algunos de los ejemplos recientes y sangrantes, pero podríamos llenar páginas enteras y escribir una historia por volúmenes de las retorcidas marañas de los poderes, públicos y privados, que someten a la ciudadanía a sus relatos convertidos en verdades oficiales y a sus designios poniendo o quitando Gobiernos y políticos, y machacando, juzgando y encarcelando a quien moleste mediante los grandes y pequeños lawfares que hagan falta. Es la ciudad de la euforia que describía Rodrigo Terrasa sobre la corrupción en València pero a escala estatal, y con mucha más casquería que el saqueo de las arcas públicas. Es el asalto y el saqueo constante a la democracia. Tapando las mentiras con cal viva. Como decía una pegatina de los grupos autónomos de los 90, nos mean encima y dicen que llueve.

Columna de opinión en Público, 8 de noviembre 2022

Mantener a raya a la chusma

No están acostumbrados a que nadie les cuestione. Al contrario, llevan años haciendo y diciendo lo que les da la gana sin reproche alguno, ni siquiera cuando sus declaraciones van en dirección contraria no solo a los datos del propio ministerio del Interior, sino a la propia función pública, a las campañas que predican cautela ante la desinformación y que trata de sensibilizar sobre los discursos de odio. Ellos están por encima de la institución, del bien y del mal, pues saben que no les va a pasar nada. Seguirán yendo a almorzar al bar fascista con su uniforme, a tomar café bajo el retrato de Franco o las banderas de la Falange. Seguirán vertiendo odio racista y machista en sus foros, y a pedir en sus chats que alguien le dé un escarmiento a esa alcaldesa roja, señalando a ese concejal guarro, o a esa zorra que tenemos de ministra. Ellos desayunan donde les da la gana, hablan de lo que les da la gana y dan charlas para quien les da la gana. Son los putos amos. Los putos sheriffs. Y nunca les pasa nada.

Tipos armados, uniformados, funcionarios públicos cuya palabra vale más que la tuya ante un juez, invitando a miles de personas que siguen sus redes a que te hagan una visita. No es ninguna tontería. ‘Pasen a saludar’, decían unos supuestos policías en su canal de Telegram, y adjuntaban primero un tuit mío y al día siguiente, otro de Dani Domínguez, compañero de La Marea. No les gustó que expusiéramos en varias ocasiones sus flirteos con la ultraderecha y el sesgo racista de algunas de sus publicaciones. Así que llamaron a sus hordas a hacernos una visita. No sabemos cómo se tomarán sus seguidores ese mensaje, ni en qué consistirán esos saludos a los que incitan, pero por mucho que ladren, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Si algo nos pasa, tengan en cuenta esto.

No nos asustan sus señalamientos. No es la primera vez que lo hacen. Se saben impunes, pero son torpes, pues con sus actos nos dan la razón. Saben que están exentos de rendir cuentas cuando a más de uno se le va la boca o la mano. Son sus muchachos, y hay que dejarlos hacer, aunque las bravuconadas de algunos impregnen al resto. ¿A quién vas a llamar si no cuando te pase algo? Recuerdan a cada ciudadano que cuestiona cualquier actuación poco o nada justificable. Son sus muchachos, y nunca, ningún ministro, ha osado ponerlos firmes por tonterías como estas. Es más, ya les va bien tener a una panda de incontrolados que hagan el trabajo sucio. Es la cloaca de siempre, pero más cotidiana, menos sofisticada, que se encarga solo de la roña social. Si quisieran, la pararían. Pero no lo hacen. Por eso, quienes desde dentro de la institución deploran estas actitudes y pretenden dar la imagen contraria a la que estos proyectan, se encuentran solos, desamparados y casi apestados si osan reprocharles algo.

Los ultraderechistas que se sientan en las instituciones quizás les hayan prometido algo, o ya les están dando algún hueso que roer. Ellos sí que los aprecian y saben lo jodido que es no poder vomitar sus odios tranquilamente y tener que ser siempre políticamente correctos. Ellos se la juegan todos los días manteniendo a raya a toda la chusma, y los cuatro rojos desagradecidos todavía se atreven a cuestionar cuando se les va un poco la olla. No entienden la presión a la que están sometidos ni la clase de despojos humanos con la que tratan a diario. Solo los patriotas los entienden. Y los perdonan. Incluso los aplauden. Hagan lo que quieran, pero mantengan a raya a la chusma.

Funcionan a la par. Nada es improvisado ni gratuito. Camaradería y estrategia de guerra, batalla cultural para insertar sus mantras y para intimidar a quienes no se callan y advierten del peligro de tener agentes de Policía al servicio de la extrema derecha. Aunque se permitan la desfachatez de victimizarse cuando alguien les critica mientras amenazan a quienes lo hacen. Unos contribuyen a difundir el mensaje con la supuesta autoridad que les otorga su cargo y su uniforme. Los otros los utilizan para tratar de vendernos su discurso prefabricado como prueba fehaciente de que sus prejuicios son ciertos. Y si alguien les desmonta el bulo o les recuerda la neutralidad que se les exige como funcionarios, se presentan como víctimas de la censura progre y de lo políticamente correcto.

Nosotros, por nuestro oficio, tenemos un altavoz que nos permite (y nos debería exigir) difundir estas malas prácticas, así como las amenazas y los señalamientos que sufrimos por hacerlo. Otros compañeros no quieren líos, no es su guerra, o sencillamente comulgan. Y quienes no tienen este altavoz, ni siquiera se lo plantean. Si se atreven contra todos y siempre salen impunes, qué no se atreverán a hacer, incluso más allá de las redes, con alguien sin voz, sin papeles, sin un entorno que lo avale y lo apoye. Ellos seguirán presentándose como víctimas. Acusarán al Gobierno de perseguirlos, mientras conservan su trabajo, su autoridad y su barra libre para vomitar su odio sin sanción alguna. Es la taberna de Múnich donde se fraguó el putsch de la cerveza; el campo de tiro de los Oat Keepers días antes del asalto al Capitolio. El ruido de sables que algunos se empeñan en no escuchar mientras a otros les enseñan el brillo de sus filos.

Assenyalament i intimidació de periodistes per part de membres de Policía SXXI

Participants del mateix grup que difon continguts racistes i d’extrema dreta intimiden Miquel Ramos i Dani Domínguez

El Grup de Periodistes Ramon Barnils denuncia públicament l’assenyalament, per part de membres del grup de Telegram del col·lectiu Policía SXXI, dels periodistes Miquel Ramos i Dani Domínguez. L’assenyalament és especialment greu, perquè s’ha fet en un entorn policial, amb voluntat d’intimidar els dos informadors i, per tant, de coartar la llibertat d’expressió i l’exercici de la professió.

En concret, mitjançant comentaris al canal de Policía SXXI, s’han difós tuits i els usuaris de Twitter dels dos informadors animant els membres del grup policial a passar a “saludar”. “No sabem qui els haurà dit que poden insultar milers de pares i mares de família i no obtenir resposta”, s’hi ha dit, també, i se’ls ha insultat reiteradament a tots dos.

L’entorn de Policía SXXI ha insultat i intimidat els dos periodistes en un afany de defensar l’excap de la comissaria del districte centre de València, Ricardo Ferris, destituït per participar en una xerrada del partit d’extrema dreta Vox on va fer diverses afirmacions racistes, segons han publicat diversos mitjans. Els dos periodistes havien denunciat públicament les afirmacions racistes de l’excap de la comissaria valenciana i també la desinformació racista i promotora d’odi escampada al canal de Telegram de Policía SXXI.

El Grup de Periodistes Ramon Barnils alerta que la difusió d’idees i proclames d’extrema dreta entre els membres dels cossos policials és especialment greu i pot tenir conseqüències per a tots els ciutadans, tal com fan evidents els precedents polítics de l’estat espanyol. És imprescindible que els cossos policials que proclamen que pretenen ser democràtics actuïn per tallar de soca-rel la difusió de l’odi, l’autoritarisme i el racisme entre les seves pròpies files. Que aquests sectors s’atreveixin a intimidar periodistes indica fins a quin punt es creuen prou impunes.

Grup de Periodistes Ramón Barnils 25/10/22 

Compromís pregunta al Gobierno qué piensa hacer ante el señalamiento de una asociación de supuestos policías a periodistas de ‘La Marea’

La asociación Una Policía para el Siglo XXI invita a sus seguidores en Telegram a “saludar” a los periodistas Miquel Ramos y Dani Domínguez

El senador Carles Mulet, del partido político Compromís, registró el lunes 24 de octubre una batería de preguntas en la Cámara Alta sobre el señalamiento a dos periodistas de La Marea por parte de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. A través de un canal de Telegram con más de 4.000 suscriptores llamado Policía SXXI DIFUSIONES, la organización invitó el pasado 21 de octubre a sus seguidores a que pasasen “a saludar” al periodista Miquel Ramos, colaborador de La Marea, después de que este publicase un comentario crítico con la organización en su cuenta de Twitter.

Dos días después, el mismo canal de mensajería apuntaba a Dani Domínguez, subdirector de este medio: “Este es Dani, amigo de Miquel, de la película “Dos tontos muy tontos”. Nosotros ya no les hacemos mucho caso, pero por si queréis pasar a saludarle a él también”, comenzaba el mensaje, el cual acompañaban con el enlace a un tuit de Domínguez.

El senador Mulet recoge estos mensajes en su escrito y pregunta al Gobierno si va a “interesar” a la Fiscalía General del Estado “para que analice si corresponde promover actuaciones ante estos posibles delitos de odio”. Asimismo, interpela al Ejecutivo sobre la posibilidad de estudiar si los miembros del colectivo que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían estar incurriendo en alguna “irregularidad” o “ilegalidad” que fuese incompatible con su cargo: “¿Es compatible con la función pública promover fake news y discursos de odio y acoso a periodistas? ¿Va a identificar el Ministerio de Interior a las personas que gestionan estas redes sociales?”, apunta Mulet.

En su web, Una Policía para el Siglo XXI  se define como una “asociación de profesionales de la Seguridad Pública, compuesta por miembros de diferentes Cuerpos”. Entre sus objetivos se encuentra “el desarrollo de un nuevo modelo policial que abandone viejas y obsoletas prácticas y se ajuste a las nuevas realidades delincuenciales y a las demandas de seguridad emergentes”. La organización ha denunciado al Ministerio del Interior “por usar a las FFCCS para permitir disturbios violentos”. También al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a otras 26 personas ligadas a Podemos por posar sin mascarilla para una foto en 2021.

Sus integrantes acuden de manera asidua a espacios mediáticos próximos a la extrema derecha donde señalan a la “inmigración ilegal y desbordada” como culpable de los “problemas de seguridad y de libertad”. José Manuel Vallejo, vicepresidente de la asociación, participó el pasado 14 de octubre en una mesa redonda sobre Inmigración y Ciudadanía organizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) y el grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes. En ella también se encontraba como invitadoRicardo Ferris, inspector jefe y responsable de la Comisaría Centro de Valencia que fue apartado de su cargo por equiparar a los migrantes con delincuentes durante el acto organizado por el partido de extrema derecha. 

Como protesta ante la destitución de Ferris y para denunciar la “represión a los trabajadores”, Policías para el Siglo XXI convocó una concentración en València para el jueves 27 de octubre, de la mano del sindicato Solidaridad, vinculado a Vox. “¡El tiempo de caciques y cortijos ha llegado a su fin! Con la verdad hasta el final, aunque volvamos a ser solo 12”, han publicado en sus redes sociales, haciendo referencia a una frase atribuida al papa Juan Pablo II.

Sin embargo, la protesta, que fue difundida por el partido de ultraderecha España 2000, ha sido rechazada por la Delegación del Gobierno de la Comunitat ValencianaSegún ha adelantado el diario El Español, los organizadores no comunicaron la misma con diez días de antelación, tal y como marca la ley.

Contra “el señalamiento y la intimidación de periodistas”

El Grup de Periodistes Ramon Barnils ha denunciado de manera pública “el señalamiento” a los periodistas Miquel Ramos y Dani Domínguez por parte de miembros del grupo de Telegram del colectivo Policías SXXI: “El señalamiento es especialmente grave, porque se ha hecho en un entorno policial, con voluntad de intimidar a los dos informadores y, por tanto, de coartar la libertad de expresión y el ejercicio de la profesión”, subrayan en su comunicado.

La organización de periodistas alerta de que “la difusión de ideas y proclamas de extrema derecha entre los miembros de los cuerpos policiales es especialmente grave y puede tener consecuencias para todos los ciudadanos, tal y como hacen evidentes los precedentes políticos del Estado español”. Ante ello, defienden que es “imprescindible” que los cuerpos policiales frenen “la difusión del odio, el autoritarismo y el racismo entre sus propias filas”: “Que estos sectores se atrevan a intimidar a periodistas indica hasta qué punto se creen suficientemente impunes”, finaliza el comunicado.

También la Unió de Periodistes Valencians se ha manifestado en términos similares en su cuenta de Twitter: “Condenamos las amenazas recibidas por profesionales del periodismo en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho a la información y exigimos a @interiorgob [Ministerio del Interior] que tome medidas al respecto”.

La Edad de la Mentira: “De la Red Gladio a los ultras en Italia y España”

Entrevista en La Rosa de Los Vientos (Onda Cero): La extrema derecha española empezó a parecerse un poco más a la europea cuando murió el dictador Francisco Franco. Hablamos del libro ‘Antifascistas’ con su autor Miquel Ramos. 

Prevenirnos de sargentos Jenkins

El sargento Wayne Jenkins dirigía una unidad de élite de la Policía de Baltimore, y hacía lo que le daba la gana. Sus miembros eran temidos en toda la ciudad, y ofrecían buen material para las estadísticas, las fotografías y las ruedas de prensa del cuerpo que resaltaban el éxito de sus operaciones y la contundente respuesta contra el crimen. En principio, todo bien de cara a la galería. A Jenkins lo invitan a dar una charla a los agentes recién llegados. Ante ellos reivindica la buena praxis del cuerpo y advierte de cómo se deben hacer las cosas:

No he venido a hablaros de aplicar la fuerza cuando no hay más remedio, sino de pegar porque quieres, porque te crees con derecho por llevar una placa. Eso sí es brutalidad policial. En serio, esa brutalidad sobra. Puede parecer divertido. ¡Si yo lo entiendo! Darle un guantazo a algún gilipollas para que se calle. Coño, ¡claro que sienta bien, sí hombre! Pero ese tipo de brutalidad es un obstáculo para nuestro trabajo. (…) Con la brutalidad no se consigue nada. (…) Un agente de policía en la calle, si conoce la ley y sabe cómo aplicarla, si sabe escribir un informe claro y conciso, si comprende su propia autoridad, gana. Y no gana a veces, gana siempre, todas las putas veces. Da igual lo que hagáis ahí fuera. Cuando entráis en la sala de un juzgado de una ciudad, vuestra palabra está por encima

El discurso completo transita por una cierta ambigüedad, pero quizás precisamente eso era lo que pretendía el guionista: remarcar la contradicción entre la retórica y la realidad. De vez en cuando, una parte de la droga incautada por los hombres de Jenkins acababa en su poder, y varios miembros de la unidad hacían negocio con ella. Estos agentes usaban demasiadas veces la fuerza de manera desmesurada y arbitraria, hechos que quedaban impunes en demasiadas ocasiones. También chantajeaban a delincuentes e inocentes para conseguir lo que querían para su propio beneficio. Todo falló, -dijeron luego sus jefes- se dejaron pasar algunas denuncias de abusos, hasta que Asuntos Internos no tuvo más remedio que investigar a la unidad entera tras la muerte de un detenido bajo custodia policial y las denuncias de una asociación de derechos humanos que había recogido múltiples testimonios. Y descubrió el pastel.

El cineasta David Simons llevó esta historia real a la ficción en su excelente serie La ciudad es nuestra, en la que retrata los hechos y cómo sus protagonistas justifican sus acciones. Da la impresión a menudo que incluso se creen con el derecho a hacerlo, ya que cobran poco, se juegan la vida, y limpian de indeseables la ciudad. Nada raro en este tipo de perfiles autoritarios que justifican saltarse las leyes porque se creen por encima de ellas, porque si no les dejamos que se pasen de la raya de vez en cuando, si nos ponemos exquisitos, ¿a quién vamos a llamar cuando nos pase algo?

Es cierto que no son pocas las acciones dentro del cuerpo contra agentes corruptos. Hemos visto recientemente desmantelada una trama de narcos en la que había agentes de varios cuerpos policiales, o la detención de un Ertzaintza que tenía 55kg de cocaína, por ejemplo. Y numerosos buenos trabajos de Asuntos Internos para extirpar las manzanas podridas que llevan placa y uniforme. Esto es así y hay que reconocerlo. Sin embargo, respecto a ciertas actuaciones cuestionadas por la opinión pública o denunciadas por cualquier ciudadano, si no implican tramas delincuenciales o asuntos demasiado feos, la cosa no resulta tan fácil.

Existe cierto corporativismo y otros factores que permiten cierta impunidad para estos casos. Aunque desde la institución se consideren nimias, a quien le toque lidiar con ello y se enfrente a una denuncia por atentado a la autoridad o cualquier otro supuesto delito similar con la palabra de unos agentes como única prueba, va a pasar unos años bien jodido. Ha habido, además, condenas sonadas como las de los miembros de Podemos, Isa Serra y Alberto Rodríguez, o las del caso Alsasua o el de los seis de Zaragoza, pero son muchos los ciudadanos anónimos que acabaron igual, sin más prueba que la palabra de los agentes. Algunos, obligados a pactar reconociendo unos hechos que aseguran no haber cometido para evitar penas mayores si van a juicio, ya que no confían demasiado en que el juez les crea a ellos antes que a los funcionarios.

Ayer se presentó en Madrid el informe Transparencia y rendición de cuentas de los cuerpos policiales en el Estado español que han realizado conjuntamente Irídia, Novact y Rights International Spain (RIS), en el que precisamente ponían el foco en esto. Entre sus conclusiones, tras una intensa investigación y recopilación de datos, se afirma que “los diversos mecanismos internos de rendición de cuentas policiales en el Estado español no son suficientemente independientes ni eficaces”. Algo que debería hacer saltar las alarmas de cualquier demócrata, que se rasga las vestiduras ante la represión en otros países cada vez que ve el telediario, pero piensa que, en su país, en su Policía, todo funciona perfectamente.

Los primeros interesados en despejar cualquier sospecha deberían ser los propios funcionarios y ministros al cargo. El silencio, la mentira y la opacidad no hacen más que acrecentar esas dudas, y una democracia no se puede permitir el lujo de tener zonas oscuras. La fiscalización de las instituciones por parte de la sociedad civil es un síntoma de madurez democrática de la ciudadanía, esa exigencia de más democracia que no debería existir si esta fuese transparente y efectiva. Deberíamos celebrar que existan organismos independientes al poder político que cuiden la salud democrática, más todavía en este Estado que ha demostrado mediante varios y sucesivos escándalos, la existencia de una cloaca permanente e impune, unos medios de comunicación compinchados con ésta y un poder político que se lava las manos ante cualquier escándalo de este tipo. Lo vimos con la acción “bien resuelta” de la Policía española y la marroquí en la masacre de Melilla, según el ministro del Interior, a pesar de las decenas de cadáveres que dejaron, o de los muertos en la playa del Tarajal hace unos años. Por no hablar de las cargas policiales en varias protestas, de las que no se recuerda sanción alguna a quienes golpean en la cabeza o disparan balas de goma a la cara saltándose sus propios protocolos. Cero autocrítica. Cierre de filas, todo bien y a seguir.

“Así fue la agresión de María León a una policía”, titulaba el pasado lunes El Mundo una información que tan solo recogía el atestado policial del incidente entre la actriz y varios agentes de la Policía Municipal de Sevilla días atrás. No es que fuese así, como dice El Mundo, sino que la policía dice que fue así. No es lo mismo, aunque el titular sentencie que esta versión es la realidad. La filtración del atestado para contrarrestar el relato de la actriz (que asegura que fue víctima de un abuso policial) no plantea ninguna pregunta sobre quién lo filtra, algo que parece obvio, pero que saca a relucir el papel de algunos periodistas que presentan una versión de unos hechos como la verdadera, tal y como el titular de la pieza sugiere. Nada nuevo. Hemos visto en reiteradas ocasiones cómo se filtraban incluso datos personales de hasta quien solicitaba permiso para una manifestación. Y la fuente, en ambos casos, es evidente, como lo es también la intención y el tándem entre algunos funcionarios, periodistas y el relato interesado de la institución.

Discutí recientemente al respecto en televisión con un representante de Jupol, y ambos coincidíamos en una cosa: si los agentes llevasen cámaras y se grabasen las intervenciones, no habría necesidad de disputarse gran parte del relato de los hechos. Todo quedaría grabado, como sucede en otros países, y cuyas imágenes de las actuaciones polémicas a menudo filtra la propia institución en un honorable ejercicio de transparencia. Puede que sea una opción, no se si la mejor, pero al menos habría que tenerla en cuenta. Pero sin estos ni otros mecanismos, todo queda en manos del juez de turno.

El informe de citado, además, concluye que “el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su preocupación en relación al Estado español por las debilidades de las investigaciones de denuncias y sanciones relacionadas con el uso de la fuerza, así como por la concesión de indultos a agentes de la policía condenados por el delito de tortura”.

Una democracia no tendría que temer a su ciudadanía, ni al periodismo, ni a la transparencia. Cualquier sospecha que se cierna sobre sus instituciones debería ser contestada con absoluta claridad, sin nada que ocultar ni nada que sugiera que se oculta algo. Además de hacer autocrítica cuando algo falle y sancionar cualquier irregularidad cuando proceda. Lamentablemente esto no sucede, y a quien lo pide, casi que se le señala como antipatriota y antisistema, exigiéndole una suerte de fe ciega en las instituciones, una carta blanca incuestionable, pues, ¿a quién va a acudir cuando lo necesite? Esta respuesta habitual ante cualquier crítica da a entender que existe una especie de carta blanca para quien debiera protegernos. Lo mismo que pensaba también el sargento Jenkins y sus secuaces de Baltimore. De momento, el Estado puede dar las gracias a que existe sociedad civil organizada y crítica, así como periodistas que no miran hacia otro lado. Lo que se necesitan son más medidas para evitar que personas con voluntad de servicio público se conviertan en Jenkins.

Columna de opinión en Público, 5 de octubre de 2022